Siete acusados de integrar una banda de narcos seguirán presos hasta el juicio oral y público
Se trata del caso “Conejo Verde”. Hay 21 imputados esperando las audiencias. Les imputan vender cocaína y marihuana en Chubut y en Chile. Algunos pidieron su libertad pero se las negaron por el peligro de que se fuguen ante la posible pena que enfrentan.
Por Rolando Tobarez / Twitter: @rtobarez
La Justicia Federal de Comodoro Rivadavia decidió prorrogar la prisión preventiva para siete imputados por el caso “Conejo Verde”. Se trata de Osvaldo Daniel Viti, Hugo Deni Rivero Sosa, Alejandro Vicente Mereles, Jorge Gabriel Castillo, Diego Ricardo Rodríguez, Rubén Oscar Hernández y Sebastián Agustín Rodríguez. La decisión se informará a la Cámara Federal de Casación Penal y al Consejo de la Magistratura de la Nación. Firmaron Jorge Guanziroli y Jorge Eduardo Chávez, un magistrado de Río Gallegos.
Por este caso irán a juicio 21 personas acusadas de tráfico de droga en Puerto Madryn, Trelew, Comodoro Rivadavia y Chile. Solo falta fijar la fecha para las audiencias. A la organización la manejaba un preso desde la Unidad 6, con ayuda de otros internos. Para el menudeo, traían marihuana y cocaína desde el norte.
La banda fue desbaratada por una serie de allanamientos simultáneos el 18 de diciembre de 2015, con 40 kilos de droga secuestrada. El grupo incluyó viejos conocidos del delito valletano, alternadoras y hasta un expolicía de la Comisaría 4ª de Trelew.
La Defensa Pública Oficial de Diego y Sebastián Rodríguez, Mereles, Hernández y el “Turco” Castillo había pedido sus libertades por alcanzarse el plazo máximo de detención admitida por el artículo 1 de la ley 24.390. El Ministerio Público Fiscal se opuso.
Diego Rodríguez y Rivero Sosa están acusados por comercio de estupefacientes, agravado por el número de personas que participaron; Viti, por tenencia agravada de estupefacientes con fines de comercialización; Castillo y Mereles, por comercio agravado de estupefacientes, y Hernández y Sebastián Rodríguez, por comercio de estupefacientes. Todos irán a juicio oral y público.
Viti, Rivero Sosa –paraguayo- y Mereles están detenidos desde el 19 de diciembre de 2015; Castillo, desde el 4 de febrero de 2016, y Hernández y ambos Rodríguez, desde su procesamiento con prisión preventiva el 14 de marzo de 2016.
El Tribunal consideró que si el grupo es condenado, tendrían penas de prisión efectiva. “El tiempo que llevan en cautiverio por imperio legal, frente a la amenaza penal que eventualmente podrían cumplir, en atención a la imputación que les formula el Ministerio Público Fiscal, es demostrativo que hay suficiente evidencia para precaver una eventual intención de fuga, eludiendo la próxima audiencia judicial, puesto que no se acreditó un especial arraigo o exhibió una vocación de sujeción, ni una voluntad de dejar de delinquir, atento que los hechos investigados se produjeron en pleno proceso por estupefacientes ante otro tribunal”.
No solo existe el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación: “También la posible elusión de la carga de concurrir a la audiencia judicial, de próxima realización, donde se ventilarán sus responsabilidades penales y eventualmente se enfrentará con sus aprehensores y sobre el cumplimiento de la eventual condena a recaer”.
Según el artículo 1º de la ley 24.390, la prisión preventiva no puede ser de más de dos años sin que se haya dictado sentencia. “No obstante, cuando la cantidad de los delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de la causa hayan impedido el dictado de la misma en el plazo indicado, este podrá prorrogarse por un año más, por resolución fundada, que deberá comunicarse de inmediato al tribunal superior para su debido contralor”.
