Más de 4.200 menores fueron víctimas de violencia sexual en escuelas de Ecuador
Más de 4.200 niños y adolescentes sufrieron violencia sexual en las escuelas de Ecuador desde 2014, denunció la organización humanitaria Human Rights Watch (HRW) en un informe divulgado hoy
Los abusos se produjeron pese a que el país adoptó medidas para enfrentar el problema y acelerar el tratamiento de los casos en la justicia, ya que estas políticas y protocolos no son siempre seguidos por muchas escuelas, la fiscalía o el sistema judicial, según denuncia el informe de 75 páginas.
"Ecuador fracasó en proteger a muchos niños y adolescentes de la violencia sexual ligada a la escuela, lo cual impacta en toda su vida, incluido en su derecho a la educación", dijo Elin Martínez, investigadora de HRW y autora del informe, en un comunicado difundido hoy.
"Serias brechas en los sistemas de educación y justicia en Ecuador dejan a muchos niños y adolescentes sin protección, expuestos a abusos horribles, estigmatizados por reportar los abusos, y bajo riesgo de que se repita el trauma", añade el texto reproducido por la agencia de noticias AFP.
El informe menciona al menos 4.221 casos analizados por HRW, pero la organización advierte que podrían ser mucho más, ya que estos casos muchas veces no son denunciados.
La ONG entrevistó a 83 personas, incluidas varias víctimas y sus familiares, y halló que maestros, personal escolar, limpiadores o choferes de buses escolares cometieron delitos sexuales contra menores de todas las edades, incluidos niños con discapacidad, en escuelas públicas y privadas.
El informe, titulado "'Es una lucha constante': la violencia sexual ligada a la escuela y la lucha de los jóvenes sobrevivientes por justicia en Ecuador", documenta los serios obstáculos que las víctimas y sus familias enfrentan cuando buscan justicia.
El actual Gobierno, presidido por Lenín Moreno, publicó en julio de 2017 datos sobre violencia sexual y adoptó un protocolo vinculante que obligaba a todos los adultos relacionados a los centros a denunciar situaciones en un plazo de 24 horas.
También creó una base de datos y otras herramientas para facilitar la denuncia, las investigaciones y, en última instancia, el procesamiento de los responsables.
"Las acciones de Ecuador en los últimos años para reconocer y afrontar la violencia sexual en las escuelas son importantes, pero deberían centrarse en impedir futuros abusos", subrayó Martínez.
HRW da cuenta de la poca presencia de psicólogos y asesores en los centros, claves para la detección de los casos, así como una menor incidencia de las medidas en las escuelas privadas.
Además, la ONG también detectó trabas en el terreno judicial, como lo demuestra el hecho de que entre 2015 y 2019 solo el 3% de los casos denunciados terminaron en juicio.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos alcanzó un hito este 2020 al estudiar el primer caso de violencia sexual en Ecuador, el de Paola Guzmán Albarracín, una estudiante que fue violada durante más de un año por el subdirector de su instituto y terminó quitándose la vida en 2002.
El tribunal ordenó al Estado ecuatoriano indemnizar a la familia de la víctima y rendirle un homenaje público antes de que terminase el año.
Los abusos se produjeron pese a que el país adoptó medidas para enfrentar el problema y acelerar el tratamiento de los casos en la justicia, ya que estas políticas y protocolos no son siempre seguidos por muchas escuelas, la fiscalía o el sistema judicial, según denuncia el informe de 75 páginas.
"Ecuador fracasó en proteger a muchos niños y adolescentes de la violencia sexual ligada a la escuela, lo cual impacta en toda su vida, incluido en su derecho a la educación", dijo Elin Martínez, investigadora de HRW y autora del informe, en un comunicado difundido hoy.
"Serias brechas en los sistemas de educación y justicia en Ecuador dejan a muchos niños y adolescentes sin protección, expuestos a abusos horribles, estigmatizados por reportar los abusos, y bajo riesgo de que se repita el trauma", añade el texto reproducido por la agencia de noticias AFP.
El informe menciona al menos 4.221 casos analizados por HRW, pero la organización advierte que podrían ser mucho más, ya que estos casos muchas veces no son denunciados.
La ONG entrevistó a 83 personas, incluidas varias víctimas y sus familiares, y halló que maestros, personal escolar, limpiadores o choferes de buses escolares cometieron delitos sexuales contra menores de todas las edades, incluidos niños con discapacidad, en escuelas públicas y privadas.
El informe, titulado "'Es una lucha constante': la violencia sexual ligada a la escuela y la lucha de los jóvenes sobrevivientes por justicia en Ecuador", documenta los serios obstáculos que las víctimas y sus familias enfrentan cuando buscan justicia.
El actual Gobierno, presidido por Lenín Moreno, publicó en julio de 2017 datos sobre violencia sexual y adoptó un protocolo vinculante que obligaba a todos los adultos relacionados a los centros a denunciar situaciones en un plazo de 24 horas.
También creó una base de datos y otras herramientas para facilitar la denuncia, las investigaciones y, en última instancia, el procesamiento de los responsables.
"Las acciones de Ecuador en los últimos años para reconocer y afrontar la violencia sexual en las escuelas son importantes, pero deberían centrarse en impedir futuros abusos", subrayó Martínez.
HRW da cuenta de la poca presencia de psicólogos y asesores en los centros, claves para la detección de los casos, así como una menor incidencia de las medidas en las escuelas privadas.
Además, la ONG también detectó trabas en el terreno judicial, como lo demuestra el hecho de que entre 2015 y 2019 solo el 3% de los casos denunciados terminaron en juicio.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos alcanzó un hito este 2020 al estudiar el primer caso de violencia sexual en Ecuador, el de Paola Guzmán Albarracín, una estudiante que fue violada durante más de un año por el subdirector de su instituto y terminó quitándose la vida en 2002.
El tribunal ordenó al Estado ecuatoriano indemnizar a la familia de la víctima y rendirle un homenaje público antes de que terminase el año.