Redistribuyen $ 62.000 millones del Presupuesto con prioridad en salud, educación y energía
El Gobierno redistribuyó $ 62.000 millones del Presupuesto Nacional provenientes de la reducción de subsidios al gas por $ 20.000 millones, y fondos recuperados por el Tesoro Nacional por $ 42.000 millones, con prioridad en políticas alimentarias y sociales, salud, educación y desarrollo energético.
Lo hizo a través de la Decisión Administrativa 707/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial, que destinó $ 50.000 millones del Tesoro Nacional a la estatal Integración Energética Argentina (Ieasa).
De este monto, provienen de la administración gubernamental, $ 6.471.132.968; de asistencia social al personal en los ministerios de Defensa y Seguridad, $ 5.000 millones; y de la recuperación de $ 23.229.184.316 correspondientes al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial creado en mayo del año pasado por el Ministerio de Economía.
También destinó $ 1.729.091.970 a la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior, con la finalidad de afrontar el pago de haberes al personal y atender gastos operativos y de funcionamiento.
En este reordenamiento de recursos, se emplearon $ 17.756 millones de subsidios a la oferta de gas natural, y $ 2.244 millones de subvenciones a la demanda de gas natural y gas licuado de petróleo (GLP).
Parte de esos fondos fueron al Ministerio de Educación para transferencias a universidades nacionales por $ 6.580 millones; y al de Desarrollo Social para políticas alimentarias por $ 2.673.068.960 para atender erogaciones relacionadas con comedores escolares y proyectos focalizados.
Asimismo, el Ministerio de Salud tomó una partida de crédito externo por $ 1.013.206.907 del Proyecto de Gestión por Resultados en Salud para la Atención de Población Adulta Mayor en la Argentina (Progersa), del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y lo destinó al PAMI, la obra social de jubilados y pensionados.
Respecto del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, se constituyó a fin de asistir financieramente a las provincias para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus, como parte del Programa para la Emergencia Financiera Provincial, en coordinación con el Ministerio del Interior.
El objetivo del programa es reforzar las finanzas provinciales por un total de $ 120.000 millones, de los cuales el 50% se ejecutó a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), a cargo de Interior, y los $ 60.000 millones restantes se distribuyeron a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial que asignó préstamos a devolver en 36 cuotas.
En cuanto a Ieasa, a mediados del mes pasado, el Gobierno le dio un espaldarazo a la ex Enarsa, a partir de un decreto donde fortaleció la capacidad de desarrollo de la empresa estatal en el sector energético nacional.
El Decreto 389/2021 le confirió mayor poder a Ieasa en varios aspectos, como en las tratativas comerciales para la compra de gas con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y en el manejo de las utilidades producidas por las empresas donde participa.
También le asignó participación en dos centrales termoeléctricas y en dos áreas de exploración hidrocarburífera costa fuera (off shore), de Cuenca Malvinas.
Además, le otorgó avales del Tesoro Nacional por US$ 200 millones para las operaciones de crédito público a su favor, para la adquisición de gas natural desde Bolivia.
Lo hizo a través de la Decisión Administrativa 707/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial, que destinó $ 50.000 millones del Tesoro Nacional a la estatal Integración Energética Argentina (Ieasa).
De este monto, provienen de la administración gubernamental, $ 6.471.132.968; de asistencia social al personal en los ministerios de Defensa y Seguridad, $ 5.000 millones; y de la recuperación de $ 23.229.184.316 correspondientes al Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial creado en mayo del año pasado por el Ministerio de Economía.
También destinó $ 1.729.091.970 a la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior, con la finalidad de afrontar el pago de haberes al personal y atender gastos operativos y de funcionamiento.
En este reordenamiento de recursos, se emplearon $ 17.756 millones de subsidios a la oferta de gas natural, y $ 2.244 millones de subvenciones a la demanda de gas natural y gas licuado de petróleo (GLP).
Parte de esos fondos fueron al Ministerio de Educación para transferencias a universidades nacionales por $ 6.580 millones; y al de Desarrollo Social para políticas alimentarias por $ 2.673.068.960 para atender erogaciones relacionadas con comedores escolares y proyectos focalizados.
Asimismo, el Ministerio de Salud tomó una partida de crédito externo por $ 1.013.206.907 del Proyecto de Gestión por Resultados en Salud para la Atención de Población Adulta Mayor en la Argentina (Progersa), del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y lo destinó al PAMI, la obra social de jubilados y pensionados.
Respecto del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial, se constituyó a fin de asistir financieramente a las provincias para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus, como parte del Programa para la Emergencia Financiera Provincial, en coordinación con el Ministerio del Interior.
El objetivo del programa es reforzar las finanzas provinciales por un total de $ 120.000 millones, de los cuales el 50% se ejecutó a través de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), a cargo de Interior, y los $ 60.000 millones restantes se distribuyeron a través del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial que asignó préstamos a devolver en 36 cuotas.
En cuanto a Ieasa, a mediados del mes pasado, el Gobierno le dio un espaldarazo a la ex Enarsa, a partir de un decreto donde fortaleció la capacidad de desarrollo de la empresa estatal en el sector energético nacional.
El Decreto 389/2021 le confirió mayor poder a Ieasa en varios aspectos, como en las tratativas comerciales para la compra de gas con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y en el manejo de las utilidades producidas por las empresas donde participa.
También le asignó participación en dos centrales termoeléctricas y en dos áreas de exploración hidrocarburífera costa fuera (off shore), de Cuenca Malvinas.
Además, le otorgó avales del Tesoro Nacional por US$ 200 millones para las operaciones de crédito público a su favor, para la adquisición de gas natural desde Bolivia.