La Justicia española admitió este miércoles la querella por sedición presentada por la Fiscalía contra los responsables de las protestas que tuvieron lugar en Barcelona a raíz de un operativo policial contra el referéndum del 1 de octubre, en el que se arrestaron a 14 funcionarios del gobierno catalán.
La decisión fue adoptada por la titular del Juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional de España, Carmen Lamena, quien como única medida ordenó a la Guardia Civil que elabore un informe sobre todas las actuaciones llevadas a cabo para "impedir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" en el ejercicio de sus funciones y en "defensa del ordenamiento constitucional".
En el escrito, al que tuvo acceso Télam, la magistrada afirmó que existen indicios de sedición, tal como describe la Fiscalía en su querella, ya que "una muchedumbre de personas se concentró ante los edificios registrados con la finalidad de impedir por la fuerza a los agentes de la autoridad el legítimo ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de las resoluciones judiciales".
La Justicia española admitió este miércoles la querella por sedición presentada por la Fiscalía contra los responsables de las protestas que tuvieron lugar en Barcelona a raíz de un operativo policial contra el referéndum del 1 de octubre, en el que se arrestaron a 14 funcionarios del gobierno catalán.
La decisión fue adoptada por la titular del Juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional de España, Carmen Lamena, quien como única medida ordenó a la Guardia Civil que elabore un informe sobre todas las actuaciones llevadas a cabo para "impedir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" en el ejercicio de sus funciones y en "defensa del ordenamiento constitucional".
En el escrito, al que tuvo acceso Télam, la magistrada afirmó que existen indicios de sedición, tal como describe la Fiscalía en su querella, ya que "una muchedumbre de personas se concentró ante los edificios registrados con la finalidad de impedir por la fuerza a los agentes de la autoridad el legítimo ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de las resoluciones judiciales".