El Bolsón: Desactivaron otra toma en la costa del río Quemquemtreu
La justicia rionegrina ocupó buena parte de la jornada del último viernes para desalojar a un grupo de personas que había tomado un lote del Departamento Provincial de Aguas, en el sector conocido como “Puente de los Aplausos”, en el barrio Luján, en la zona norte de El Bolsón. En coincidencia, se identificó e imputó por el delito de usurpación a un total de 12 vecinos.
Desde el Ministerio Público Fiscal se confirmó que “se intervino en un espacio público usurpado, logrando de forma pacífica su desalojo” y que “dicha jurisdicción, por ser ribera, corresponde al DPA”.
En detalle, se recordó que “el grupo de personas había ingresado el día 10 de octubre, aproximadamente a las 17.20, de manera masiva y clandestina, a ese espacio público aprovechando la ausencia del personal del mencionado organismo provincial, invadiendo y delimitando el sector con postes de madera y alambres, colocando carpas y un cartel de tela con la inscripción ‘Vecinos unidos´”.
Agrega la acusación que “despojaron de este modo la posesión detentada por el DPA, negándose a irse del lugar con las intimaciones y advertencias sobre riesgos de inundación que representa el lugar, consumando de esta manera la usurpación endilgada”.
En consecuencia, “el desalojo inmediato fue solicitado por la fiscalía con el objetivo de hacer cesar el delito y evitar la consolidación de la ocupación ilegal. Dicho pedido se realizó en el marco de una audiencia donde se le formularon cargos por usurpación a una decena de personas”.
De igual modo, “haciendo lugar a todo lo requerido por la fiscalía, el juez que tuvo por formulados los cargos dispuso el desalojo y determinó la inmediata restitución del lote a sus poseedores legales”.
El operativo, a cargo del fiscal Francisco Arrien, contó por el apoyo y colaboración de personal de la policía de Río Negro, hospital, bomberos voluntarios, Defensa Civil y agentes del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia “para atender casos que requerían especial atención, dado su situación de vulnerabilidad social”, se indicó.
La mayoría de los ocupantes, “anoticiados de la medida de desalojo dispuesta, lo hicieron por su propia voluntad y de manera pacífica, dejando el predio sin ocupantes alrededor de las tres de la tarde y restituyendo a su titular la posesión del mismo en ese momento”, indicaron.
Formulación de cargos
En otro orden, los fiscales Martín Lozada y Francisco Arrien formularon cargos a dos de las personas acusadas por la usurpación de un campo en la zona de El Foyel, ocurrida el día 15 de octubre, el cual fue luego desalojado de manera pacífica.
Según la acusación, “una mujer y un hombre entre las 8.30 y 9.30 aproximadamente del día 15 de octubre ingresaron de manera masiva y clandestina al predio identificado catastralmente mediante escritura pública del 30 de noviembre de 2005, ubicado en el paraje El Foyel, del Departamento San Carlos de Bariloche”.
De esta manera, “invadieron el lugar con un grupo de personas en un número indeterminado aún -y de identidad que al momento no se conoce en su totalidad-, cerrando el paso a la propiedad, cruzando dos troncos e instalando un cartel con letras negras con la inscripción ‘Lof Gallardo Calfú’; impidiendo en consecuencia la circulación del propietario de la finca y de su grupo familiar, que se encontraban en el lugar”.
A criterio de la justicia, “la evidencia reunida -y que sustentó esta audiencia-, cuenta con el acta de constatación policial realizada el 15 de octubre, acta de relevamiento fotográfico realizado por personal del Gabinete de Criminalística de El Bolsón, imagen de mapa catastral aportada por la oficina de Catastro Municipal de El Bolsón, Escritura Pública y resumen de pago junto a recibos, realizado por el propietario, entre otros elementos”.
Los abogados por la querella “adhirieron a todos los términos planteados por la fiscalía”, se puntualizó.
Ambos acusados “fueron asistidos por un defensor particular” y “la mujer en primer lugar hizo uso de su derecho a declarar y brindó su versión de los hechos y de cómo sucedieron los mismos. Hizo lo propio el otro imputado, quien se presentó de manera voluntaria en el Juzgado de Paz de El Bolsón”.
En ese marco, el abogado particular -en el marco de esta audiencia multipropósito-, solicitó que sus clientes “sean sobreseidos y puestos inmediatamente en libertad”, al tiempo que se opuso al plazo de cuatro meses pedido para la investigación. Remarcó que “la medida del desalojo vulnera el debido derecho de defensa y el debido proceso, sin haber escuchado a las partes involucradas”. En consecuencia, el magistrado que dirigió la audiencia “hizo lugar a las reservas planteadas por la defensa en relación al debido proceso. Rechazó el sobreseimiento, revocó además la rebeldía y captura para ambos acusados dictada oportunamente”.
Finalmente, tuvo por formulados los cargos por el delito de usurpación y habilitó el plazo de investigación por el término de cuatro meses, para que las partes produzcan la prueba acorde a sus intereses procesales.
