Todos recibirán una inhabilitación perpetua
El investigador de la Causa Revelación dijo que pedirá penas de entre 3 a 10 años pero que lo central es que nadie podrá volver a ser funcionario público. Y mostró cautela con la chance de iniciar más causas con la lista de sobresueldos. “Fue un desafío haber probado la asociación ilícita”, subrayó.
Visiblemente satisfecho con el fallo, el fiscal de la Causa Revelación, Marcos Nápoli, consideró “un desafío” el haber probado que existió una asociación ilícita entre 2015 y 2017. Y anticipó que en la audiencia de cesura de pena pedirá varias penas de cárcel de efectivo cumplimiento. “Fue un caso tremendo, por la cuantía del daño provocado. La sociedad pudo ver cuál fue esta maniobra y los jueces fueron muy claros. Fue un fallo de una calidad técnica insoslayable, digno de destacar en nuestra provincia”.
Sobre los pedidos de penas, hay imputados que estuvieron en prisión preventiva y ese encierro se les debe computar. Pero otros no. “Hay una fracción de tiempo que va de los 3 a los 10 años de prisión. Va a haber variedad en ese rango de penas: pedidos de pena corta pero con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y otras que van a ser de efectivo cumplimiento”, aclaró.
Subrayó que en rigor, todas las penas incluirán inhabilitación para ocupar cargos públicos. “La Ley de Ficha Limpia es muy loable pero acá tenemos algo mucho más gravoso, porque en Ficha Limpia pueden ejercer cargos mientras no haya condena firme, y dura el tiempo de la condena. Pero desde ahora hemos obtenido, y a no dudarlo, inhabilitaciones perpetuas para que estas personas no vuelvan nunca más al Estado. Es incontrastable”.
En cuanto al enriquecimiento ilícito de Gonzalo Carpintero, adelantó que pedirá la recuperación de los bienes obtenidos con plata negra “hasta llegar al porcentaje que los jueces comprobaron el enriquecimiento”.
Algunos de las condenas incluyeron exacciones y otras, cohecho. Nápoli explicó: “La exacción es el funcionario que presiona a un privado para que le pague una coima. Ponen contra la pared a los empresarios y lo ahogan financieramente para someterlo a ese cobro espurio. Es una extorsión para someter y coadyuvar a una persona para que no pueda decidir libremente”.
En cambio en el cohecho, hay “contubernio y un contrato verbal entre las partes, que se ponen de acuerdo para pagar una coima si se liberaba el pago a determinada empresa. Era una aberración que se hacía en el Poder Ejecutivo”.
En cuanto a la recomendación del tribunal para investigar completa la lista de sobresueldos, advirtió que “para construir un caso penal hay que tener las pruebas que existen, no alcanza con la necesidad o expectativa de la sociedad. Esas anotaciones son anotaciones, sólo ese dato. Sucede que para algunos casos teníamos más prueba”. Habrá que ver si una pesquisa puede acumular más datos vinculados con el resto de los nombres.
-¿Cómo le cae que finalmente un tribunal diga que el jefe del esquema era Mario Das Neves?
-Lo venimos ratificando en los 3 años de investigación. Recuerdo reunirme con Héctor Iturrioz y haber dicho que esto comenzó con la anuencia del gobernador. Lo dijimos en la primera audiencia. Esto no se podía organizar ni ellos se podían congeniar si no era por parte de quien tenía la primera magistratura. No era alguien a quien se lo podía pasar por encima o hacer algo sin su consentimiento.
Visiblemente satisfecho con el fallo, el fiscal de la Causa Revelación, Marcos Nápoli, consideró “un desafío” el haber probado que existió una asociación ilícita entre 2015 y 2017. Y anticipó que en la audiencia de cesura de pena pedirá varias penas de cárcel de efectivo cumplimiento. “Fue un caso tremendo, por la cuantía del daño provocado. La sociedad pudo ver cuál fue esta maniobra y los jueces fueron muy claros. Fue un fallo de una calidad técnica insoslayable, digno de destacar en nuestra provincia”.
Sobre los pedidos de penas, hay imputados que estuvieron en prisión preventiva y ese encierro se les debe computar. Pero otros no. “Hay una fracción de tiempo que va de los 3 a los 10 años de prisión. Va a haber variedad en ese rango de penas: pedidos de pena corta pero con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y otras que van a ser de efectivo cumplimiento”, aclaró.
Subrayó que en rigor, todas las penas incluirán inhabilitación para ocupar cargos públicos. “La Ley de Ficha Limpia es muy loable pero acá tenemos algo mucho más gravoso, porque en Ficha Limpia pueden ejercer cargos mientras no haya condena firme, y dura el tiempo de la condena. Pero desde ahora hemos obtenido, y a no dudarlo, inhabilitaciones perpetuas para que estas personas no vuelvan nunca más al Estado. Es incontrastable”.
En cuanto al enriquecimiento ilícito de Gonzalo Carpintero, adelantó que pedirá la recuperación de los bienes obtenidos con plata negra “hasta llegar al porcentaje que los jueces comprobaron el enriquecimiento”.
Algunos de las condenas incluyeron exacciones y otras, cohecho. Nápoli explicó: “La exacción es el funcionario que presiona a un privado para que le pague una coima. Ponen contra la pared a los empresarios y lo ahogan financieramente para someterlo a ese cobro espurio. Es una extorsión para someter y coadyuvar a una persona para que no pueda decidir libremente”.
En cambio en el cohecho, hay “contubernio y un contrato verbal entre las partes, que se ponen de acuerdo para pagar una coima si se liberaba el pago a determinada empresa. Era una aberración que se hacía en el Poder Ejecutivo”.
En cuanto a la recomendación del tribunal para investigar completa la lista de sobresueldos, advirtió que “para construir un caso penal hay que tener las pruebas que existen, no alcanza con la necesidad o expectativa de la sociedad. Esas anotaciones son anotaciones, sólo ese dato. Sucede que para algunos casos teníamos más prueba”. Habrá que ver si una pesquisa puede acumular más datos vinculados con el resto de los nombres.
-¿Cómo le cae que finalmente un tribunal diga que el jefe del esquema era Mario Das Neves?
-Lo venimos ratificando en los 3 años de investigación. Recuerdo reunirme con Héctor Iturrioz y haber dicho que esto comenzó con la anuencia del gobernador. Lo dijimos en la primera audiencia. Esto no se podía organizar ni ellos se podían congeniar si no era por parte de quien tenía la primera magistratura. No era alguien a quien se lo podía pasar por encima o hacer algo sin su consentimiento.