Pirámides: Elliot tendrá su auxiliar pero no habrá cursos a los empleados de Educación

La Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn confirmó la orden al Estado provincial para que Elliot, un nene de Puerto Pirámides con retraso madurativo, cuente con una auxiliar de apoyo en la Escuela 87 de esa localidad.
Alexa Efftimof, su madre, había presentado un amparo al cual hizo lugar la jueza de Familia de Puerto Madryn, Delma Irina Viani. El Ministerio de Educación debía reconocerle a Florencia, la profesional en cuestión, 30 horas cátedra en idénticas condiciones laborales anteriores al 31 de diciembre de 2017. Al fallo lo firmaron Julián Jalil y María Villafañe.
Efftimoff debió ir a la Justicia ya que con la excusa del ajuste económico, Florencia fue desplazada de su cargo y obligada a convertirse en monotributista. Implicaba que el nene se quedara sin respaldo en el aula. La mamá reclamó garantizar su derecho a la escolarización de inclusión en jornada completa, de lunes a viernes de 8 a 15.
La jueza también le había encomendado al gobernador Mariano Arcioni que disponga para el personal del Ministerio capacitaciones obligatorias sobre las normas que otorgan garantía constitucional al Derecho a la Educación Inclusiva a las Personas con Discapacidades. También sobre el efecto de dictar resoluciones, disposiciones, circulares y todo acto administrativo que minimicen o desconozcan esos derechos. Pero la Cámara revocó esta parte de la sentencia al considerar que Viani se excedió en sus facultades.
Según el voto de Villafañe, “no tengo ninguna duda que la Provincia con sus políticas de Estado comprendió la trascendencia de la inclusión educativa en toda su magnitud, asumiendo la responsabilidad de un cambio de paradigma que provoca un alumno con discapacidad y su familia, a la institución escolar y a la comunidad”.
Consideró que la Escuela 87 “se insertó en esa dinámica, en lo que seguramente fue un proceso donde cada operador receptó los valores de la inclusión y construido a partir de la cooperación un espacio para resguardar los derechos”.
Villafañe criticó la decisión de Viani de pedirle al gobernador que capacite al Ministerio. “Lo juzgo un exceso en sus facultades y perjudicando otros derechos de raigambre constitucional que también merecen el resguardo jurisdiccional”.
Según la camarista, hasta la familia de Elliot reconoció en el juicio que desde el Nivel Inicial tuvo apoyo para su inclusión educativa en el establecimiento.
“No logré dar con alguna prueba que justifique que el Poder Ejecutivo requiera ser emplazado a capacitar obligatoriamente a todo su personal y menos aún dar cuenta trimestralmente a la jueza de grado”.
La magistrada de Familia había advertido que el Estado tuvo “prejuicios, ignorancia, maltrato, violencia institucional y una lisa y llana discriminación” con el reclamo de la madre. Pero Villafañe evaluó: “No encuentro justificativo para los adjetivos-desprovistos al menos de mesura-, para calificar la conducta del Estado en materia de educación inclusiva, cuando basta como mínima evidencia que la normativa provincial que rige en la materia la reconoce y fue citada por la propia parte para justificar sus derechos”.
Según el fallo, “no se acreditó que la Provincia prescinda de políticas de Estado para la inclusión social de las personas con capacidades diferentes, menos aún que no lo sean para integrarlos en el sistema educativo”.
La Cámara consideró que tampoco se probó en el juicio que en Chubut “no se garantice la igualdad efectiva y la no discriminación en el derecho de la educación de los alumnos con capacidades diferentes, aunque prefiero llamarlos chicos con necesidades educacionales especiales“.
Aunque reconoció el dedicado “celo” de Viani para proteger a Elliot y a los chicos con capacidades especiales, “habiendo dado respuesta a la necesidad de salvaguardar sus derechos, las decisiones que adopta respecto de la encomienda al gobernador como al emplazamiento al Ministerio de Educación se presenta como una injerencia del Poder Judicial en políticas de Estado que corresponden a la Administración Pública y no tengo argumentos que justifiquen su admisión”.
“La misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de saberse mantener dentro de la órbita de su jurisdicción, sin menoscabar las funciones que incumben a los otros poderes o jurisdicciones”, explicó.
Según el voto de Jalil, el otro camarista, la escasez de recursos exige priorizar algunas necesidades colectivas en detrimento de otras. “El Poder Judicial debe transitar este terreno con cautela”, pues el uso de los recursos estatales es facultad de los Poderes Ejecutivo y Legislativo. “El Poder Judicial, no cuenta con información completa a nivel macroeconómico que permita tener cabal conciencia de qué se gana y qué se pierde cuando se modifican por efecto de una sentencia las asignaciones presupuestarias.
“El sacrificio de ciertos intereses en pos del resguardo de otros supone una decisión trágica que escapa a la jurisdicción del Poder Judicial (…) El solo hecho de que a una persona no le sean proporcionados determinados bienes de la vida no resulta en sí mismo violatorio de la Constitución, cuando lo bienes son escasos y las necesidades infinitas”.
Según el voto de Jalil, no hay evidencia de que el caso de Elliot se repita con otros chicos en otras escuelas como para justificar una intromisión judicial. La resolución de Viani “es un exceso jurisdiccional arbitrario, pues no reposa en elementos objetivos precisos que justifiquen esa decisión”. Elliot tuvo apoyo a la inclusión desde el Nivel Inicial. “No se advierten elementos que justifiquen las capacitaciones obligatorias pues nada indica que el personal no esté capacitado”. #