“Echaron gente con mucho compromiso con el trabajo de investigación, no cualquiera puede detectar los movimientos financieros y hacer una causa penal; hay que trabajar con el lápiz fino de los cheques, los fondos, las cuentas”, dijo Sbattella en declaraciones a las radios Del Plata y FM Blue.
Se refirió de ese modo a la decisión de las nuevas autoridades del organismo de impedir la entrada a sus lugares de trabajo de unos 60 empleados, tras prescindir de sus tareas.
Sbattella agregó que “veníamos de una UIF hiperactiva en áreas operativas de fiscalización y querellas penales”, y ahora “se están dispersando las áreas de centralidad de poder”.
“El área internacional pasó al Ministerio (de Justicia) y la coordinación con otros organismos (el Banco Central, la Comisión de Valores, la Superintendencia de Seguros) quedó fuera de la Unidad”, explicó.
Agregó que “se quedan con lo administrativo, para recibir los reportes de operaciones sospechosas y pasarlos, no se sabe para qué”.
El ex funcionario recordó que la Argentina logró “salir de la lista gris, luego de una auditoría muy intensa del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y de que estuviéramos a punto de ser expulsados del organismo específico del Grupo de los 20”.
“Eso implicaba el reconocimiento a un trabajo que ponía a la Argentina como líder en América Latina”, resaltó.
Sbattella consideró asimismo que “se contradicen el objetivo estratégico de la lucha contra el narcotráfico”, tras recordar que “nosotros desarticularmos el cartel de los Ale en Tucumán; y el del Golfo, a través del colombiano Ignacio Alvarez Meyendorff, que estaba en Nordelta y entra a juicio ahora”.
“También se desarmó el grupo de un 'chapito Guzmán' de la Argentina, que se llama (Carlos) Salvatore y es el jefe de los abogados protectores del narco, que está embargado por 1.600 millones de pesos, condenado y ahora va a juicio por lavado; y todo eso se hizo con la base de datos de estudios patrimoniales de esos sectores”.
Sbattella recordó que en 2010 había 350 sujetos obligados de informar sobre operaciones sospechosas y ahora son 50 mil, entre el sistema financiero, registros de propiedad inmueble y automotor, escribanos, contadores, transportadoras de caudales y joyerías, lo cual “requiere de personal en distintas situaciones ligadas a la aplicación de la ley en la parte penal y en materia de prevención”.
Resaltó por último que “cuando entramos había una sola condena por lavado y ahora son nueve, y no hay más por lentitud de la Justicia, aunque hay más de 150 procesados y más de 4 mil millones de pesos embargados”.
“Echaron gente con mucho compromiso con el trabajo de investigación, no cualquiera puede detectar los movimientos financieros y hacer una causa penal; hay que trabajar con el lápiz fino de los cheques, los fondos, las cuentas”, dijo Sbattella en declaraciones a las radios Del Plata y FM Blue.
Se refirió de ese modo a la decisión de las nuevas autoridades del organismo de impedir la entrada a sus lugares de trabajo de unos 60 empleados, tras prescindir de sus tareas.
Sbattella agregó que “veníamos de una UIF hiperactiva en áreas operativas de fiscalización y querellas penales”, y ahora “se están dispersando las áreas de centralidad de poder”.
“El área internacional pasó al Ministerio (de Justicia) y la coordinación con otros organismos (el Banco Central, la Comisión de Valores, la Superintendencia de Seguros) quedó fuera de la Unidad”, explicó.
Agregó que “se quedan con lo administrativo, para recibir los reportes de operaciones sospechosas y pasarlos, no se sabe para qué”.
El ex funcionario recordó que la Argentina logró “salir de la lista gris, luego de una auditoría muy intensa del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) y de que estuviéramos a punto de ser expulsados del organismo específico del Grupo de los 20”.
“Eso implicaba el reconocimiento a un trabajo que ponía a la Argentina como líder en América Latina”, resaltó.
Sbattella consideró asimismo que “se contradicen el objetivo estratégico de la lucha contra el narcotráfico”, tras recordar que “nosotros desarticularmos el cartel de los Ale en Tucumán; y el del Golfo, a través del colombiano Ignacio Alvarez Meyendorff, que estaba en Nordelta y entra a juicio ahora”.
“También se desarmó el grupo de un 'chapito Guzmán' de la Argentina, que se llama (Carlos) Salvatore y es el jefe de los abogados protectores del narco, que está embargado por 1.600 millones de pesos, condenado y ahora va a juicio por lavado; y todo eso se hizo con la base de datos de estudios patrimoniales de esos sectores”.
Sbattella recordó que en 2010 había 350 sujetos obligados de informar sobre operaciones sospechosas y ahora son 50 mil, entre el sistema financiero, registros de propiedad inmueble y automotor, escribanos, contadores, transportadoras de caudales y joyerías, lo cual “requiere de personal en distintas situaciones ligadas a la aplicación de la ley en la parte penal y en materia de prevención”.
Resaltó por último que “cuando entramos había una sola condena por lavado y ahora son nueve, y no hay más por lentitud de la Justicia, aunque hay más de 150 procesados y más de 4 mil millones de pesos embargados”.