El fiscal de Estado, Miguel Montoya, confirmó en FM Tiempo Esquel que cuando trascendieron las fichas de inteligencia ilegal a vecinos de Esquel, envió una nota al fiscal Fernando Rivarola y al juez federal Guido Otranto, quien le respondió que era información clasificada y sólo le podría informar una vez que haga la desclasificación el Estado nacional. “Esto quiere decir que se trata de un informe de Inteligencia”, dijo Montoya. “De ser así, sin pedido de la autoridad competente, estamos ante una ilegalidad”.
Explicó que la Ley de Inteligencia tiene dos aspectos: el agente tiene prohibido divulgar datos o información relevada, sin que sea un requerimiento de autoridad competente; y no se puede dar a conocer esos datos como cómplice. Hoy promoverá el jury de enjuiciamiento ante el Consejo de la Magistratura de los fiscales Rivarola, María Bottini y Fernanda Révori, que denunciaron el caso en el Juzgado Federal de Otranto.
El fiscal de Estado puntualizó que extraoficialmente, la causa remitida al juez federal contiene una filmación de la persona que llevó los datos de los vecinos y los dejó en la Fiscalía. “Si no le tomaron la identidad, es porque creyeron en la palabra de quien se identificó como del Servicio de Inteligencia”.
Advirtió Montoya que si los fiscales no le habían solicitado información al agente, no le tendrían que haber recibido el material, más aún manipulando una computadora de la propia Fiscalía. “Por eso ahora tendrán que dar cuenta ante la Magistratura”. Aclaró que impulsar esa medida no es prejuzgar sino pedir que se investigue hasta las últimas consecuencias, porque ninguna persona puede ser espiada sin autorización y motivos fundados. Al caso lo seguirá el delegado de la Fiscalía, Juan Rimoldi.
Por su parte, el candidato a intendente de Esquel por Chubut Somos Todos, Omar “Pato” Fernández, dijo que el caso “es una hipocresía total; noto que desde que surgió la noticia, al gobernador Martín Buzzi le causó mucho estrépito y se solidarizó con los damnificados, pero Provincia tiene instrumentos para llevar adelante, desde la Secretaría de Derechos Humanos, que se debió constituir en Esquel y solidarizarse con quienes aparecen en las listas”.
Criticó que Montoya delegue el tema al funcionario de la Fiscalía de Estado en la zona, a quien aclaró no desmerece. “¿Pero por qué no se constituye él? Hay todo un orden político para desprestigiar y avanzar contra los fiscales”. Consideró que es una maniobra política para enfrentar al procurador general Jorge Miquelarena, que fue puesto por una decisión política de Mario Das Neves.
El fiscal de Estado, Miguel Montoya, confirmó en FM Tiempo Esquel que cuando trascendieron las fichas de inteligencia ilegal a vecinos de Esquel, envió una nota al fiscal Fernando Rivarola y al juez federal Guido Otranto, quien le respondió que era información clasificada y sólo le podría informar una vez que haga la desclasificación el Estado nacional. “Esto quiere decir que se trata de un informe de Inteligencia”, dijo Montoya. “De ser así, sin pedido de la autoridad competente, estamos ante una ilegalidad”.
Explicó que la Ley de Inteligencia tiene dos aspectos: el agente tiene prohibido divulgar datos o información relevada, sin que sea un requerimiento de autoridad competente; y no se puede dar a conocer esos datos como cómplice. Hoy promoverá el jury de enjuiciamiento ante el Consejo de la Magistratura de los fiscales Rivarola, María Bottini y Fernanda Révori, que denunciaron el caso en el Juzgado Federal de Otranto.
El fiscal de Estado puntualizó que extraoficialmente, la causa remitida al juez federal contiene una filmación de la persona que llevó los datos de los vecinos y los dejó en la Fiscalía. “Si no le tomaron la identidad, es porque creyeron en la palabra de quien se identificó como del Servicio de Inteligencia”.
Advirtió Montoya que si los fiscales no le habían solicitado información al agente, no le tendrían que haber recibido el material, más aún manipulando una computadora de la propia Fiscalía. “Por eso ahora tendrán que dar cuenta ante la Magistratura”. Aclaró que impulsar esa medida no es prejuzgar sino pedir que se investigue hasta las últimas consecuencias, porque ninguna persona puede ser espiada sin autorización y motivos fundados. Al caso lo seguirá el delegado de la Fiscalía, Juan Rimoldi.
Por su parte, el candidato a intendente de Esquel por Chubut Somos Todos, Omar “Pato” Fernández, dijo que el caso “es una hipocresía total; noto que desde que surgió la noticia, al gobernador Martín Buzzi le causó mucho estrépito y se solidarizó con los damnificados, pero Provincia tiene instrumentos para llevar adelante, desde la Secretaría de Derechos Humanos, que se debió constituir en Esquel y solidarizarse con quienes aparecen en las listas”.
Criticó que Montoya delegue el tema al funcionario de la Fiscalía de Estado en la zona, a quien aclaró no desmerece. “¿Pero por qué no se constituye él? Hay todo un orden político para desprestigiar y avanzar contra los fiscales”. Consideró que es una maniobra política para enfrentar al procurador general Jorge Miquelarena, que fue puesto por una decisión política de Mario Das Neves.