Comodoro: ofrecían servicios sexuales y luego extorsionaban con escraches en las redes sociales
Se concretó en Comodoro Rivadavia la audiencia preliminar que tiene como imputados a Nanci Beatriz Bazan y Darío Rubén Gómez.
El funcionario de Fiscalía, Ricardo Carreño, solicitó que se eleve la causa a juicio oral y público bajo la calificación legal de “extorsión dos hechos en grado de tentativa y dos consumados, tres de ellos agravados por la simulación de autoridad pública, todos bajo la modalidad de asociación ilícita”.
Los defensores Viviana Barillari y Esteban Mantecón cuestionaron la calificación legal escogida y postularon la figura de “amenazas coactivas”.
Los hechos incluidos en la acusación acontecieron el 8 de abril del presente año cuando la primera víctima recibe mensajes intimidatorios por WhatsApp: “Vas a pagar porque si no te escracho. Tenía que pagar 3.000 $, pero con 2.000 estamos. Si no me pagás te mando un patrullero a tu casa”, informó una gacetilla de la Fiscalía.
La segunda víctima también es contactada vía WhatsApp, el pasado 14 de abril, utilizado por la banda para ofrecer servicios sexuales, y que al frustrarse le dicen que igual tiene que pagar sino lo “escrachan” en las redes sociales. Se identifica como Pablo Lobos, el segundo de la Brigada de Investigaciones local, luego deposita una suma de dinero que es retirada por Cristian Ozorio Bazan.
La tercera víctima también es contactada con el fin de averiguar servicios sexuales que no concretó. “Tenés que pagar sino le aviso a mi jefe Pablo Lobos” le refieren por teléfono y entrega dinero en varias oportunidades.
El cuarto hecho también se produce cuando la víctima es contactada por mensajes de WhatsApp para ofrecer servicios sexuales, cuando surge que debían adelantar el encuentro y la víctima no podía, entonces es amenazado con ser escachado en las redes sociales.
Los hechos fueron calificados jurídicamente como “extorsión, dos hechos en grado de tentativa y dos consumados, bajo la modalidad de asociación ilícita, tres de ellos simulando autoridad pública”, en calidad de coautores para los imputados. Con una pretensión punitiva de 5 años y 10 meses de prisión, en caso de recaer condena.
El juez Martín Cosmaro resolvió autorizar que se eleve a juicio la causa conforme a los solicitado por el Ministerio Público Fiscal por la figura de extorsión, y no por amenazas coactivas como postularon las defensas.
El funcionario de Fiscalía, Ricardo Carreño, solicitó que se eleve la causa a juicio oral y público bajo la calificación legal de “extorsión dos hechos en grado de tentativa y dos consumados, tres de ellos agravados por la simulación de autoridad pública, todos bajo la modalidad de asociación ilícita”.
Los defensores Viviana Barillari y Esteban Mantecón cuestionaron la calificación legal escogida y postularon la figura de “amenazas coactivas”.
Los hechos incluidos en la acusación acontecieron el 8 de abril del presente año cuando la primera víctima recibe mensajes intimidatorios por WhatsApp: “Vas a pagar porque si no te escracho. Tenía que pagar 3.000 $, pero con 2.000 estamos. Si no me pagás te mando un patrullero a tu casa”, informó una gacetilla de la Fiscalía.
La segunda víctima también es contactada vía WhatsApp, el pasado 14 de abril, utilizado por la banda para ofrecer servicios sexuales, y que al frustrarse le dicen que igual tiene que pagar sino lo “escrachan” en las redes sociales. Se identifica como Pablo Lobos, el segundo de la Brigada de Investigaciones local, luego deposita una suma de dinero que es retirada por Cristian Ozorio Bazan.
La tercera víctima también es contactada con el fin de averiguar servicios sexuales que no concretó. “Tenés que pagar sino le aviso a mi jefe Pablo Lobos” le refieren por teléfono y entrega dinero en varias oportunidades.
El cuarto hecho también se produce cuando la víctima es contactada por mensajes de WhatsApp para ofrecer servicios sexuales, cuando surge que debían adelantar el encuentro y la víctima no podía, entonces es amenazado con ser escachado en las redes sociales.
Los hechos fueron calificados jurídicamente como “extorsión, dos hechos en grado de tentativa y dos consumados, bajo la modalidad de asociación ilícita, tres de ellos simulando autoridad pública”, en calidad de coautores para los imputados. Con una pretensión punitiva de 5 años y 10 meses de prisión, en caso de recaer condena.
El juez Martín Cosmaro resolvió autorizar que se eleve a juicio la causa conforme a los solicitado por el Ministerio Público Fiscal por la figura de extorsión, y no por amenazas coactivas como postularon las defensas.