El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi, reclamo a la Tesorería General de la Provincia el pago de cuatro órdenes de pago imprescindibles para poder abonar una suma salarial retroactiva a los agentes del Poder Judicial. El mismo reclamo llegó a manos del gobernador Martín Buzzi. Lo sugestivo, según fuentes tribunalicias, es que organismos enganchados a los sueldos judiciales como el Tribunal de Cuentas y la Oficina Anticorrupción sí habrían cobrado esa suma, no así los empleados del Poder propiamente dicho.
En el mismo escenario, desde el Ministerio Público Fiscal también advirtieron que se agravan los inconvenientes económico- financieros que afectan gravemente el funcionamiento de esa área. En este sentido, el procurador general Jorge Miquelarena envió una nueva nota al Ejecutivo para que solucione la acreditación de fondos, sin respuesta.
Según un parte de prensa, el 26 de agosto el procurador envió escrito al ministro de Economía, Pablo Scocca, “reclamando enfáticamente la regularización de la acreditación de fondos para hacer frente a las obligaciones con terceros de la Fiscalía”.
“Como ya ocurrió en otras tantas oportunidades con otros ministros de Economía y con el propio gobernador Buzzi, la comunicación no fue siquiera contestada por las autoridades del Ejecutivo, que siguen haciendo oídos sordos a esta problemática, desatendiendo injustificadamente a uno de los poderes del Estado”.
Atrasada y vencida
Actualmente, la Dirección de Administración “mantiene una deuda atrasada y vencida con los proveedores de más de dos millones de pesos, como consecuencia de esta mora del Ejecutivo en efectuar las acreditaciones de caja consecuentes con el crédito presupuestario asignado al organismo”.
“Resulta además al menos llamativo que Economía sí mejoró los importes que acredita a la Dirección de Administración de la Judicatura (que cuenta con fondos especiales como son los recursos propios por la tasa de justicia), dejando invariables las sumas que semanalmente deposita al Ministerio Público Fiscal, sin dar razones de su accionar y sin dar respuesta a los pedidos”.
“En mi vida
Miquelarena vinculó este tema con el apagón de las oficinas del MPF en Trelew. “En mi vida viví algo igual. Es una enorme vergüenza pero acá están los resultados. No puede ser que tengamos que manguear para pagar la luz. Tenemos muchos proyectos pero no podemos concretar muchos de ellos porque estamos hace 4 años sin presupuesto. En proveedores ya debemos una fortuna de plata. Todos gastos de funcionamiento”. Por ejemplo, gastan entre 80 y 100 mil pesos en envío de ADN para ser analizados en centros de mayor complejidad.
El presidente del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi, reclamo a la Tesorería General de la Provincia el pago de cuatro órdenes de pago imprescindibles para poder abonar una suma salarial retroactiva a los agentes del Poder Judicial. El mismo reclamo llegó a manos del gobernador Martín Buzzi. Lo sugestivo, según fuentes tribunalicias, es que organismos enganchados a los sueldos judiciales como el Tribunal de Cuentas y la Oficina Anticorrupción sí habrían cobrado esa suma, no así los empleados del Poder propiamente dicho.
En el mismo escenario, desde el Ministerio Público Fiscal también advirtieron que se agravan los inconvenientes económico- financieros que afectan gravemente el funcionamiento de esa área. En este sentido, el procurador general Jorge Miquelarena envió una nueva nota al Ejecutivo para que solucione la acreditación de fondos, sin respuesta.
Según un parte de prensa, el 26 de agosto el procurador envió escrito al ministro de Economía, Pablo Scocca, “reclamando enfáticamente la regularización de la acreditación de fondos para hacer frente a las obligaciones con terceros de la Fiscalía”.
“Como ya ocurrió en otras tantas oportunidades con otros ministros de Economía y con el propio gobernador Buzzi, la comunicación no fue siquiera contestada por las autoridades del Ejecutivo, que siguen haciendo oídos sordos a esta problemática, desatendiendo injustificadamente a uno de los poderes del Estado”.
Atrasada y vencida
Actualmente, la Dirección de Administración “mantiene una deuda atrasada y vencida con los proveedores de más de dos millones de pesos, como consecuencia de esta mora del Ejecutivo en efectuar las acreditaciones de caja consecuentes con el crédito presupuestario asignado al organismo”.
“Resulta además al menos llamativo que Economía sí mejoró los importes que acredita a la Dirección de Administración de la Judicatura (que cuenta con fondos especiales como son los recursos propios por la tasa de justicia), dejando invariables las sumas que semanalmente deposita al Ministerio Público Fiscal, sin dar razones de su accionar y sin dar respuesta a los pedidos”.
“En mi vida
Miquelarena vinculó este tema con el apagón de las oficinas del MPF en Trelew. “En mi vida viví algo igual. Es una enorme vergüenza pero acá están los resultados. No puede ser que tengamos que manguear para pagar la luz. Tenemos muchos proyectos pero no podemos concretar muchos de ellos porque estamos hace 4 años sin presupuesto. En proveedores ya debemos una fortuna de plata. Todos gastos de funcionamiento”. Por ejemplo, gastan entre 80 y 100 mil pesos en envío de ADN para ser analizados en centros de mayor complejidad.