De Boca en Boca y #DesdeElTwitter

“Chechu” vs. “Guille”: Torres Otárola salió a replicar con dureza las acusaciones de Quiroga, el líder de ATE. ¿Dónde está Huichaqueo? El Superior confirmó la cesantía de una empleada de los juzgados laborales de Trelew. Y más.

Enfrentados. “Chechu” (izquierda) dijo que Quiroga la acusó con mentiras y explicó su situación.
30 MAY 2021 - 21:00 | Actualizado

Tras las declaraciones de la semana pasada del líder de ATE, Guillermo Quiroga, que la acusó de seguir cobrando un sueldo del Estado sin concurrir a ninguna dependencia, la exdiputada provincial y exministra de Familia, Cecilia Torres Otárola, distribuyó públicamente una réplica en la que asegura que las expresiones de Quiroga “son carentes de veracidad, así como configuran hasta cierto punto un agravio a mi persona y honra”.

Torres Otárola afirma que “percibo mis haberes conforme lo establece la ley como agente de planta permanente del Ministerio de Salud. Actualmente me encuentro con solicitud de cambio de asiento de funciones al Hospital de Rawson, el cual no se resuelve desde el 4 de agosto del 2020, existiendo incluso una solicitud de pronto despacho ante el Ministerio desde el 26 de marzo del 2021 y el cual no ha sido respondido”.

“Evidentemente –agrega la exministra- el Sr. Quiroga emite dichas expresiones con mala fe o desconocimiento del Derecho. Nunca he sido sumariada, mi hoja laboral es impecable, y si he sido investigada ha sido a instancias mías, para que pueda aclararse todo cuanto se me imputa, no siendo hasta el día de la fecha procesada y mucho menos condenada. Por si algún distraído se le escapa, se es inocente hasta que la Justicia establece lo contrario, siendo de remarcar que, de todo lo actuado, la Justicia no ha encontrado nada de que responsabilizarme, por ende, no corresponde sumario, o inhabilitación alguna”.

Torres Otárola se queja, además, porque Quiroga la acusa de hacer política social en la Cordillera desde una agrupación política: “Pues el Sr. Quiroga habla desde la ignorancia y mala fe más absoluta que se puede tener. Sus expresiones rozan lo calumnioso e injuriante. Debo dejar expresamente asentado que la acción social que realizo la hago desde la Fundación Celedonio Rodera con personería jurídica 4516. No hay ningún partido político atrás de esa acción social”, asegura Torres Otárola, que repite que si bien es empleada del Ministerio de Salud, “no trabajo en el Ministerio actualmente, poseo una licencia médica. Mi asiento de funciones original es el Hospital de Trevelin, pero al mudarme a la ciudad de Rawson junto con mis hijos he pedido el correspondiente pase que el Ministro de Salud se niega a firmar. Mi cambio de asiento de vida se corresponde con temas familiares, buscando una mejor calidad de vida para mis hijos y familia, en razón de problemas de índole familiar con el padre de los mismos”, agrega.

“La realidad de todo lo expresado por el Sr. Quiroga es que cae por su propio peso. Cada una de mis expresiones tienen un sustento documental, presido la Fundación Celedonio Rodera y mi mayor compromiso sigue siendo el pueblo y los más necesitados. El Sr. Quiroga comenzó una campaña política en mi contra. Pensando que todos estamos en el mismo camino, me gustaría decirle que como referente de ATE trabaje para la gente y ponga sus energías en eso. Hoy, no es el momento de acusar para lograr acuerdos políticos. Por si no se enteró, quiero refrescarle que estamos en guerra contra un virus y, lo más importante, el hambre y necesidad del pueblo de Chubut”.

¿Dónde está Huichaqueo?

Esa fue la pregunta que se le hizo al ministro de Familia, Gustavo Hermida, luego de que se dieran a conocer planteos sobre la posibilidad que la extitular de la cartera, Leticia Huichaqueo, siga cobrando un salario sin ir a trabajar, como sugirió la dirigencia de ATE.