La justicia rionegrina ocupó buena parte de la jornada del último viernes para desalojar a un grupo de personas que había tomado un lote del Departamento Provincial de Aguas, en el sector conocido como “Puente de los Aplausos”, en el barrio Luján, en la zona norte de El Bolsón. En coincidencia, se identificó e imputó por el delito de usurpación a un total de 12 vecinos.
Desde el Ministerio Público Fiscal se confirmó que “se intervino en un espacio público usurpado, logrando de forma pacífica su desalojo” y que “dicha jurisdicción, por ser ribera, corresponde al DPA”.
En detalle, se recordó que “el grupo de personas había ingresado el día 10 de octubre, aproximadamente a las 17.20, de manera masiva y clandestina, a ese espacio público aprovechando la ausencia del personal del mencionado organismo provincial, invadiendo y delimitando el sector con postes de madera y alambres, colocando carpas y un cartel de tela con la inscripción ‘Vecinos unidos´”.
Agrega la acusación que “despojaron de este modo la posesión detentada por el DPA, negándose a irse del lugar con las intimaciones y advertencias sobre riesgos de inundación que representa el lugar, consumando de esta manera la usurpación endilgada”.
En consecuencia, “el desalojo inmediato fue solicitado por la fiscalía con el objetivo de hacer cesar el delito y evitar la consolidación de la ocupación ilegal. Dicho pedido se realizó en el marco de una audiencia donde se le formularon cargos por usurpación a una decena de personas”.
De igual modo, “haciendo lugar a todo lo requerido por la fiscalía, el juez que tuvo por formulados los cargos dispuso el desalojo y determinó la inmediata restitución del lote a sus poseedores legales”.
El operativo, a cargo del fiscal Francisco Arrien, contó por el apoyo y colaboración de personal de la policía de Río Negro, hospital, bomberos voluntarios, Defensa Civil y agentes del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia “para atender casos que requerían especial atención, dado su situación de vulnerabilidad social”, se indicó.
La mayoría de los ocupantes, “anoticiados de la medida de desalojo dispuesta, lo hicieron por su propia voluntad y de manera pacífica, dejando el predio sin ocupantes alrededor de las tres de la tarde y restituyendo a su titular la posesión del mismo en ese momento”, indicaron.
Formulación de cargos
En otro orden, los fiscales Martín Lozada y Francisco Arrien formularon cargos a dos de las personas acusadas por la usurpación de un campo en la zona de El Foyel, ocurrida el día 15 de octubre, el cual fue luego desalojado de manera pacífica.
Según la acusación, “una mujer y un hombre entre las 8.30 y 9.30 aproximadamente del día 15 de octubre ingresaron de manera masiva y clandestina al predio identificado catastralmente mediante escritura pública del 30 de noviembre de 2005, ubicado en el paraje El Foyel, del Departamento San Carlos de Bariloche”.
De esta manera, “invadieron el lugar con un grupo de personas en un número indeterminado aún -y de identidad que al momento no se conoce en su totalidad-, cerrando el paso a la propiedad, cruzando dos troncos e instalando un cartel con letras negras con la inscripción ‘Lof Gallardo Calfú’; impidiendo en consecuencia la circulación del propietario de la finca y de su grupo familiar, que se encontraban en el lugar”.
A criterio de la justicia, “la evidencia reunida -y que sustentó esta audiencia-, cuenta con el acta de constatación policial realizada el 15 de octubre, acta de relevamiento fotográfico realizado por personal del Gabinete de Criminalística de El Bolsón, imagen de mapa catastral aportada por la oficina de Catastro Municipal de El Bolsón, Escritura Pública y resumen de pago junto a recibos, realizado por el propietario, entre otros elementos”.
Los abogados por la querella “adhirieron a todos los términos planteados por la fiscalía”, se puntualizó.
Ambos acusados “fueron asistidos por un defensor particular” y “la mujer en primer lugar hizo uso de su derecho a declarar y brindó su versión de los hechos y de cómo sucedieron los mismos. Hizo lo propio el otro imputado, quien se presentó de manera voluntaria en el Juzgado de Paz de El Bolsón”.
En ese marco, el abogado particular -en el marco de esta audiencia multipropósito-, solicitó que sus clientes “sean sobreseidos y puestos inmediatamente en libertad”, al tiempo que se opuso al plazo de cuatro meses pedido para la investigación. Remarcó que “la medida del desalojo vulnera el debido derecho de defensa y el debido proceso, sin haber escuchado a las partes involucradas”. En consecuencia, el magistrado que dirigió la audiencia “hizo lugar a las reservas planteadas por la defensa en relación al debido proceso. Rechazó el sobreseimiento, revocó además la rebeldía y captura para ambos acusados dictada oportunamente”.
Finalmente, tuvo por formulados los cargos por el delito de usurpación y habilitó el plazo de investigación por el término de cuatro meses, para que las partes produzcan la prueba acorde a sus intereses procesales.