El Tribunal Supremo español rechaza recurso catalán por consulta soberanista
El Ejecutivo catalán de Artur Mas había recurrido al Supremo para que anulara la decisión del gobierno central de Mariano Rajoy de solicitar la impugnación de la consulta ante el Tribunal Constitucional, una medida que fue acordada el pasado martes y que supuso la suspensión de la cita electoral pese a su carácter simbólico.
Pero la Sala de lo Contencioso y Administrativo del Supremo acordó rechazar ese pedido de medidas cautelares, según informaron fuentes judiciales.
El recurso del gobierno catalán, que argumentó que la decisión del Ejecutivo español de vetar la consulta vulnera los derechos fundamentales de los catalanes, hubiese permitido paralizar el proceso abierto en el Tribunal Constitucional y, por lo tanto, celebrar la consulta sin el manto de la prohibición.
La consulta del 9 de noviembre (9N), que no es oficial ya que carece de un censo electoral previo-además de otras garantías constitucionales-, y será supervisada por voluntarios, sustituye al referéndum inicialmente planteado por el gobierno catalán y que también fue vetado por el TC.
Sin embargo, el gobierno central del derechista Partido Popular (PP) de Rajoy considera que la cita con las urnas es ilegal y un intento encubierto de celebrar el referéndum soberanista puesto que mantiene la fecha y las preguntas originales.
Mas, en cambio, insiste en que es un mero "proceso de participación ciudadana", y que no tiene carácter refrendario.
La consulta servirá para medir el sentimiento independentista de los 7,5 millones de habitantes de la norteña y poderosa región de España, pero también se plantea como la carta de apoyo a la futura negociación de un referéndum legal con el Ejecutivo de Rajoy.
El jefe del gobierno regional se muestra decidido a celebrar la consulta el domingo y aseguró que todo está preparado, por lo que llamó a los catalanes a vencer el miedo y votar “en legítima defensa del pueblo”.
A pesar de que la consulta está suspendida y todos los actos de promoción también están prohibidos, el gobierno catalán, con la ayuda de miles de voluntarios, sigue adelante con los preparativos de la cita.
La gran incógnita es si las fuerzas de seguridad retirarán las urnas de la consulta de los establecimientos públicos- escuelas y edificios gubernamentales- donde podrá votar todo aquel catalán o extranjero residente en Cataluña con un documento acreditativo, o si permitirán que se celebre la elección.
El consejero de Interior catalán, Ramón Espadaler, aseguró hoy que la imagen de los Mossos d' Esquadra (policía autónoma catalana) retirando las urnas el domingo es un escenario "extremo que no se dará". No obstante, también indicó que las fuerzas de seguridad actuarán si así lo ordena la Fiscalía.
Esta situación podría provocar enfrentamientos en medio de un clima de tensión agitado por las protestas ciudadanas tras varios días de cacerolazos contra la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la consulta.
De acuerdo con fuentes cercanas a La Moncloa citadas por medios españoles, el Ejecutivo central tiene la intención de restar importancia al proceso electoral y rebajarlo al nivel de una movilización o manifestación más de los grupos independentistas, como las ocurridas ya en 2009, cuando se inició un proceso de votación en varios municipios catalanes que se declararon independientes.
Pero la Sala de lo Contencioso y Administrativo del Supremo acordó rechazar ese pedido de medidas cautelares, según informaron fuentes judiciales.
El recurso del gobierno catalán, que argumentó que la decisión del Ejecutivo español de vetar la consulta vulnera los derechos fundamentales de los catalanes, hubiese permitido paralizar el proceso abierto en el Tribunal Constitucional y, por lo tanto, celebrar la consulta sin el manto de la prohibición.
La consulta del 9 de noviembre (9N), que no es oficial ya que carece de un censo electoral previo-además de otras garantías constitucionales-, y será supervisada por voluntarios, sustituye al referéndum inicialmente planteado por el gobierno catalán y que también fue vetado por el TC.
Sin embargo, el gobierno central del derechista Partido Popular (PP) de Rajoy considera que la cita con las urnas es ilegal y un intento encubierto de celebrar el referéndum soberanista puesto que mantiene la fecha y las preguntas originales.
Mas, en cambio, insiste en que es un mero "proceso de participación ciudadana", y que no tiene carácter refrendario.
La consulta servirá para medir el sentimiento independentista de los 7,5 millones de habitantes de la norteña y poderosa región de España, pero también se plantea como la carta de apoyo a la futura negociación de un referéndum legal con el Ejecutivo de Rajoy.
El jefe del gobierno regional se muestra decidido a celebrar la consulta el domingo y aseguró que todo está preparado, por lo que llamó a los catalanes a vencer el miedo y votar “en legítima defensa del pueblo”.
A pesar de que la consulta está suspendida y todos los actos de promoción también están prohibidos, el gobierno catalán, con la ayuda de miles de voluntarios, sigue adelante con los preparativos de la cita.
La gran incógnita es si las fuerzas de seguridad retirarán las urnas de la consulta de los establecimientos públicos- escuelas y edificios gubernamentales- donde podrá votar todo aquel catalán o extranjero residente en Cataluña con un documento acreditativo, o si permitirán que se celebre la elección.
El consejero de Interior catalán, Ramón Espadaler, aseguró hoy que la imagen de los Mossos d' Esquadra (policía autónoma catalana) retirando las urnas el domingo es un escenario "extremo que no se dará". No obstante, también indicó que las fuerzas de seguridad actuarán si así lo ordena la Fiscalía.
Esta situación podría provocar enfrentamientos en medio de un clima de tensión agitado por las protestas ciudadanas tras varios días de cacerolazos contra la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la consulta.
De acuerdo con fuentes cercanas a La Moncloa citadas por medios españoles, el Ejecutivo central tiene la intención de restar importancia al proceso electoral y rebajarlo al nivel de una movilización o manifestación más de los grupos independentistas, como las ocurridas ya en 2009, cuando se inició un proceso de votación en varios municipios catalanes que se declararon independientes.