Según explicó el funcionario, la antecesora en su cargo y hoy procesada por malversación y robo de mercadería durante la emergencia climática en Comodoro Rivadavia, sigue siendo agente del Ministerio de Familia y está trabajando en Gaiman: “Si mal no lo recuerdo en una biblioteca de esa localidad en donde está adscripta”, afirmó Hermida. Lo que no sabe el ministro es si la biblioteca está funcionando.

Sobre la continuidad de Huichaqueo como empleada del Estado, Hermida aclaró que “hay que esperar que la Justicia dictamine y luego seguir los procedimientos que correspondan. Entiendo que una persona condenada no puede seguir prestando funciones”.

Cesantía confirmada

Un acuerdo plenario del Superior Tribunal de Justicia de Chubut confirmó la cesantía de la exempleada Gisela Clavio, despedida del Poder Judicial por sus reiteradas faltas sin justificación a su trabajo en los Juzgados Laborales de Trelew. Lo decidieron los ministros subrogantes Enrique Fiordelesi, Aldo De Cunto y Claudio Petris.

Clavio había interpuesto un recurso jerárquico contra la Resolución de Superintendencia Administrativa N° 9572/21 que la dejó cesante como oficial superior tras un sumario administrativo.

En su recurso no discutió las inasistencias pero insistió con que estaban justificadas ya que estaba adherida a medidas de fuerza y estaba alcanzada por la cobertura del decreto presidencial sobre aislamiento obligatorio. Pero para el STJ, “Clavio se ausentó sin cumplir con las reglamentaciones para justificar esas ausencias”. Esas faltas requerían de una justificación que ella recién cumplió en agosto de 2020.

El dato es central: incumplió a sabiendas, según los subrogantes del STJ. “No puede aceptarse que sólo fue ‘una omisión involuntaria’ en el retardo para remitir la documental. Es dificultoso sostener, como único argumento válido, que los hechos puedan quedar comprobados con sólo una mera referencia a un intercambio de mensajes vía WhatsApp con el encargado administrativo de los Juzgados Laborales”.

Entre otros papeles, Clavio presentó un certificado del jardín Kinderland, una nota que deja constancia que su pareja trabaja para una compañía telefónica y puede circular ya que es esencial para las telecomunicaciones, y alta de una empleada doméstica para asistencia y cuidado de personas.

“Aún con una mirada más flexible y permisiva respecto de la justificación de las inasistencias, que permitiría tener cierta tolerancia cuando se cumple unos días más tarde o cuando hayan razones exculpantes de la tardanza basada en cuestiones de salud, fuerza mayor, etcétera, no se puede dejar de lado que Clavio tardó más de dos meses en justificar que podía estar alcanzada por el inciso ‘k’”. La agente cesanteada pudo contar con toda la documental que invoca “recién el mismo día en que la remitió a RRHH. Por desidia o por omisión, no acreditó una situación que requería previa justificación”.

La exempleada “quedó sujeta a las consecuencias de su propia inacción y no tuvo la diligencia necesaria de su particular situación personal, a la que puso por encima de las previsiones reglamentarias lo cual es, a todas luces, improcedente”.

El STJ advirtió que una cosa es ser “informal” y otra “la ausencia total de formas”. Si se confunden “acarrearía un caos administrativo inimaginable máxime si se trata de una agente que expresa tener 11 años de antigüedad en el Poder Judicial”. Del expediente tampoco surge que alguna vez haya coordinado hacer teletrabajo, pese a que reiteradamente se lo propusieron.

Su argumento sobre que sus compañeros laborales “voluntariamente, sea por solidaridad, colaboración o consenso, estuvieron de acuerdo en cubrir la concurrencia mínima al organismo”, no coincide con las convocatorias que le hicieron tres veces los tres jueces, que por eso la denunciaron. Las ausencias de Clavio se remontaban a 2019.

Según el acuerdo, además de sus numerosas faltas certificadas, Clavio no fue a su trabajo por 28 días aunque debía cubrir guardias mínimas. “Se pone de manifiesto una equivocada actitud en relación a su situación laboral, al permanecer ajena al cumplimiento de la obligación de acreditar la documental que le era exigible, para abocarse a su realidad personal sin poner la mínima diligencia esperable”. De acuerdo a los ministros subrogantes, “erró el camino y, desde un principio, soslayó el conjunto de obligaciones que sobre ella pesaban”.

