En España también investigan las políticas de privacidad de WhatsApp

La AEPD se sumó a las decisiones tomadas la semana pasada por las autoridades de datos del Reino Unido -que abrió una investigación similar- y de Alemania, que le ordenó a Facebook que deje de recolectar y almacenar datos de las personas que usan WhatsApp, mientras que la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales argentina aseguró que está revisando "de qué manera se manejó la cuestión del consentimiento" de los usuarios del servicio de chat.

A través de un comunicado difundido por la agencia EFE, la AEPD señaló que inició de oficio "actuaciones previas de investigación" para examinar si esas transacciones de información entre Whatsapp y Facebook respetan la legislación española en materia de protección de datos y, en caso de no cumplirlos, "determinar la responsabilidades correspondientes".

La Agencia investigará qué tipo de información se recoge y comparte entre el servicio de mensajería y la red social, los fines para los que se utilizan esos datos, los plazos de conservación de los mismos y las opciones que ofrece Whatsapp para que el usuario se oponga al tratamiento de su información personal.

Su actuación, informó, estará coordinada con las que están llevando a cabo las autoridades de Alemania, Italia o Reino Unido, si bien recordó que cada una de ellas actúa ejerciendo las potestades que le confieren sus respectivos ordenamientos nacionales.

En el caso de encontrar indicios de que la nueva política de privacidad de Whatsapp incumple la normativa española de protección de datos, la AEPD iniciaría un procedimiento sancionador.

La investigación surgió a raíz de que el pasado 25 de agosto el servicio de chat anunció que empezaría a compartir con la red social californiana el número de teléfono de sus usuarios, así como información acerca de la frecuencia con la que éstos utilizan el servicio de mensajería instantánea.

Según explicó Whatsapp en aquella ocasión, entre los objetivos que subyacen a ese intercambio de información están mejorar la eficacia publicitaria -mostrando anuncios que sean más relevantes para los usuarios de Facebook- y combatir abusos y mensajes no deseados.

Con los cambios, los usuarios del servicio de mensajería pueden negarse a que sus datos se empleen para "mejorar experiencias respecto a anuncios y productos", pero no a que Facebook conozca su número de teléfono y sus patrones de actividad en Whatsapp.

El 27 de septiembre Alemania dio el puntapié inicial en esta serie de investigaciones cuando la comisión de protección de datos de la ciudad de Hamburgo le exigió a la red social Facebook que deje de recolectar y almacenar datos de los usuarios del servicio de chat, y además le exigió que borre toda la información que ya guardó.

"Tiene que ser decisión de los propios usuarios el conectar sus datos personales con Facebook", remarcó Johannes Caspar, titular de esa comisión, y aclaró que "luego, Facebook tiene que pedir permiso para avanzar. Y eso no pasó".

Tres días después, la titular de la comisión de protección de datos del Reino Unido (ICO, por sus siglas en inglés), Elizabeth Denham, informó que inició "una investigación sobre los datos compartidos" entre las empresas -ambas propiedad de Facebook-.

"Hay personas muy enojadas. Y esto se remonta a las promesas de compromiso, legitimidad y transparencia. Hemos iniciado una investigación vinculada con los datos que se comparten, recordando que cuando Facebook compró WhatsApp en 2014 hubo un compromiso de que ambas compañías no iban a compartir información", mencionó la comisionada.

En la misma línea, el director Nacional de Protección de Datos Personales, Eduardo Bertoni, señaló en diálogo con Télam que el organismo está revisando los cambios en las políticas de privacidad de WhatsApp "y de qué manera se manejó la cuestión del consentimiento" de sus usuarios.

Para determinar la legalidad o ilegalidad del acuerdo entre ambas empresas según la normativa argentina "el tema clave es determinar si hubo consentimiento por parte de los titulares de los datos", afirmó, y adelantó que "una vez terminado el análisis podríamos, como órgano de contralor que somos, pedir aclaraciones a las empresas y si no son satisfactorias hasta podría iniciarse un expediente que pueda terminar en una sanción", precisó.