Rajoy rechaza el control parlamentario y se ahonda la crisis en España
El Congreso de los diputados español abrió hoy una crisis institucional sin precedentes al aprobar llevar al gobierno en funciones de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional (TC) por negarse a someterse a control parlamentario.
La iniciativa, impulsada por los socialistas, fue aprobada con el voto favorable de dos tercios de la Cámara Baja, de todos los grupos salvo el Partido Popular (PP) de Rajoy, que ejerce como presidente del gobierno en funciones desde las elecciones del 20 de diciembre en las que ningún partido obtuvo una mayoría suficiente para gobernar.
Los grupos del Congreso plantearán un "conflicto de competencias" ante el TC por entender que el Ejecutivo no respeta el principio de separación de poderes al negarse a someterse al control político del Parlamento.
No obstante, antes de que el recurso llegue al alto tribunal el gobierno aún tiene un mes para responder al pedido del Congreso y rectificar su posición.
Ese es prácticamente el plazo que tienen los partidos españoles para poner fin al bloqueo político que vive el país, ya que después del 2 de mayo, si no hay acuerdo para formar gobierno, se convocarán elecciones de forma automática.
El gobierno conservador, en funciones desde hace tres meses, argumenta que precisamente por está situación de interinidad no puede ser controlado por el actual Congreso, que no lo eligió.
Por su parte, el presidente de la Cámara Baja, el socialista Patxi López, esgrime el artículo 26.2 de la ley del Gobierno, según el cual todos los actos del Ejecutivo, estén o no en funciones -circunstancia sobre la que la ley no se pronuncia-, están sometidos al control del Congreso.
Durante las últimas semanas, varios ministros de Rajoy se negaron a acudir a las distintas comisiones parlamentarias en las que fueron citados.
El ministro de Defensa, Pedo Morenés, fue el primero en hacerlo en marzo; lo siguió la ministra de Fomento, Ana Pastor, el martes; y el jueves lo hará el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
"El Gobierno en funciones debe estar más sujeto que nunca al control parlamentario porque su legitimidad está mermada", aseguró el líder del Partido Socialista (PSOE) y candidato a la presidencia, Pedro Sánchez.
La vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, se defendió afirmando que ese control "va en contra de todos los informes y precedentes de esta Cámara".
Es la primera vez que se produce un choque de este tipo entre el Ejecutivo y el Legislativo en España, aunque también es inédita la situación de bloque político que vive el país desde las elecciones generales.
El gobernante PP no cuenta con respaldos para conseguir la reelección de Rajoy, a pesar de haber ganado las elecciones, y se encuentra a la espera de que el líder socialista, Pedro Sánchez, agote su tiempo para negociar la formación de un gobierno tras fracasar en su primer intento.
Además, los conservadores pasaron de una mayoría de 186 diputados a ser la primera minoría con 123, lo que los deja en una situación de debilidad a la hora de defender sus políticas en el Congreso.
Y con nuevas elecciones como escenario más probable, lo que Rajoy no quiere es que los debates de la Camara Baja se conviertan en una precampaña electoral.
Esa es la verdadera intención de esta iniciativa, según afirmó el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro.
La "rebeldía declarada" por el Gobierno en funciones y su "desprecio" a dar cuenta a los ciudadanos "pone en cuestión el funcionamiento del sistema constitucional", argumentó por su parte el portavoz socialista, Antonio Hernado.
"La ausencia de precedentes no puede ser el motivo. A este Gobierno nunca le gustó ser controlado. Rajoy dejó de atender 100 peticiones de comparecencia", añadió.
"Lo mejor que podemos hacer es elegir un Gobierno que acepte las reglas de la democracia con normalidad", subrayó el diputado del PSOE.
"El Gobierno está evitando el control de la cámara. Es una agresión formal a la división de poderes", argumentó por su parte Íñigo Errejón, portavoz de Podemos.
Justamente hoy Rajoy defendió ante el pleno del Congreso de los Diputados el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea (UE) y Turquía para deportar refugiados e inmigrantes, que fue repudiado por la mayoría de los parlamentarios.
Mientras España entra en este nuevo conflicto inédito, Sánchez buscará mañana sumar a Podemos a su acuerdo con los liberales de Ciudadanos para evitar elecciones anticipadas.
