Soto Dávila acusó a Paraguay por no controlar la producción de marihuana y destacó que el año pasado en Corrientes se hizo "una quema de veinte toneladas de droga" y que el juzgado a su cargo "está trabajando y la prueba de ello es que año a año se quema cada vez más droga.
"Tenemos del otro lado un país con una superproducción de marihuana y en el sur de Paraguay no existe ningún tipo de control del estado paraguayo", aseguró el juez federal en declaraciones a Radio Télam.
Soto Dávila salió al cruce de los cuestionamientos realizados en las últimas horas por la religiosa Marta Pelloni, quien lo criticó por no haber decidido antes las detenciones de funcionarios y policías involucrados en causas por narcotráfico en la ciudad correntina de Itatí.
"La monja Pelloni me ha agredido en forma permanente haciendo imputaciones de todo tipo contra el juzgado federal de Corrientes a mi cargo", dijo el magistrado, quien agregó que existe una única denuncia realizada por Pelloni en el 2011 que "fue desestimada por la fiscalía por inexistencia de delito".
"En lo que respecta a mi juzgado, (Pelloni) está mintiendo", agregó Soto Dávila.
Además de Pelloni, en las últimas horas se conoció públicamente que desde noviembre del año pasado la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo del fiscal Diego Iglesias, le viene solicitando al juez Soto Dávila que unifique todas las causas penales sobre narcotráfico que se habían iniciado tras investigaciones realizadas en Itatí, y que tenían mencionadas a las mismas personas, entre ellas a policías y funcionarios municipales, inclusive el intendente de esa ciudad y a su vice.
Fuentes judiciales aseguraron que el magistrado hizo caso omiso al pedido de la Procunar, lo que motivó diferentes reclamos judiciales.
Finalmente, fue el juez federal porteño Sergio Torres el que ordenó las detenciones del intendente Natividad “Roger” Terán, de su vice, Fabio Aquino, entre otros, en el marco de una causa por el tráfico de unas 15 toneladas de marihuana semanales, las que se concretaron finalmente el martes último.
"Todo está bajo la lupa, pero hay que aportar pruebas. Hay una presión mediática tremenda a nivel nacional y para colmo está en juego en la provincia de Corrientes el próximo gobernador. Se está mezclando la presión política con este tema (del narcotráfico). este mismo año se elige gobernador y hay una turbulencia terrible", dijo.
El juez insistió en su defensa al señalar que desde su juzgado "se ha colaborado enormemente" en la lucha contra el narcotráfico en Itatí, y se mostró en contra de "cuestionar todo".
"El juzgado federal de corrientes tiene 320 kilómetros de frontera con Paraguay y hay aproximadamente entre siete y ocho destacamentos de Prefectura sobre el río y entre tres y cuatro destacamentos de Gendarmería en tierra", explicó.
El juez resaltó luego que el ministerio de Seguridad de la Nación compró lanchas y equipos tecnológicos para colaborar con la lucha contra el tráfico de drogas, aunque consideró que "resulta muy difícil", controlar todo.
"Hay zonas del norte provincial donde hay permanente movimiento de cruce de droga, que es donde más fuerza se pone con las fuerzas de seguridad y mas objetivos se ponen", reconoció el magistrado.
Soto Dávila acusó a Paraguay por no controlar la producción de marihuana y destacó que el año pasado en Corrientes se hizo "una quema de veinte toneladas de droga" y que el juzgado a su cargo "está trabajando y la prueba de ello es que año a año se quema cada vez más droga.
"Tenemos del otro lado un país con una superproducción de marihuana y en el sur de Paraguay no existe ningún tipo de control del estado paraguayo", aseguró el juez federal en declaraciones a Radio Télam.
Soto Dávila salió al cruce de los cuestionamientos realizados en las últimas horas por la religiosa Marta Pelloni, quien lo criticó por no haber decidido antes las detenciones de funcionarios y policías involucrados en causas por narcotráfico en la ciudad correntina de Itatí.
"La monja Pelloni me ha agredido en forma permanente haciendo imputaciones de todo tipo contra el juzgado federal de Corrientes a mi cargo", dijo el magistrado, quien agregó que existe una única denuncia realizada por Pelloni en el 2011 que "fue desestimada por la fiscalía por inexistencia de delito".
"En lo que respecta a mi juzgado, (Pelloni) está mintiendo", agregó Soto Dávila.
Además de Pelloni, en las últimas horas se conoció públicamente que desde noviembre del año pasado la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo del fiscal Diego Iglesias, le viene solicitando al juez Soto Dávila que unifique todas las causas penales sobre narcotráfico que se habían iniciado tras investigaciones realizadas en Itatí, y que tenían mencionadas a las mismas personas, entre ellas a policías y funcionarios municipales, inclusive el intendente de esa ciudad y a su vice.
Fuentes judiciales aseguraron que el magistrado hizo caso omiso al pedido de la Procunar, lo que motivó diferentes reclamos judiciales.
Finalmente, fue el juez federal porteño Sergio Torres el que ordenó las detenciones del intendente Natividad “Roger” Terán, de su vice, Fabio Aquino, entre otros, en el marco de una causa por el tráfico de unas 15 toneladas de marihuana semanales, las que se concretaron finalmente el martes último.
"Todo está bajo la lupa, pero hay que aportar pruebas. Hay una presión mediática tremenda a nivel nacional y para colmo está en juego en la provincia de Corrientes el próximo gobernador. Se está mezclando la presión política con este tema (del narcotráfico). este mismo año se elige gobernador y hay una turbulencia terrible", dijo.
El juez insistió en su defensa al señalar que desde su juzgado "se ha colaborado enormemente" en la lucha contra el narcotráfico en Itatí, y se mostró en contra de "cuestionar todo".
"El juzgado federal de corrientes tiene 320 kilómetros de frontera con Paraguay y hay aproximadamente entre siete y ocho destacamentos de Prefectura sobre el río y entre tres y cuatro destacamentos de Gendarmería en tierra", explicó.
El juez resaltó luego que el ministerio de Seguridad de la Nación compró lanchas y equipos tecnológicos para colaborar con la lucha contra el tráfico de drogas, aunque consideró que "resulta muy difícil", controlar todo.
"Hay zonas del norte provincial donde hay permanente movimiento de cruce de droga, que es donde más fuerza se pone con las fuerzas de seguridad y mas objetivos se ponen", reconoció el magistrado.