Polémica en Paraguay por reserva en terrenos de Curuguaty
La defensa de los campesinos acusados por la llamada masacre de Curuguaty, que en 2012 dejó 17 muertos y derivó en el golpe institucional contra el entonces presidente Fernando Lugo, rechazó hoy que las tierras donde tuvo lugar el enfrentamiento estén incluidas en un proyecto para convertirlas en una reserva forestal.
"El Poder Legislativo, al aprobar el proyecto, se está entrometiendo en una decisión que corresponde al Poder Judicial. Si el Ejecutivo acepta también el proyecto, ya serán dos los poderes que presionen al judicial", evaluó Pablo Aguayo, uno de los abogados defensores de los campesinos acusados.
El proyecto, aprobado por las dos cámaras del Parlamento paraguayo, está ahora en manos del Ejecutivo para su aceptación o veto, pero el presidente Horacio Cartes pidió un segundo informe jurídico sobre el texto.
El pedido de informe se basa en que la Justicia aún no determinó la propiedad de las tierras, conocidas como Marina Kue y ubicadas en el departamento de Canindeyú, que se disputan el Estado paraguayo y la familia del ex senador Blas Riquelme, un histórico dirigente del Partido Colorado ya fallecido.
El proyecto de reserva responde a una iniciativa de la familia Riquelme, que propuso donar las tierras para la reserva, pero el plan fue rechazado por varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (Peicc) y la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy).
Para el titular del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, aceptar que la familia Riquelme done las tierras al Estado implicaría reconocer que son ellos quienes poseen la titularidad.
La agencia EFE, además, cita fuentes del gobierno paraguayo que señalan que la extensión de terreno que formaría parte de la reserva en caso de que el Ejecutivo diese luz verde al proyecto no coincide con todo el territorio cuya titularidad litiga el Estado.
La masacre de Curuguaty, en la que en 2012 murieron once campesinos y seis policías durante un tiroteo originado en un violento desalojo de labriegos, provocó una semana más tarde la destitución del entonces presidente Fernando Lugo en un controvertido juicio político en el que votaron aliados colorados y liberales.
El juicio a los campesinos acusados de la masacre se reinició hoy en Asunción con la resolución de los incidentes presentados en la sesión anterior del proceso.
El tribunal aceptó, a pedido de la Fiscalía y sin oposición de la defensa, presentarse en el lugar de los hechos e incluir más pruebas registradas en video, que puedan ayudar a esclarecer los hechos.
Sin embargo, el abogado Aguayo acusó al fiscal de la causa, Jalil Rachid, de ocultar desde 2012 un informe pericial solicitado a la policía científica española acerca de la secuencia de disparos efectuada durante el tiroteo que provocó la masacre.
La defensa también rechazó otro pedido de Rachid, aceptado por los jueces, para someter a un examen psiquiátrico a los campesinos acusados por la masacre.
Los campesinos están acusados de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y tentativa de homicidio en relación con la muerte de los seis policías, aunque no hay ningún imputado por la muerte de los once labriegos durante la masacre.
"El Poder Legislativo, al aprobar el proyecto, se está entrometiendo en una decisión que corresponde al Poder Judicial. Si el Ejecutivo acepta también el proyecto, ya serán dos los poderes que presionen al judicial", evaluó Pablo Aguayo, uno de los abogados defensores de los campesinos acusados.
El proyecto, aprobado por las dos cámaras del Parlamento paraguayo, está ahora en manos del Ejecutivo para su aceptación o veto, pero el presidente Horacio Cartes pidió un segundo informe jurídico sobre el texto.
El pedido de informe se basa en que la Justicia aún no determinó la propiedad de las tierras, conocidas como Marina Kue y ubicadas en el departamento de Canindeyú, que se disputan el Estado paraguayo y la familia del ex senador Blas Riquelme, un histórico dirigente del Partido Colorado ya fallecido.
El proyecto de reserva responde a una iniciativa de la familia Riquelme, que propuso donar las tierras para la reserva, pero el plan fue rechazado por varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas la Plataforma de Estudios e Investigación de Conflictos Campesinos (Peicc) y la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay (Codehupy).
Para el titular del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Cárdenas, aceptar que la familia Riquelme done las tierras al Estado implicaría reconocer que son ellos quienes poseen la titularidad.
La agencia EFE, además, cita fuentes del gobierno paraguayo que señalan que la extensión de terreno que formaría parte de la reserva en caso de que el Ejecutivo diese luz verde al proyecto no coincide con todo el territorio cuya titularidad litiga el Estado.
La masacre de Curuguaty, en la que en 2012 murieron once campesinos y seis policías durante un tiroteo originado en un violento desalojo de labriegos, provocó una semana más tarde la destitución del entonces presidente Fernando Lugo en un controvertido juicio político en el que votaron aliados colorados y liberales.
El juicio a los campesinos acusados de la masacre se reinició hoy en Asunción con la resolución de los incidentes presentados en la sesión anterior del proceso.
El tribunal aceptó, a pedido de la Fiscalía y sin oposición de la defensa, presentarse en el lugar de los hechos e incluir más pruebas registradas en video, que puedan ayudar a esclarecer los hechos.
Sin embargo, el abogado Aguayo acusó al fiscal de la causa, Jalil Rachid, de ocultar desde 2012 un informe pericial solicitado a la policía científica española acerca de la secuencia de disparos efectuada durante el tiroteo que provocó la masacre.
La defensa también rechazó otro pedido de Rachid, aceptado por los jueces, para someter a un examen psiquiátrico a los campesinos acusados por la masacre.
Los campesinos están acusados de invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y tentativa de homicidio en relación con la muerte de los seis policías, aunque no hay ningún imputado por la muerte de los once labriegos durante la masacre.