El procurador general, Jorge Miquelarena, le advirtió por nota al gobernador Martín Buzzi que “sin dinero no se puede investigar”, al tiempo que reveló que el Ministerio Público Fiscal ya les debe a sus proveedores más de un millón de pesos, deuda que se remonta a 2014. “A partir de la decisión de ese Poder Ejecutivo de reducir el importe mensual de tesorería a los niveles de enero del año pasado, se ha restringido de manera superlativa la capacidad operativa del Ministerio”, acusó el jefe de fiscales.
Miquelarena refirió las “severas dificultades presupuestarias y de tesorería” que enfrenta el MPF. Y le escribió a Buzzi “con la finalidad de documentar debidamente la situación y exigir soluciones concretas a nuestros pedidos”.
“Hace varios años que el presupuesto del Poder Judicial no tiene aprobación legislativa –recordó-. Ello, de por sí restringe toda posibilidad de planificación estratégica y crecimiento institucional”.
El procurador destacó “la marcada contradicción entre el discurso político que exige mejor calidad de respuestas al Poder Judicial, sobre todo en el ámbito de la justicia penal, al tiempo que no trata ni aprueba el presupuesto de este Poder del Estado, herramienta fundamental de las finanzas públicas para el correcto funcionamiento”.
Sin plata propia
“Peor aún es la situación concreta de este Ministerio”, subrayó. “Careciendo de toda asignación de recursos propios –como ser la tasa de justicia que por ley especial percibe y administra el Superior Tribunal de Justicia-, debe mantener su funcionamiento con los créditos presupuestarios asignados arbitrariamente por ese Poder Ejecutivo en los sistemas de gestión financiera y las escasísimas acreditaciones de caja que semanalmente dispone el Ministerio de Economía y Crédito Público por sus dependencias administrativas”.
Miquelarena explicó que perseguir delitos e identificar a sus responsables “requiere erogaciones dinerarias”. La importancia de contar con fondos disponibles para estas erogaciones en el MPF es “de relevancia superlativa”.
La Procuración explicó que sus gastos incluyen alquiler de oficinas, telefonía, Internet, limpieza, recambio y reparación de vehículos, pericias, traslados, viáticos, capacitaciones e insumos para el funcionamiento de los laboratorios de investigación forense. “Todos estos rubros son esenciales para el funcionamiento de la Fiscalía, motor inicial del sistema penal: si no podemos cubrir adecuadamente estos gastos no hay forma de cumplir los cometidos constitucionales que a la sociedad debemos”.
Deuda millonaria
Miquelarena aseguró que por orden del mandatario “a la fecha, nuestro servicio administrativo registra una deuda con proveedores que supera el millón de pesos por obligaciones devengadas en el ejercicio 2014”. Con este método –denunció-, “la autonomía funcional que asegura la Constitución Provincial se convierte en letra muerta”.
“No desconocemos el marco de crisis que se vive en las finanzas provinciales a partir de situaciones internacionales que han impactado en la percepción de la renta pública. Pero le evidencio al Sr. gobernador algo que sabe y conoce: dentro del marco de un presupuesto provincial de aproximadamente 15 mil millones de pesos, lo que requerimos para funcionar con cierta dignidad es una disponibilidad de caja semanal de $ 500.000, que sistemáticamente se nos viene negando”.
Recursos mínimos
El Servicio de Administración Financiera de la Procuración “requiere de recursos mínimos si se lo compara con otros de la administración. Actualmente se le acreditan semanalmente $ 250.000, suma significativamente insuficiente”.
“Este cúmulo de decisiones que viene tomando desde hace un tiempo su administración, afecta el funcionamiento y la independencia de la Fiscalía en su rol de agencia estatal que impulsa la acción penal ante la Judicatura; interfiere reiteradamente con el cumplimiento de los objetivos constitucionales de la institución al punto de constituirse en indebida injerencia con entidad como para poner en crisis la administración de justicia que debe asegurar la Provincia”.
“Ilegítimo”
En este sentido, Miquelarena advirtió que “el manejo de la tesorería estatal tal como lo viene haciendo ese Poder Ejecutivo y que conlleva las consecuencias apuntadas, resulta ilegítimo y contrario a Derecho en tanto pone en jaque la capacidad de respuesta del organismo que dirijo, con grave afectación de la administración de justicia”.
El procurador concluye pidiéndole a Buzzi “que ponga remedio inmediato a esta situación, instruyendo al Ministerio del área que adopte las medidas que nos lleven a una pronta solución toda vez que han sido infructuosas las misivas que hemos cursado al Sr. Ministro (Ricardo Bestene) desde hace unos meses a esta parte”.