La tarea no será nada simple, puesto que la fuerza de izquierdas y los liberales siguen considerándose incompatibles, y se veta mutuamente en el gobierno transversal que propone Sánchez.
La iniciativa, impulsada por los socialistas, fue aprobada con el voto favorable de dos tercios de la Cámara Baja, de todos los grupos salvo el Partido Popular (PP) de Rajoy, que ejerce como presidente del gobierno en funciones desde las elecciones del 20 de diciembre en las que ningún partido obtuvo una mayoría suficiente para gobernar.
Los grupos del Congreso plantearán un "conflicto de competencias" ante el TC por entender que el Ejecutivo no respeta el principio de separación de poderes al negarse a someterse al control político del Parlamento.
No obstante, antes de que el recurso llegue al alto tribunal el gobierno aún tiene un mes para responder al pedido del Congreso y rectificar su posición.
Ese es prácticamente el plazo que tienen los partidos españoles para poner fin al bloqueo político que vive el país, ya que después del 2 de mayo, si no hay acuerdo para formar gobierno, se convocarán elecciones de forma automática.
El gobierno conservador, en funciones desde hace tres meses, argumenta que precisamente por está situación de interinidad no puede ser controlado por el actual Congreso, que no lo eligió.
Por su parte, el presidente de la Cámara Baja, el socialista Patxi López, esgrime el artículo 26.2 de la ley del Gobierno, según el cual todos los actos del Ejecutivo, estén o no en funciones -circunstancia sobre la que la ley no se pronuncia-, están sometidos al control del Congreso.
Durante las últimas semanas, varios ministros de Rajoy se negaron a acudir a las distintas comisiones parlamentarias en las que fueron citados.
El ministro de Defensa, Pedo Morenés, fue el primero en hacerlo en marzo; lo siguió la ministra de Fomento, Ana Pastor, el martes; y el jueves lo hará el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
"El Gobierno en funciones debe estar más sujeto que nunca al control parlamentario porque su legitimidad está mermada", aseguró el líder del Partido Socialista (PSOE) y candidato a la presidencia, Pedro Sánchez.
La vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, se defendió afirmando que ese control "va en contra de todos los informes y precedentes de esta Cámara".
Es la primera vez que se produce un choque de este tipo entre el Ejecutivo y el Legislativo en España, aunque también es inédita la situación de bloque político que vive el país desde las elecciones generales.
El gobernante PP no cuenta con respaldos para conseguir la reelección de Rajoy, a pesar de haber ganado las elecciones, y se encuentra a la espera de que el líder socialista, Pedro Sánchez, agote su tiempo para negociar la formación de un gobierno tras fracasar en su primer intento.
Además, los conservadores pasaron de una mayoría de 186 diputados a ser la primera minoría con 123, lo que los deja en una situación de debilidad a la hora de defender sus políticas en el Congreso.
Y con nuevas elecciones como escenario más probable, lo que Rajoy no quiere es que los debates de la Camara Baja se conviertan en una precampaña electoral.
Esa es la verdadera intención de esta iniciativa, según afirmó el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro.
La "rebeldía declarada" por el Gobierno en funciones y su "desprecio" a dar cuenta a los ciudadanos "pone en cuestión el funcionamiento del sistema constitucional", argumentó por su parte el portavoz socialista, Antonio Hernado.
"La ausencia de precedentes no puede ser el motivo. A este Gobierno nunca le gustó ser controlado. Rajoy dejó de atender 100 peticiones de comparecencia", añadió.
"Lo mejor que podemos hacer es elegir un Gobierno que acepte las reglas de la democracia con normalidad", subrayó el diputado del PSOE.
"El Gobierno está evitando el control de la cámara. Es una agresión formal a la división de poderes", argumentó por su parte Íñigo Errejón, portavoz de Podemos.
Justamente hoy Rajoy defendió ante el pleno del Congreso de los Diputados el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea (UE) y Turquía para deportar refugiados e inmigrantes, que fue repudiado por la mayoría de los parlamentarios.
Mientras España entra en este nuevo conflicto inédito, Sánchez buscará mañana sumar a Podemos a su acuerdo con los liberales de Ciudadanos para evitar elecciones anticipadas.
La tarea no será nada simple, puesto que la fuerza de izquierdas y los liberales siguen considerándose incompatibles, y se veta mutuamente en el gobierno transversal que propone Sánchez.