Los jueces graficaron que “Conejo Verde” es compleja y voluminosa: 24 cuerpos, 4.725 fojas útiles y 21 procesados. Por eso es necesario prorrogar la prisión preventiva. “Teniendo en cuenta que este Tribunal se avocó al conocimiento de la presente el 18/10/2017, la complicación de la causa, la gravedad del delito atribuido, la sanción que eventualmente podría corresponder a los procesados, y hallándose en pleno trámite el curso del proceso, cuyas presencias son indispensables, ni advirtiéndose irrazonable el tiempo discurrido, en atención a los Convenios Internacionales suscriptos por la República, es necesario extender las prisiones preventivas oportunamente impuestas a los procesados”.#
Por Rolando Tobarez / Twitter: @rtobarez
La Justicia Federal de Comodoro Rivadavia decidió prorrogar la prisión preventiva para siete imputados por el caso “Conejo Verde”. Se trata de Osvaldo Daniel Viti, Hugo Deni Rivero Sosa, Alejandro Vicente Mereles, Jorge Gabriel Castillo, Diego Ricardo Rodríguez, Rubén Oscar Hernández y Sebastián Agustín Rodríguez. La decisión se informará a la Cámara Federal de Casación Penal y al Consejo de la Magistratura de la Nación. Firmaron Jorge Guanziroli y Jorge Eduardo Chávez, un magistrado de Río Gallegos.
Por este caso irán a juicio 21 personas acusadas de tráfico de droga en Puerto Madryn, Trelew, Comodoro Rivadavia y Chile. Solo falta fijar la fecha para las audiencias. A la organización la manejaba un preso desde la Unidad 6, con ayuda de otros internos. Para el menudeo, traían marihuana y cocaína desde el norte.
La banda fue desbaratada por una serie de allanamientos simultáneos el 18 de diciembre de 2015, con 40 kilos de droga secuestrada. El grupo incluyó viejos conocidos del delito valletano, alternadoras y hasta un expolicía de la Comisaría 4ª de Trelew.
La Defensa Pública Oficial de Diego y Sebastián Rodríguez, Mereles, Hernández y el “Turco” Castillo había pedido sus libertades por alcanzarse el plazo máximo de detención admitida por el artículo 1 de la ley 24.390. El Ministerio Público Fiscal se opuso.
Diego Rodríguez y Rivero Sosa están acusados por comercio de estupefacientes, agravado por el número de personas que participaron; Viti, por tenencia agravada de estupefacientes con fines de comercialización; Castillo y Mereles, por comercio agravado de estupefacientes, y Hernández y Sebastián Rodríguez, por comercio de estupefacientes. Todos irán a juicio oral y público.
Viti, Rivero Sosa –paraguayo- y Mereles están detenidos desde el 19 de diciembre de 2015; Castillo, desde el 4 de febrero de 2016, y Hernández y ambos Rodríguez, desde su procesamiento con prisión preventiva el 14 de marzo de 2016.
El Tribunal consideró que si el grupo es condenado, tendrían penas de prisión efectiva. “El tiempo que llevan en cautiverio por imperio legal, frente a la amenaza penal que eventualmente podrían cumplir, en atención a la imputación que les formula el Ministerio Público Fiscal, es demostrativo que hay suficiente evidencia para precaver una eventual intención de fuga, eludiendo la próxima audiencia judicial, puesto que no se acreditó un especial arraigo o exhibió una vocación de sujeción, ni una voluntad de dejar de delinquir, atento que los hechos investigados se produjeron en pleno proceso por estupefacientes ante otro tribunal”.
No solo existe el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación: “También la posible elusión de la carga de concurrir a la audiencia judicial, de próxima realización, donde se ventilarán sus responsabilidades penales y eventualmente se enfrentará con sus aprehensores y sobre el cumplimiento de la eventual condena a recaer”.
Según el artículo 1º de la ley 24.390, la prisión preventiva no puede ser de más de dos años sin que se haya dictado sentencia. “No obstante, cuando la cantidad de los delitos atribuidos al procesado o la evidente complejidad de la causa hayan impedido el dictado de la misma en el plazo indicado, este podrá prorrogarse por un año más, por resolución fundada, que deberá comunicarse de inmediato al tribunal superior para su debido contralor”.
Los jueces graficaron que “Conejo Verde” es compleja y voluminosa: 24 cuerpos, 4.725 fojas útiles y 21 procesados. Por eso es necesario prorrogar la prisión preventiva. “Teniendo en cuenta que este Tribunal se avocó al conocimiento de la presente el 18/10/2017, la complicación de la causa, la gravedad del delito atribuido, la sanción que eventualmente podría corresponder a los procesados, y hallándose en pleno trámite el curso del proceso, cuyas presencias son indispensables, ni advirtiéndose irrazonable el tiempo discurrido, en atención a los Convenios Internacionales suscriptos por la República, es necesario extender las prisiones preventivas oportunamente impuestas a los procesados”.#