El procurador general, Jorge Miquelarena, le advirtió por nota al gobernador Martín Buzzi que “sin dinero no se puede investigar”, al tiempo que reveló que el Ministerio Público Fiscal ya les debe a sus proveedores más de un millón de pesos, deuda que se remonta a 2014. “A partir de la decisión de ese Poder Ejecutivo de reducir el importe mensual de tesorería a los niveles de enero del año pasado, se ha restringido de manera superlativa la capacidad operativa del Ministerio”, acusó el jefe de fiscales.
Miquelarena refirió las “severas dificultades presupuestarias y de tesorería” que enfrenta el MPF. Y le escribió a Buzzi “con la finalidad de documentar debidamente la situación y exigir soluciones concretas a nuestros pedidos”.
“Hace varios años que el presupuesto del Poder Judicial no tiene aprobación legislativa –recordó-. Ello, de por sí restringe toda posibilidad de planificación estratégica y crecimiento institucional”.
El procurador destacó “la marcada contradicción entre el discurso político que exige mejor calidad de respuestas al Poder Judicial, sobre todo en el ámbito de la justicia penal, al tiempo que no trata ni aprueba el presupuesto de este Poder del Estado, herramienta fundamental de las finanzas públicas para el correcto funcionamiento”.
Sin plata propia
“Peor aún es la situación concreta de este Ministerio”, subrayó. “Careciendo de toda asignación de recursos propios –como ser la tasa de justicia que por ley especial percibe y administra el Superior Tribunal de Justicia-, debe mantener su funcionamiento con los créditos presupuestarios asignados arbitrariamente por ese Poder Ejecutivo en los sistemas de gestión financiera y las escasísimas acreditaciones de caja que semanalmente dispone el Ministerio de Economía y Crédito Público por sus dependencias administrativas”.
Miquelarena explicó que perseguir delitos e identificar a sus responsables “requiere erogaciones dinerarias”. La importancia de contar con fondos disponibles para estas erogaciones en el MPF es “de relevancia superlativa”.
La Procuración explicó que sus gastos incluyen alquiler de oficinas, telefonía, Internet, limpieza, recambio y reparación de vehículos, pericias, traslados, viáticos, capacitaciones e insumos para el funcionamiento de los laboratorios de investigación forense. “Todos estos rubros son esenciales para el funcionamiento de la Fiscalía, motor inicial del sistema penal: si no podemos cubrir adecuadamente estos gastos no hay forma de cumplir los cometidos constitucionales que a la sociedad debemos”.
Deuda millonaria
Miquelarena aseguró que por orden del mandatario “a la fecha, nuestro servicio administrativo registra una deuda con proveedores que supera el millón de pesos por obligaciones devengadas en el ejercicio 2014”. Con este método –denunció-, “la autonomía funcional que asegura la Constitución Provincial se convierte en letra muerta”.
“No desconocemos el marco de crisis que se vive en las finanzas provinciales a partir de situaciones internacionales que han impactado en la percepción de la renta pública. Pero le evidencio al Sr. gobernador algo que sabe y conoce: dentro del marco de un presupuesto provincial de aproximadamente 15 mil millones de pesos, lo que requerimos para funcionar con cierta dignidad es una disponibilidad de caja semanal de $ 500.000, que sistemáticamente se nos viene negando”.
Recursos mínimos
El Servicio de Administración Financiera de la Procuración “requiere de recursos mínimos si se lo compara con otros de la administración. Actualmente se le acreditan semanalmente $ 250.000, suma significativamente insuficiente”.
“Este cúmulo de decisiones que viene tomando desde hace un tiempo su administración, afecta el funcionamiento y la independencia de la Fiscalía en su rol de agencia estatal que impulsa la acción penal ante la Judicatura; interfiere reiteradamente con el cumplimiento de los objetivos constitucionales de la institución al punto de constituirse en indebida injerencia con entidad como para poner en crisis la administración de justicia que debe asegurar la Provincia”.
“Ilegítimo”
En este sentido, Miquelarena advirtió que “el manejo de la tesorería estatal tal como lo viene haciendo ese Poder Ejecutivo y que conlleva las consecuencias apuntadas, resulta ilegítimo y contrario a Derecho en tanto pone en jaque la capacidad de respuesta del organismo que dirijo, con grave afectación de la administración de justicia”.
El procurador concluye pidiéndole a Buzzi “que ponga remedio inmediato a esta situación, instruyendo al Ministerio del área que adopte las medidas que nos lleven a una pronta solución toda vez que han sido infructuosas las misivas que hemos cursado al Sr. Ministro (Ricardo Bestene) desde hace unos meses a esta parte”.