El Colegio Provincial de Jueces Penales de Chubut salió este martes a sumar su respaldor a las juezasAna Karina Beckle, María Laura Martini y Marcela Pérez, que el sábado pasado firmaron la absolución de los tres imputados por una violación grupal ocurrida en 2012 en Playa Unión.
"Las juezas y jueces que integramos este Colegio Provincial rechazamos los actos de violencia sufridos por tres integrantes de esta institución luego de emitir un veredicto absolutorio. Adherimos junto al Superior Tribunal de Justicia en manifestar nuestro más enérgico repudio a lo acontecido el sábado 19/03/22 en la circunscripción judicial de Rawson", dice el comunicado.
"Las sentencias son revisables siempre en una instancia superior, por los canales institucionales, y de ser erróneas serán modificadas. Con ello se garantiza el derecho de todas las personas a impugnar una decisión contraria a sus intereses. La sociedad tiene derecho a manifestarse libremente y para demostrar su disenso con los fallos judiciales en forma pacífica. Tanto la revisión de la sentencia como la libertad de expresión posibilitan y conforman parte del entramado del Estado democrático y de derecho, donde cada persona e institución debe ser respetada", concluye el comunicado.
El Colegio Provincial de Jueces Penales de Chubut salió este martes a sumar su respaldor a las juezasAna Karina Beckle, María Laura Martini y Marcela Pérez, que el sábado pasado firmaron la absolución de los tres imputados por una violación grupal ocurrida en 2012 en Playa Unión.
"Las juezas y jueces que integramos este Colegio Provincial rechazamos los actos de violencia sufridos por tres integrantes de esta institución luego de emitir un veredicto absolutorio. Adherimos junto al Superior Tribunal de Justicia en manifestar nuestro más enérgico repudio a lo acontecido el sábado 19/03/22 en la circunscripción judicial de Rawson", dice el comunicado.
"Las sentencias son revisables siempre en una instancia superior, por los canales institucionales, y de ser erróneas serán modificadas. Con ello se garantiza el derecho de todas las personas a impugnar una decisión contraria a sus intereses. La sociedad tiene derecho a manifestarse libremente y para demostrar su disenso con los fallos judiciales en forma pacífica. Tanto la revisión de la sentencia como la libertad de expresión posibilitan y conforman parte del entramado del Estado democrático y de derecho, donde cada persona e institución debe ser respetada", concluye el comunicado.