Campesinos retomaron tierras de la masacre de Curuguaty
Un grupo de campesinos reunidos en torno a la Comisión Sin Tierra Naranjaty y la Asociación Yvy Ñande Rekóve ("la tierra es nuestra vida", en guaraní) reocuparon hoy la finca conocida como Marina Kue, escenario de la masacre de Curuguaty en la que perdieron la vida 11 labriegos y 6 policías en 2012 en Paraguay.
Los campesinos tomaron esta medida después de "haber agotado todas las instancias de diálogo", entre ellas tres solicitudes de audiencia con el presidente Horacio Cartes cursadas "sin éxito", para pedir que la tierra conocida como Marina Kue, en Curuguaty (este de Paraguay), sea declarada legalmente propiedad del Estado, según un comunicado difundido hoy por ambas asociaciones.
El terreno lleva tres décadas en disputa entre la empresa Campos Morombí, de la familia del difunto líder del gobernante Partido Colorado Blas Riquelme, y el Estado paraguayo, al que siempre perteneció, según los labriegos.
En mayo de 2014, la Corte Suprema de Justicia reconoció la propiedad estatal sobre estas tierras, que los campesinos solicitan que sean incorporadas a la reforma agraria, en cumplimiento de una disposición firmada por el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en 2004.
Fue este mismo reclamo el que provocó que en junio de 2012 los campesinos ocuparan el territorio, una acción que fue reprimida de forma violenta por la Policía y que desencadenó una masacre que condujo a la destitución del entonces presidente Fernando Lugo en un controvertido juicio político que se desarrolló en poco más de un día.
Tres años después de estos hechos, los campesinos de Marina Kue exigen la puesta en libertad de las 13 personas procesadas por la muerte de los 6 policías que perdieron la vida en la masacre, mientras que no hay ningún imputado por el fallecimiento de los 11 campesinos.
Solicitan además libertad para las 49 personas que permanecen imputadas por estos hechos, y piden "un resarcimiento y reparación para las víctimas y familiares que atienda los daños causados a partir de la masacre y la mala actuación de la Justicia".
Los campesinos denuncian también que los familiares de las víctimas apenas han recibido ayuda "material o psicológica por parte del Estado", pese a las "grandes secuelas sufridas por la tragedia".
A la vez, lamentan además que muchos integrantes de la Comisión de Familiares y Víctimas y Sin tierra hayan sido imputados y considerados "criminales peligrosos" con el objetivo de "desmovilizar la lucha" por el "derecho a la tierra".
Los campesinos tomaron esta medida después de "haber agotado todas las instancias de diálogo", entre ellas tres solicitudes de audiencia con el presidente Horacio Cartes cursadas "sin éxito", para pedir que la tierra conocida como Marina Kue, en Curuguaty (este de Paraguay), sea declarada legalmente propiedad del Estado, según un comunicado difundido hoy por ambas asociaciones.
El terreno lleva tres décadas en disputa entre la empresa Campos Morombí, de la familia del difunto líder del gobernante Partido Colorado Blas Riquelme, y el Estado paraguayo, al que siempre perteneció, según los labriegos.
En mayo de 2014, la Corte Suprema de Justicia reconoció la propiedad estatal sobre estas tierras, que los campesinos solicitan que sean incorporadas a la reforma agraria, en cumplimiento de una disposición firmada por el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en 2004.
Fue este mismo reclamo el que provocó que en junio de 2012 los campesinos ocuparan el territorio, una acción que fue reprimida de forma violenta por la Policía y que desencadenó una masacre que condujo a la destitución del entonces presidente Fernando Lugo en un controvertido juicio político que se desarrolló en poco más de un día.
Tres años después de estos hechos, los campesinos de Marina Kue exigen la puesta en libertad de las 13 personas procesadas por la muerte de los 6 policías que perdieron la vida en la masacre, mientras que no hay ningún imputado por el fallecimiento de los 11 campesinos.
Solicitan además libertad para las 49 personas que permanecen imputadas por estos hechos, y piden "un resarcimiento y reparación para las víctimas y familiares que atienda los daños causados a partir de la masacre y la mala actuación de la Justicia".
Los campesinos denuncian también que los familiares de las víctimas apenas han recibido ayuda "material o psicológica por parte del Estado", pese a las "grandes secuelas sufridas por la tragedia".
A la vez, lamentan además que muchos integrantes de la Comisión de Familiares y Víctimas y Sin tierra hayan sido imputados y considerados "criminales peligrosos" con el objetivo de "desmovilizar la lucha" por el "derecho a la tierra".