La decisión fue de la sala II de la Cámara Federal porteña, que avaló el procesamiento sin prisión preventiva y el embargo por 600 millones de pesos dictado en su contra por el juez federal Claudio Bonadio, según el fallo al que accedió Télam.
"Existen en la causa suficientes elementos como para afirmar que, efectivamente, De Vido conocía las graves falencias que rodeaban la explotación del transporte ferroviario prestado por Trenes de Buenos Aires SA, sin perjuicio de lo cual -y pese a tener dicha potestad- no adoptó ninguna medida orientada a reencauzar el servicio", advirtieron los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun, en el fallo al que accedió Télam.
De hecho afirmaron que el ex funcionario parecía tener "mayor diligencia frente a los reclamos de reajustes que solicitaba la empresa" concesionaria del Sarmiento pese a que el reclamo por su mal servicio era "constante, público y notorio".
Por ello se le reprocha "su propia intervención y conocimiento en los hechos, es decir, su participación en la administración fraudulenta de los bienes públicos concesionados y su incidencia en el resultado acaecido el 22 de febrero de 2012", concluyó la Cámara.
El por entonces funcionario kirchnerista y actual diputado nacional sabía sobre el "modo en que se llevaba adelante la concesión del servicio del transporte ferroviario" pero "permitió que continuara la explotación". Y con esta actitud dio paso al "deterioro paulatino y creciente de los bienes públicos entregados para el desarrollo de la actividad y afectando directamente la seguridad de los usuarios con las consecuencias ya conocidas", en alusión al choque del tren en la estación de trenes de Once que causó la muerte a 51 pasajeros, entre ellos una embarazada.
El Tribunal recordó que De Vido tenía bajo su órbita a la Secretaría de Transporte, a la subsecretaría de Transporte Ferroviario, a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y a la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, de la cual era uno de sus presidentes. La decisión dejó a Bonadio en condiciones de enviar al diputado a juicio oral.
Mientras tenga fueros, De Vido podrá ser juzgado pero no enviado a prisión, en caso de recaer en su contra una condena de cumplimiento efectivo.
La Cámara también confirmó el procesamiento en el caso del ex secretario ejecutivo de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos al momento de la tragedia, Jorge Simeonoff.
Por la tragedia del tren de Once fueron condenados ya en juicio oral el ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime (seis años de prisión), su sucesor en el cargo Juan Pablo Schiavi (8 años) y el empresario responsable de la ex concesionaria TBA Claudio Cirigliano (9 años), entre otros.
Todas las penas fueron apeladas y están a estudio de la Cámara Federal de Casación.
De Vido tiene varios frentes judiciales abiertos en los tribunales federales de Retiro: fue indagado por la compra de material inservible para el tren Belgrano Cargas y se lo citó como imputado en otra causa por fraude en la creación y administración de la línea aérea estatal LAFSA, que nunca operó.
Y el fiscal federal Carlos Stornelli pidió su declaración indagatoria en la causa Skanska, algo que tiene que decidir el juez federal Sebastián Casanello.
La decisión fue de la sala II de la Cámara Federal porteña, que avaló el procesamiento sin prisión preventiva y el embargo por 600 millones de pesos dictado en su contra por el juez federal Claudio Bonadio, según el fallo al que accedió Télam.
"Existen en la causa suficientes elementos como para afirmar que, efectivamente, De Vido conocía las graves falencias que rodeaban la explotación del transporte ferroviario prestado por Trenes de Buenos Aires SA, sin perjuicio de lo cual -y pese a tener dicha potestad- no adoptó ninguna medida orientada a reencauzar el servicio", advirtieron los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun, en el fallo al que accedió Télam.
De hecho afirmaron que el ex funcionario parecía tener "mayor diligencia frente a los reclamos de reajustes que solicitaba la empresa" concesionaria del Sarmiento pese a que el reclamo por su mal servicio era "constante, público y notorio".
Por ello se le reprocha "su propia intervención y conocimiento en los hechos, es decir, su participación en la administración fraudulenta de los bienes públicos concesionados y su incidencia en el resultado acaecido el 22 de febrero de 2012", concluyó la Cámara.
El por entonces funcionario kirchnerista y actual diputado nacional sabía sobre el "modo en que se llevaba adelante la concesión del servicio del transporte ferroviario" pero "permitió que continuara la explotación". Y con esta actitud dio paso al "deterioro paulatino y creciente de los bienes públicos entregados para el desarrollo de la actividad y afectando directamente la seguridad de los usuarios con las consecuencias ya conocidas", en alusión al choque del tren en la estación de trenes de Once que causó la muerte a 51 pasajeros, entre ellos una embarazada.
El Tribunal recordó que De Vido tenía bajo su órbita a la Secretaría de Transporte, a la subsecretaría de Transporte Ferroviario, a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y a la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, de la cual era uno de sus presidentes. La decisión dejó a Bonadio en condiciones de enviar al diputado a juicio oral.
Mientras tenga fueros, De Vido podrá ser juzgado pero no enviado a prisión, en caso de recaer en su contra una condena de cumplimiento efectivo.
La Cámara también confirmó el procesamiento en el caso del ex secretario ejecutivo de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos al momento de la tragedia, Jorge Simeonoff.
Por la tragedia del tren de Once fueron condenados ya en juicio oral el ex secretario de Transporte de la Nación Ricardo Jaime (seis años de prisión), su sucesor en el cargo Juan Pablo Schiavi (8 años) y el empresario responsable de la ex concesionaria TBA Claudio Cirigliano (9 años), entre otros.
Todas las penas fueron apeladas y están a estudio de la Cámara Federal de Casación.
De Vido tiene varios frentes judiciales abiertos en los tribunales federales de Retiro: fue indagado por la compra de material inservible para el tren Belgrano Cargas y se lo citó como imputado en otra causa por fraude en la creación y administración de la línea aérea estatal LAFSA, que nunca operó.
Y el fiscal federal Carlos Stornelli pidió su declaración indagatoria en la causa Skanska, algo que tiene que decidir el juez federal Sebastián Casanello.