En cuanto a cuanto a la cuestión de género que “tardía y sutilmente, se intenta introducir”, los jueces dijeron que durante la vigencia del inciso “k” hubo 31 casos que se acogieron y 26 eran mujeres. Incluyendo Clavio.

Un pedido sorpresivo

La semana pasada era clave para el Caso Ronald Guerra, que investiga la muerte del joven a manos de un conductor que lo embistió en estado de ebriedad en Playa Unión. Es que se definía la continuidad o no de la prisión preventiva de Nicolás Suganuma, el médico acusado de homicidio.

Hubo dos audiencias: la primera presidida por el juez Gustavo Castro; y la segunda, de revisión a su decisión, integrada por otros dos jueces, quienes coincidieron todos en mantener la medida de coerción por un mes más.

Lo que a algunos les llamó la atención fue el planteo del Ministerio Público Fiscal, encabezado por el fiscal Fernando Rivarola, quien solicitó la libertad del imputado. En la causa, aparte de Fiscalía, también actúan el defensor y la querella por parte de la familia de la víctima. Precisamente, desde la querella se planteó la necesidad de que Suganuma siga detenido, algo que fue acompañado por la defensa, que sin embargo solicitó que sea bajo la modalidad domiciliaria.

Con una postura contraria, Rivarola expresó al juez Castro que Suganuma podía salir en libertad y sólo se le exigiría que se acerque a una comisaría, una vez por semana, a firmar un libro.

Todo se explica en la calificación legal escogida por Rivarola. Según el fiscal, para los investigadores se trata de un “homicidio culposo mediante conducción antirreglamentaria de vehículo con motor triplemente agravado por intoxicación alcohólica, exceso de velocidad y darse a la fuga”, todo en calidad de autor. De allí se desprende la llamada pretensión de la pena, que parte de un máximo de seis años de prisión y un mínimo de prisión en suspenso.

Por eso consideró también que Suganuma ya no está en condiciones de entorpecer la investigación porque, a su criterio, “ya está terminada”. Dijo también que desde el punto de vista procesal ya se está en condiciones de presentar la acusación. Consideró también que no hay riesgo de fuga por lo que postuló que es suficiente con que Suganuma se presente semanalmente en una dependencia policial para certificar su presencia.

Boquillas

Los controles de alcoholemia son un tema central en la agenda pública desde hace mucho tiempo y el Gobierno provincial lo pone como uno de los puntos distintivos de su gestión para intentar frenar el nivel de accidentes en calles y rutas.

En este sentido, en uno de los boletines oficiales de la semana pasada se publicó la Resolución N° 65 del 13 de mayo pasado, que aprobó la contratación en forma directa con la firma MG Pharmacorp para la adquisición de 10.000 boquillas descartables para equipos alcoholímetros por un importe de $ 704.100, destinadas a la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).

MG Pharmacorp es una empresa que hace años vende insumos y equipamiento médicos a la Provincia y está basada en Comodoro Rivadavia.#

Desde el Twitter

El esfuerzo por cuidar Trelew debe ser de todos. pic.twitter.com/s0GYYtK5n2

— Adrián Dario Maderna (@TWAMaderna) May 29, 2021

Genios !!! @RamiroOuteda @brunosgarzini @Moran21Laura pic.twitter.com/fHHw5X90TD

— Orlando Andrés Vera ???? (@OrlandoAndVera) May 27, 2021

Buen provecho!

— GonzaloPérez Álvarez (@gperezalvarez) May 29, 2021

Mucho menos que nos "baje línea " el sector más machista y retrógrado del partido.

— Claudia Riveros (@RiverosCer) May 28, 2021

Pilar de 25 años, 1,91 m y 120 kg. Reciente campeón de la @SLARugby, su club de origen es @EsquelRugby, pasó por @clubsanluis_ok y @bigornia_club... ¡y jugó en @otosportsclub de #NuevaZelanda!#PUMASxESPN pic.twitter.com/KUK3tbz2be

— ScrumRugby (@ScrumESPN) May 28, 2021

Enterate de las noticias de POLITICA a través de nuestro newsletter

Anotate para recibir las noticias más importantes de esta sección.

