Pedirán inhabilitar para cargos públicos a un expresidente del Consejo de la Magistratura
Por Rolando Tobarez / @rtobarez
El fiscal de la Unidad Anticorrupción Omar Rodríguez presentó la acusación contra el abogado de Trelew Enrique Maglione por abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Y estimó que al momento de pedir pena, no será inferior a los 3 años de prisión.
Le imputa que en su gestión como presidente del Consejo de la Magistratura contrató a un presunto socio como secretario del organismo. Aunque la designación la avaló el pleno del cuerpo, el fiscal sostiene que Maglione no les dijo a sus pares quién era el elegido y los indujo a error. La denuncia fue del expresidente del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi, que votó contra la designación.
La Oficina Judicial de Trelew debe ponerle juez y fecha a la audiencia preliminar. Rodríguez pidió que declaren 16 testigos, entre ellos los anteriores miembros del Consejo.
Según la acusación, el 2 de noviembre de 2020 Maglione le pidió al presidente del STJ, Mario Vivas, un secretario para la sesión del día 6 en el Consejo. Le respondieron que había muchos funcionarios aislados y contagiados. El resto del personal del STJ no podía hacer trabajo extra. Maglione avisó a varios consejeros con un mensaje de texto: “El STJ no me da secretario, tengo que salir a contratar urgente uno. Estamos a dos días de una sesión así que voy a contratar a uno”.
Fiscalía asegura que al día siguiente Maglione violó la ley V N°70 y por resolución designó y contrató como secretario ad-hoc al abogado Walter Matías Cifuentes Dalotto. Trabajaría desde el mismo día 5.
“Maglione intervino en la contratación sin tener atribuciones, con la clara intención de beneficiar al nombrado con dicha designación, con quien lo unía una relación de vieja data: comparten el mismo asiento legal del Estudio Jurídico, Urquiza 410 de Trelew. Insertó un interés particular por encima del interés público, al cual el funcionario debió dar preeminencia”, dijo Rodríguez. En varios expedientes Maglione y Dalotto trabajan juntos. Los consejeros ignoraban este vínculo.
El día 6, “buscando legitimar y consolidar el acto ilegal consumado el día anterior”, Maglione puso a consideración del pleno la contratación.
Según el MPF, no es cierto que Vivas le negó ayuda. Sólo le advirtió “inconvenientes relacionados con la racionalidad en el uso del personal”.
“El ocultamiento intencional de la relación profesional que lo unía con Dalotto generó un terreno fértil para que el día 6 por mayoría votasen la contratación, a pesar de las manifestaciones en contrario formuladas en dicha sesión por Panizzi”.
Incluso antes de votar la contratación, Dalotto ya era secretario: al iniciarse la sesión Maglione le dio la bienvenida al organismo, habilitándolo para que lea el Orden del Día.
Al declarar durante la audiencia de apertura de investigación de abril del año pasado, el abogado de Trelew recordó que la contratación fue aprobada con 12 de los 14 votos del Consejo. Explicó que ante el contexto de pandemia “el organismo debía seguir funcionando ya que tenía sumarios y evaluaciones previstas y pendientes. Sí o sí debíamos cumplir con esta obligación institucional y no tenía un secretario permanente, una situación que heredé al asumir en 2019”.
Como la ayuda del STJ no estuvo garantizada “consulté con consejeros por WhatsApp y teléfono. Con la anuencia de casi todos les dije cuál sería la opción”. Por eso decidió la contratación.
“Yo estaba encerrado en casa con Covid. Las circunstancias nos obligaron a contratar un secretario ad hoc, ante la escasez de personal”.
Según Maglione, “recurrí a una persona de confianza, un abogado que reunía los requisitos de la Constitución, más de 7 años ejercicio y que no dependiera del Estado. En Trelew son muy pocos”. Dalotto iba a cobrar un monto “casi 3 veces menor a lo que gana el secretario permanente. No es la primera vez que el Consejo contrata así”.
El abogado aclaró que la resolución “la firmé yo pero la dictamos todos. Esa sesión se inicia con la bienvenida porque ya todos sabíamos a quién habíamos contratado. No había nada que ocultar y no hubo objeción”.
