La Aduana denunció una maniobra de "alquiler de cautelares" para acceder al dólar oficial
La Aduana detectó una maniobra por la cual una empresa obtuvo una medida judicial para poder importar eludiendo el sistema de monitoreo, para luego ceder ese aval a otra compañía.
El organismo descubrió que la firma Yoko obtuvo autorizaciones judiciales -vía medidas cautelares- para importar mercadería salteándose el requisito de validar esa operación a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), pero luego "cedió" esa autorización a otra firma, Tropea (una empresa dedicada a la importación y venta de marroquinería con marca propia) para que usufructúe la medida judicial y pueda importar carteras fabricadas en China sin SIMI aprobada.
La Aduana denunció, en un escrito, que Yoko no utilizó la "cautelar" en los términos que la obtuvo y que "transfirió" la tutela jurisdiccional que da la medida judicial en beneficio de Tropea.
Para esto, el organismo expuso ante la Justicia una simulación de Yoko mediante una "contrato" de autorización para comercializar la marca "Tropea" solo por un mes: entre el 21 de junio y el 21 de julio de 2022, justo el momento en el que la mercadería debía ser nacionalizada con la SIMI preautorizada de Yoko.
En un comunicado, la Aduana explicó que Yoko le "alquiló" la cautelar a Tropea para que pudiera hacerse de su mercadería (carteras de origen chino) y, así, aquella empresa funcionó como una "usina de SIMI".
Luego de la detección de la maniobra, la Aduana bloqueó la mercadería antes de que ingresara al mercado, notificó a la empresa por la infracción y aplicó una multa que podría ser hasta cinco veces el monto importado.
Además, acusó a la compañía de haber violado el Código Aduanero por una declaración inexacta con perjuicio fiscal.
También se presentó ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, puso en conocimiento de los hallazgos y le reclamó al juez que "habiendo sido burlada la medida judicial, se extraigan testimonios para formar una nueva investigación ante la justicia en lo penal económico por presunta estafa procesal en el marco de una importación, lo que lo convierte en un asunto federal", resaltó el organismo.
"La Aduana debe proteger la industria nacional y el empleo argentino, pero también evitar maniobras por las cuales algunos importadores se quieren hacer de dólares de manera ilegal y engañando al Estado", señalo el titular de la Aduana, Guillermo Michel.
El organismo descubrió que la firma Yoko obtuvo autorizaciones judiciales -vía medidas cautelares- para importar mercadería salteándose el requisito de validar esa operación a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), pero luego "cedió" esa autorización a otra firma, Tropea (una empresa dedicada a la importación y venta de marroquinería con marca propia) para que usufructúe la medida judicial y pueda importar carteras fabricadas en China sin SIMI aprobada.
La Aduana denunció, en un escrito, que Yoko no utilizó la "cautelar" en los términos que la obtuvo y que "transfirió" la tutela jurisdiccional que da la medida judicial en beneficio de Tropea.
Para esto, el organismo expuso ante la Justicia una simulación de Yoko mediante una "contrato" de autorización para comercializar la marca "Tropea" solo por un mes: entre el 21 de junio y el 21 de julio de 2022, justo el momento en el que la mercadería debía ser nacionalizada con la SIMI preautorizada de Yoko.
En un comunicado, la Aduana explicó que Yoko le "alquiló" la cautelar a Tropea para que pudiera hacerse de su mercadería (carteras de origen chino) y, así, aquella empresa funcionó como una "usina de SIMI".
Luego de la detección de la maniobra, la Aduana bloqueó la mercadería antes de que ingresara al mercado, notificó a la empresa por la infracción y aplicó una multa que podría ser hasta cinco veces el monto importado.
Además, acusó a la compañía de haber violado el Código Aduanero por una declaración inexacta con perjuicio fiscal.
También se presentó ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, puso en conocimiento de los hallazgos y le reclamó al juez que "habiendo sido burlada la medida judicial, se extraigan testimonios para formar una nueva investigación ante la justicia en lo penal económico por presunta estafa procesal en el marco de una importación, lo que lo convierte en un asunto federal", resaltó el organismo.
"La Aduana debe proteger la industria nacional y el empleo argentino, pero también evitar maniobras por las cuales algunos importadores se quieren hacer de dólares de manera ilegal y engañando al Estado", señalo el titular de la Aduana, Guillermo Michel.