Te podés dar de baja en cualquier momento con un solo clic.
Enfrentados. “Chechu” (izquierda) dijo que Quiroga la acusó con mentiras y explicó su situación.
30 MAY 2021 - 21:00

Tras las declaraciones de la semana pasada del líder de ATE, Guillermo Quiroga, que la acusó de seguir cobrando un sueldo del Estado sin concurrir a ninguna dependencia, la exdiputada provincial y exministra de Familia, Cecilia Torres Otárola, distribuyó públicamente una réplica en la que asegura que las expresiones de Quiroga “son carentes de veracidad, así como configuran hasta cierto punto un agravio a mi persona y honra”.

Torres Otárola afirma que “percibo mis haberes conforme lo establece la ley como agente de planta permanente del Ministerio de Salud. Actualmente me encuentro con solicitud de cambio de asiento de funciones al Hospital de Rawson, el cual no se resuelve desde el 4 de agosto del 2020, existiendo incluso una solicitud de pronto despacho ante el Ministerio desde el 26 de marzo del 2021 y el cual no ha sido respondido”.

“Evidentemente –agrega la exministra- el Sr. Quiroga emite dichas expresiones con mala fe o desconocimiento del Derecho. Nunca he sido sumariada, mi hoja laboral es impecable, y si he sido investigada ha sido a instancias mías, para que pueda aclararse todo cuanto se me imputa, no siendo hasta el día de la fecha procesada y mucho menos condenada. Por si algún distraído se le escapa, se es inocente hasta que la Justicia establece lo contrario, siendo de remarcar que, de todo lo actuado, la Justicia no ha encontrado nada de que responsabilizarme, por ende, no corresponde sumario, o inhabilitación alguna”.

Torres Otárola se queja, además, porque Quiroga la acusa de hacer política social en la Cordillera desde una agrupación política: “Pues el Sr. Quiroga habla desde la ignorancia y mala fe más absoluta que se puede tener. Sus expresiones rozan lo calumnioso e injuriante. Debo dejar expresamente asentado que la acción social que realizo la hago desde la Fundación Celedonio Rodera con personería jurídica 4516. No hay ningún partido político atrás de esa acción social”, asegura Torres Otárola, que repite que si bien es empleada del Ministerio de Salud, “no trabajo en el Ministerio actualmente, poseo una licencia médica. Mi asiento de funciones original es el Hospital de Trevelin, pero al mudarme a la ciudad de Rawson junto con mis hijos he pedido el correspondiente pase que el Ministro de Salud se niega a firmar. Mi cambio de asiento de vida se corresponde con temas familiares, buscando una mejor calidad de vida para mis hijos y familia, en razón de problemas de índole familiar con el padre de los mismos”, agrega.

“La realidad de todo lo expresado por el Sr. Quiroga es que cae por su propio peso. Cada una de mis expresiones tienen un sustento documental, presido la Fundación Celedonio Rodera y mi mayor compromiso sigue siendo el pueblo y los más necesitados. El Sr. Quiroga comenzó una campaña política en mi contra. Pensando que todos estamos en el mismo camino, me gustaría decirle que como referente de ATE trabaje para la gente y ponga sus energías en eso. Hoy, no es el momento de acusar para lograr acuerdos políticos. Por si no se enteró, quiero refrescarle que estamos en guerra contra un virus y, lo más importante, el hambre y necesidad del pueblo de Chubut”.

¿Dónde está Huichaqueo?

Esa fue la pregunta que se le hizo al ministro de Familia, Gustavo Hermida, luego de que se dieran a conocer planteos sobre la posibilidad que la extitular de la cartera, Leticia Huichaqueo, siga cobrando un salario sin ir a trabajar, como sugirió la dirigencia de ATE.

Según explicó el funcionario, la antecesora en su cargo y hoy procesada por malversación y robo de mercadería durante la emergencia climática en Comodoro Rivadavia, sigue siendo agente del Ministerio de Familia y está trabajando en Gaiman: “Si mal no lo recuerdo en una biblioteca de esa localidad en donde está adscripta”, afirmó Hermida. Lo que no sabe el ministro es si la biblioteca está funcionando.