Dalotto fue secretario en dos sesiones. Renunció cuando el caso se hizo público. Maglione aseguró que el letrado no cobró aunque era su derecho. “No hubo daño ni perjuicio ni para el Consejo ni la administración de justicia. Sin esta decisión de emergencia, apremiados por los tiempos, el perjuicio hubiese sido más grave”.#
Por Rolando Tobarez / @rtobarez
El fiscal de la Unidad Anticorrupción Omar Rodríguez presentó la acusación contra el abogado de Trelew Enrique Maglione por abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Y estimó que al momento de pedir pena, no será inferior a los 3 años de prisión.
Le imputa que en su gestión como presidente del Consejo de la Magistratura contrató a un presunto socio como secretario del organismo. Aunque la designación la avaló el pleno del cuerpo, el fiscal sostiene que Maglione no les dijo a sus pares quién era el elegido y los indujo a error. La denuncia fue del expresidente del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi, que votó contra la designación.
La Oficina Judicial de Trelew debe ponerle juez y fecha a la audiencia preliminar. Rodríguez pidió que declaren 16 testigos, entre ellos los anteriores miembros del Consejo.
Según la acusación, el 2 de noviembre de 2020 Maglione le pidió al presidente del STJ, Mario Vivas, un secretario para la sesión del día 6 en el Consejo. Le respondieron que había muchos funcionarios aislados y contagiados. El resto del personal del STJ no podía hacer trabajo extra. Maglione avisó a varios consejeros con un mensaje de texto: “El STJ no me da secretario, tengo que salir a contratar urgente uno. Estamos a dos días de una sesión así que voy a contratar a uno”.
Fiscalía asegura que al día siguiente Maglione violó la ley V N°70 y por resolución designó y contrató como secretario ad-hoc al abogado Walter Matías Cifuentes Dalotto. Trabajaría desde el mismo día 5.
“Maglione intervino en la contratación sin tener atribuciones, con la clara intención de beneficiar al nombrado con dicha designación, con quien lo unía una relación de vieja data: comparten el mismo asiento legal del Estudio Jurídico, Urquiza 410 de Trelew. Insertó un interés particular por encima del interés público, al cual el funcionario debió dar preeminencia”, dijo Rodríguez. En varios expedientes Maglione y Dalotto trabajan juntos. Los consejeros ignoraban este vínculo.
El día 6, “buscando legitimar y consolidar el acto ilegal consumado el día anterior”, Maglione puso a consideración del pleno la contratación.
Según el MPF, no es cierto que Vivas le negó ayuda. Sólo le advirtió “inconvenientes relacionados con la racionalidad en el uso del personal”.
“El ocultamiento intencional de la relación profesional que lo unía con Dalotto generó un terreno fértil para que el día 6 por mayoría votasen la contratación, a pesar de las manifestaciones en contrario formuladas en dicha sesión por Panizzi”.
Incluso antes de votar la contratación, Dalotto ya era secretario: al iniciarse la sesión Maglione le dio la bienvenida al organismo, habilitándolo para que lea el Orden del Día.
Al declarar durante la audiencia de apertura de investigación de abril del año pasado, el abogado de Trelew recordó que la contratación fue aprobada con 12 de los 14 votos del Consejo. Explicó que ante el contexto de pandemia “el organismo debía seguir funcionando ya que tenía sumarios y evaluaciones previstas y pendientes. Sí o sí debíamos cumplir con esta obligación institucional y no tenía un secretario permanente, una situación que heredé al asumir en 2019”.
Como la ayuda del STJ no estuvo garantizada “consulté con consejeros por WhatsApp y teléfono. Con la anuencia de casi todos les dije cuál sería la opción”. Por eso decidió la contratación.
“Yo estaba encerrado en casa con Covid. Las circunstancias nos obligaron a contratar un secretario ad hoc, ante la escasez de personal”.
Según Maglione, “recurrí a una persona de confianza, un abogado que reunía los requisitos de la Constitución, más de 7 años ejercicio y que no dependiera del Estado. En Trelew son muy pocos”. Dalotto iba a cobrar un monto “casi 3 veces menor a lo que gana el secretario permanente. No es la primera vez que el Consejo contrata así”.
El abogado aclaró que la resolución “la firmé yo pero la dictamos todos. Esa sesión se inicia con la bienvenida porque ya todos sabíamos a quién habíamos contratado. No había nada que ocultar y no hubo objeción”.
Dalotto fue secretario en dos sesiones. Renunció cuando el caso se hizo público. Maglione aseguró que el letrado no cobró aunque era su derecho. “No hubo daño ni perjuicio ni para el Consejo ni la administración de justicia. Sin esta decisión de emergencia, apremiados por los tiempos, el perjuicio hubiese sido más grave”.#