Miquelarena le respondió al ministro Miguel Castro
Cruce del procurador con el ministro coordinador.
El procurador general Jorge Miquelarena emitió un comunicado oficial en el que se refirió a la misión del Ministerio Público Fiscal, el control ejercido por el Consejo de la Magistratura y su decidida defensa de las ideas republicanas y el libre funcionamiento de la justicia.
Fue, en verdad, una respuesta a las duras críticas que recibió del ministro coordinador Miguel Castro, que denunció una “persecución jurídico-política” en su contra, encabezada por Miquelarena.
Argumentos
Según el texto, titulado “El Ministerio Público investiga delitos”, los fiscales que encabeza “investigan denuncias penales, con el control de los jueces. Una vez más sostenemos que la función del Ministerio Público es investigar y perseguir penalmente. La información que esta Institución ofrece responde fundamentalmente al deber de publicidad que fija el Código Procesal Penal y la ley de Acceso a la Información Pública, entre otras”.
“El Sr. Miguel Héctor Castro, Ministro Coordinador de Gabinete, fue denunciado penalmente según él mismo ha hecho público por una ciudadana y también la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut, por unanimidad y ante un pedido del Diputado Dr. Risso, resolvió enviar copia taquigráfica de una de sus sesiones a esta Procuración General para que se investiguen las circunstancias en que se habría producido un accidente camino a Puerto Madryn que lo vincularía al Sr. Castro”.
“Reservada”
Ambas investigaciones penales se encuentran abiertas “pero la información por el momento es reservada. Fue el propio Castro quien se encargó de divulgar por cuanto medio pudo, circunstancias que hacen a la investigación preliminar por un supuesto enriquecimiento ilícito y a las distintas denuncias que él le efectuara a los fiscales. Así se lo hizo saber el propio Consejo de la Magistratura. Claro está, entonces, que no existe persecución ´jurídico política´ alguna: los fiscales están haciendo lo que tienen que hacer: investigar delitos”.
De acuerdo al comunicado “tampoco hay defensas corporativas. Castro intentó apartar a los fiscales a cargo de su caso con recusaciones. Presentó denuncias en su contra ante la justicia y ante el Consejo de la Magistratura que fueron rechazadas en forma unánime por resultar infundadas, una de ellas a sugerencia de un consejero popular”.
“Ataque infundado”
“El señor Castro acusa al Consejo de la Magistratura de Chubut de actuar corporativamente. Es indispensable decir que este ataque infundado lo dirige a una institución de prestigio, reconocida por su composición democrática y representativa, considerada modelo en el país. Tachar livianamente de corporativo a un órgano, simplemente porque no resuelve ciegamente conforme los intereses particulares de quienes acuden a él, es cuanto menos irresponsable si pensamos en que esas palabras no provienen de un ciudadano común sino de uno que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la provincia”. En este mismo sentido, el texto advierte: “No es compatible con las ideas republicanas obstaculizar el funcionamiento de la justicia. Quienes lo intenten, en cuanto de mí dependa, no tendrán éxito. En la República Argentina todos somos ciudadanos ´de a pie´, aunque algunos crean que los cargos públicos podrían darle privilegios”. De esta forma se cierra otro capítulo de las diferencias públicas entre ambos funcionarios.
El procurador general Jorge Miquelarena emitió un comunicado oficial en el que se refirió a la misión del Ministerio Público Fiscal, el control ejercido por el Consejo de la Magistratura y su decidida defensa de las ideas republicanas y el libre funcionamiento de la justicia.
Fue, en verdad, una respuesta a las duras críticas que recibió del ministro coordinador Miguel Castro, que denunció una “persecución jurídico-política” en su contra, encabezada por Miquelarena.
Argumentos
Según el texto, titulado “El Ministerio Público investiga delitos”, los fiscales que encabeza “investigan denuncias penales, con el control de los jueces. Una vez más sostenemos que la función del Ministerio Público es investigar y perseguir penalmente. La información que esta Institución ofrece responde fundamentalmente al deber de publicidad que fija el Código Procesal Penal y la ley de Acceso a la Información Pública, entre otras”.
“El Sr. Miguel Héctor Castro, Ministro Coordinador de Gabinete, fue denunciado penalmente según él mismo ha hecho público por una ciudadana y también la Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut, por unanimidad y ante un pedido del Diputado Dr. Risso, resolvió enviar copia taquigráfica de una de sus sesiones a esta Procuración General para que se investiguen las circunstancias en que se habría producido un accidente camino a Puerto Madryn que lo vincularía al Sr. Castro”.
“Reservada”
Ambas investigaciones penales se encuentran abiertas “pero la información por el momento es reservada. Fue el propio Castro quien se encargó de divulgar por cuanto medio pudo, circunstancias que hacen a la investigación preliminar por un supuesto enriquecimiento ilícito y a las distintas denuncias que él le efectuara a los fiscales. Así se lo hizo saber el propio Consejo de la Magistratura. Claro está, entonces, que no existe persecución ´jurídico política´ alguna: los fiscales están haciendo lo que tienen que hacer: investigar delitos”.
De acuerdo al comunicado “tampoco hay defensas corporativas. Castro intentó apartar a los fiscales a cargo de su caso con recusaciones. Presentó denuncias en su contra ante la justicia y ante el Consejo de la Magistratura que fueron rechazadas en forma unánime por resultar infundadas, una de ellas a sugerencia de un consejero popular”.
“Ataque infundado”
“El señor Castro acusa al Consejo de la Magistratura de Chubut de actuar corporativamente. Es indispensable decir que este ataque infundado lo dirige a una institución de prestigio, reconocida por su composición democrática y representativa, considerada modelo en el país. Tachar livianamente de corporativo a un órgano, simplemente porque no resuelve ciegamente conforme los intereses particulares de quienes acuden a él, es cuanto menos irresponsable si pensamos en que esas palabras no provienen de un ciudadano común sino de uno que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la provincia”. En este mismo sentido, el texto advierte: “No es compatible con las ideas republicanas obstaculizar el funcionamiento de la justicia. Quienes lo intenten, en cuanto de mí dependa, no tendrán éxito. En la República Argentina todos somos ciudadanos ´de a pie´, aunque algunos crean que los cargos públicos podrían darle privilegios”. De esta forma se cierra otro capítulo de las diferencias públicas entre ambos funcionarios.