Sobre la continuidad de Huichaqueo como empleada del Estado, Hermida aclaró que “hay que esperar que la Justicia dictamine y luego seguir los procedimientos que correspondan. Entiendo que una persona condenada no puede seguir prestando funciones”.

Cesantía confirmada

Un acuerdo plenario del Superior Tribunal de Justicia de Chubut confirmó la cesantía de la exempleada Gisela Clavio, despedida del Poder Judicial por sus reiteradas faltas sin justificación a su trabajo en los Juzgados Laborales de Trelew. Lo decidieron los ministros subrogantes Enrique Fiordelesi, Aldo De Cunto y Claudio Petris.

Clavio había interpuesto un recurso jerárquico contra la Resolución de Superintendencia Administrativa N° 9572/21 que la dejó cesante como oficial superior tras un sumario administrativo.

En su recurso no discutió las inasistencias pero insistió con que estaban justificadas ya que estaba adherida a medidas de fuerza y estaba alcanzada por la cobertura del decreto presidencial sobre aislamiento obligatorio. Pero para el STJ, “Clavio se ausentó sin cumplir con las reglamentaciones para justificar esas ausencias”. Esas faltas requerían de una justificación que ella recién cumplió en agosto de 2020.

El dato es central: incumplió a sabiendas, según los subrogantes del STJ. “No puede aceptarse que sólo fue ‘una omisión involuntaria’ en el retardo para remitir la documental. Es dificultoso sostener, como único argumento válido, que los hechos puedan quedar comprobados con sólo una mera referencia a un intercambio de mensajes vía WhatsApp con el encargado administrativo de los Juzgados Laborales”.

Entre otros papeles, Clavio presentó un certificado del jardín Kinderland, una nota que deja constancia que su pareja trabaja para una compañía telefónica y puede circular ya que es esencial para las telecomunicaciones, y alta de una empleada doméstica para asistencia y cuidado de personas.

“Aún con una mirada más flexible y permisiva respecto de la justificación de las inasistencias, que permitiría tener cierta tolerancia cuando se cumple unos días más tarde o cuando hayan razones exculpantes de la tardanza basada en cuestiones de salud, fuerza mayor, etcétera, no se puede dejar de lado que Clavio tardó más de dos meses en justificar que podía estar alcanzada por el inciso ‘k’”. La agente cesanteada pudo contar con toda la documental que invoca “recién el mismo día en que la remitió a RRHH. Por desidia o por omisión, no acreditó una situación que requería previa justificación”.

La exempleada “quedó sujeta a las consecuencias de su propia inacción y no tuvo la diligencia necesaria de su particular situación personal, a la que puso por encima de las previsiones reglamentarias lo cual es, a todas luces, improcedente”.

El STJ advirtió que una cosa es ser “informal” y otra “la ausencia total de formas”. Si se confunden “acarrearía un caos administrativo inimaginable máxime si se trata de una agente que expresa tener 11 años de antigüedad en el Poder Judicial”. Del expediente tampoco surge que alguna vez haya coordinado hacer teletrabajo, pese a que reiteradamente se lo propusieron.

Su argumento sobre que sus compañeros laborales “voluntariamente, sea por solidaridad, colaboración o consenso, estuvieron de acuerdo en cubrir la concurrencia mínima al organismo”, no coincide con las convocatorias que le hicieron tres veces los tres jueces, que por eso la denunciaron. Las ausencias de Clavio se remontaban a 2019.

Según el acuerdo, además de sus numerosas faltas certificadas, Clavio no fue a su trabajo por 28 días aunque debía cubrir guardias mínimas. “Se pone de manifiesto una equivocada actitud en relación a su situación laboral, al permanecer ajena al cumplimiento de la obligación de acreditar la documental que le era exigible, para abocarse a su realidad personal sin poner la mínima diligencia esperable”. De acuerdo a los ministros subrogantes, “erró el camino y, desde un principio, soslayó el conjunto de obligaciones que sobre ella pesaban”.

