"La personalidad de Hebe de Bonafini es muy especial, y tiene 87 años, no creo que cambie, habría que tal vez buscar el cruce entre cumplir con la obligación de comparecer que es inexorable, su edad y el derecho a negarse a declarar", afirmó el fiscal, quien se definió como "amigo personal" del juez a cargo de la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, de quien dijo "es un hombre de bien y una persona de carrera".
En diálogo con radio Vorterix, Di Lello recordó que durante la investigación pidió la indagatoria de Bonafini porque "surgía clara la responsabilidad civil por juicios laborales y pedidos de quiebra en contra de las Madres, pero hasta ese momento no aparecía de ninguna manera la voluntad de Hebe de Bonafini de cometer un delito. Se veía que Hebe no tenía la menor noción de lo que ocurría y además tenía una enorme empatía con Shocklender (Sergio)", explicó Di Lello al referirse a quien fuera apoderado de la fundación Madres de Plaza de Mayo.
El fiscal que logró el procesamiento de los hermanos Shocklender actuó mientras la causa estuvo en manos del juez Norberto Oyarbide, remarcó que la Fundación de Madres de Plaza de Mayo "era la estructura jurídica y Bonafini figuraba firmando con balances y convenios", pero aclaró que "el dominio doloso -en tanto y en cuanto se perseguía obtener ese hecho ilícito que era un macro fraude exteriorizado en la vida que llevaban los Schocklender-, se veía que lo que firmaba en el plano material, lo usufructuaba la estructura vinculada a ellos".
"Decir que era una persona ajena a lo que pasaba era una grosería, pero también era grosero el manejo que hacía Shocklender exteriormente de los bienes del dinero que surgían y la ignorancia de Hebe en ese manejo. Esa negligencia puede tener relevancia penal ahora, pero en ese momento no la tenía", aclaró.
Agregó que en la causa iniciada en 2010 él investigó a las Madres de Plaza de Mayo como personas jurídicas, a los hermanos Sergio y Pablo Shocklender y a otros como principales autores de la maniobra y que, por otro lado, se inició en paralelo una denuncia que apuntaba a los funcionarios del Estado que podían haber participado del sistema de créditos que llegaba al programa Sueños Compartidos.
"La personalidad de Hebe de Bonafini es muy especial, y tiene 87 años, no creo que cambie, habría que tal vez buscar el cruce entre cumplir con la obligación de comparecer que es inexorable, su edad y el derecho a negarse a declarar", afirmó el fiscal, quien se definió como "amigo personal" del juez a cargo de la causa, Marcelo Martínez de Giorgi, de quien dijo "es un hombre de bien y una persona de carrera".
En diálogo con radio Vorterix, Di Lello recordó que durante la investigación pidió la indagatoria de Bonafini porque "surgía clara la responsabilidad civil por juicios laborales y pedidos de quiebra en contra de las Madres, pero hasta ese momento no aparecía de ninguna manera la voluntad de Hebe de Bonafini de cometer un delito. Se veía que Hebe no tenía la menor noción de lo que ocurría y además tenía una enorme empatía con Shocklender (Sergio)", explicó Di Lello al referirse a quien fuera apoderado de la fundación Madres de Plaza de Mayo.
El fiscal que logró el procesamiento de los hermanos Shocklender actuó mientras la causa estuvo en manos del juez Norberto Oyarbide, remarcó que la Fundación de Madres de Plaza de Mayo "era la estructura jurídica y Bonafini figuraba firmando con balances y convenios", pero aclaró que "el dominio doloso -en tanto y en cuanto se perseguía obtener ese hecho ilícito que era un macro fraude exteriorizado en la vida que llevaban los Schocklender-, se veía que lo que firmaba en el plano material, lo usufructuaba la estructura vinculada a ellos".
"Decir que era una persona ajena a lo que pasaba era una grosería, pero también era grosero el manejo que hacía Shocklender exteriormente de los bienes del dinero que surgían y la ignorancia de Hebe en ese manejo. Esa negligencia puede tener relevancia penal ahora, pero en ese momento no la tenía", aclaró.
Agregó que en la causa iniciada en 2010 él investigó a las Madres de Plaza de Mayo como personas jurídicas, a los hermanos Sergio y Pablo Shocklender y a otros como principales autores de la maniobra y que, por otro lado, se inició en paralelo una denuncia que apuntaba a los funcionarios del Estado que podían haber participado del sistema de créditos que llegaba al programa Sueños Compartidos.