Pérez Esquivel: "Vivimos una dictadura del mercado"
El titular de Fundación Servicio, Paz y Justicia (Serpaj) Adolfo Pérez Esquivel aseguró que en el país se está "viviendo una dictadura del mercado" y que la insatisfacción de necesidades básicas puede llevar a "un estallido social".
"Estamos viviendo una dictadura del mercado, imponen condiciones, sentimos las cadenas que son para varias generaciones. Esta película ya la vivimos durante la época de la dictadura", manifestó al referirse a los acuerdos entre el gobierno y el FMI.
"Todo esto es una debacle, si la gente no tiene cubiertas las necesidades básicas, esto puede llevar a estallidos sociales. Trabajamos para que esto no ocurra, para que la violencia no nos vuelva a ganar", añadió en declaraciones a radio FM La Patriada.
Diputados de la oposición y referentes de organizaciones sociales y gremiales firmaron ayer una carta abierta dirigida a la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, en rechazo al acuerdo que firmó el organismo financiero con el Gobierno.
Los dirigentes califican el préstamo como odioso o execrable y sostienen que buscar el equilibrio fiscal ajustando el gasto social conduce al debilitamiento del mercado interno.
La carta "es para generar conciencia en la población de la gravedad de los acuerdos con el Fondo. Están generando un mundo de pobres, un país de pobres, de marginales. Esto es una violencia social que viola el derecho de las personas".
"Tiene que empezar a reaccionar la población a través de acciones concretas como el boicot, hay que volver a actuar con el boicot, la no compra. Es necesario el boicot y la rebelión de los pueblos por medios no violentos", agregó.
Pérez Esquivel consideró que el gobierno nacional aplica una política de achicamiento del Estado y de libre mercado que conlleva la "entrega de recursos".
"Un gobierno que no está al servicio del pueblo es un gobierno que maneja las cosas para otros fines. La política del fondo es la exclusión de las dos terceras partes de la población", indicó.
"Hoy no necesitan de los ejércitos, necesitan imponer políticas de mercado, restricción y reclusión social que tiene la complicidad de jueces y legisladores que se venden por treinta monedas", añadió.
"Estamos viviendo una dictadura del mercado, imponen condiciones, sentimos las cadenas que son para varias generaciones. Esta película ya la vivimos durante la época de la dictadura", manifestó al referirse a los acuerdos entre el gobierno y el FMI.
"Todo esto es una debacle, si la gente no tiene cubiertas las necesidades básicas, esto puede llevar a estallidos sociales. Trabajamos para que esto no ocurra, para que la violencia no nos vuelva a ganar", añadió en declaraciones a radio FM La Patriada.
Diputados de la oposición y referentes de organizaciones sociales y gremiales firmaron ayer una carta abierta dirigida a la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, en rechazo al acuerdo que firmó el organismo financiero con el Gobierno.
Los dirigentes califican el préstamo como odioso o execrable y sostienen que buscar el equilibrio fiscal ajustando el gasto social conduce al debilitamiento del mercado interno.
La carta "es para generar conciencia en la población de la gravedad de los acuerdos con el Fondo. Están generando un mundo de pobres, un país de pobres, de marginales. Esto es una violencia social que viola el derecho de las personas".
"Tiene que empezar a reaccionar la población a través de acciones concretas como el boicot, hay que volver a actuar con el boicot, la no compra. Es necesario el boicot y la rebelión de los pueblos por medios no violentos", agregó.
Pérez Esquivel consideró que el gobierno nacional aplica una política de achicamiento del Estado y de libre mercado que conlleva la "entrega de recursos".
"Un gobierno que no está al servicio del pueblo es un gobierno que maneja las cosas para otros fines. La política del fondo es la exclusión de las dos terceras partes de la población", indicó.
"Hoy no necesitan de los ejércitos, necesitan imponer políticas de mercado, restricción y reclusión social que tiene la complicidad de jueces y legisladores que se venden por treinta monedas", añadió.