En cuanto a cuanto a la cuestión de género que “tardía y sutilmente, se intenta introducir”, los jueces dijeron que durante la vigencia del inciso “k” hubo 31 casos que se acogieron y 26 eran mujeres. Incluyendo Clavio.

Un pedido sorpresivo

La semana pasada era clave para el Caso Ronald Guerra, que investiga la muerte del joven a manos de un conductor que lo embistió en estado de ebriedad en Playa Unión. Es que se definía la continuidad o no de la prisión preventiva de Nicolás Suganuma, el médico acusado de homicidio.

Hubo dos audiencias: la primera presidida por el juez Gustavo Castro; y la segunda, de revisión a su decisión, integrada por otros dos jueces, quienes coincidieron todos en mantener la medida de coerción por un mes más.

Lo que a algunos les llamó la atención fue el planteo del Ministerio Público Fiscal, encabezado por el fiscal Fernando Rivarola, quien solicitó la libertad del imputado. En la causa, aparte de Fiscalía, también actúan el defensor y la querella por parte de la familia de la víctima. Precisamente, desde la querella se planteó la necesidad de que Suganuma siga detenido, algo que fue acompañado por la defensa, que sin embargo solicitó que sea bajo la modalidad domiciliaria.

Con una postura contraria, Rivarola expresó al juez Castro que Suganuma podía salir en libertad y sólo se le exigiría que se acerque a una comisaría, una vez por semana, a firmar un libro.

Todo se explica en la calificación legal escogida por Rivarola. Según el fiscal, para los investigadores se trata de un “homicidio culposo mediante conducción antirreglamentaria de vehículo con motor triplemente agravado por intoxicación alcohólica, exceso de velocidad y darse a la fuga”, todo en calidad de autor. De allí se desprende la llamada pretensión de la pena, que parte de un máximo de seis años de prisión y un mínimo de prisión en suspenso.

Por eso consideró también que Suganuma ya no está en condiciones de entorpecer la investigación porque, a su criterio, “ya está terminada”. Dijo también que desde el punto de vista procesal ya se está en condiciones de presentar la acusación. Consideró también que no hay riesgo de fuga por lo que postuló que es suficiente con que Suganuma se presente semanalmente en una dependencia policial para certificar su presencia.

Boquillas

Los controles de alcoholemia son un tema central en la agenda pública desde hace mucho tiempo y el Gobierno provincial lo pone como uno de los puntos distintivos de su gestión para intentar frenar el nivel de accidentes en calles y rutas.

En este sentido, en uno de los boletines oficiales de la semana pasada se publicó la Resolución N° 65 del 13 de mayo pasado, que aprobó la contratación en forma directa con la firma MG Pharmacorp para la adquisición de 10.000 boquillas descartables para equipos alcoholímetros por un importe de $ 704.100, destinadas a la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV).

MG Pharmacorp es una empresa que hace años vende insumos y equipamiento médicos a la Provincia y está basada en Comodoro Rivadavia.#

Desde el Twitter

El esfuerzo por cuidar Trelew debe ser de todos. pic.twitter.com/s0GYYtK5n2

— Adrián Dario Maderna (@TWAMaderna) May 29, 2021

Genios !!! @RamiroOuteda @brunosgarzini @Moran21Laura pic.twitter.com/fHHw5X90TD

— Orlando Andrés Vera ???? (@OrlandoAndVera) May 27, 2021

Buen provecho!

— GonzaloPérez Álvarez (@gperezalvarez) May 29, 2021

Mucho menos que nos "baje línea " el sector más machista y retrógrado del partido.

— Claudia Riveros (@RiverosCer) May 28, 2021

Pilar de 25 años, 1,91 m y 120 kg. Reciente campeón de la @SLARugby, su club de origen es @EsquelRugby, pasó por @clubsanluis_ok y @bigornia_club... ¡y jugó en @otosportsclub de #NuevaZelanda!#PUMASxESPN pic.twitter.com/KUK3tbz2be

— ScrumRugby (@ScrumESPN) May 28, 2021


NOTICIAS RELACIONADAS