La Casa Blanca pide reforzar la regulación al sector bancario
El gobierno estadounidense urgió a las entidades reguladoras a avanzar en nuevas normativas en el sector bancario, tras las tensiones en las últimas semanas que derivó en el colapso de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank, y corridas en otros pequeños y medianas entidades.
Si bien la crisis financiera de 2008 llevó a que Estados Unidos a revisar su legislación, la administración de Joe Biden puso la mira sobre las revisiones que se realizaron durante el mandato de su antecesor, Donald Trump, que retrotrajeron algunos de los avances que se habían logrado al respecto en los años previos.
En 2010 se aprobó la Ley Dodd-Frank considerada como la mayor reforma desde las realizadas en los años posteriores a la Gran Depresión de 1929.
En 2018 el Gobierno de Trump revirtió parte de las estipulaciones fijadas para docenas de bancos, elevando de US$ 100.000 millones a US$ 250.000 millones en activos el requisito para calificar como banco "sistemáticamente importante", categoría que comprende regulaciones más estrictas.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, afirmó ayer en un discurso que la desregulación “pudo ir demasiado lejos” y pidió “reexaminar si los regímenes de regulación y supervisión actuales son adecuados para los riesgos que los bancos enfrentan hoy”.
A través de un comunicado, la Casa Blanca destacó que durante las últimas turbulencias, el Gobierno “contó con las herramientas para actúa rápidamente para prevenir el contagio” y está comprometido a “continuar tomando acciones si es necesarios”.
No obstante, lamentó que “los reguladores de la administración Trump debilitaron muchos requerimientos de sentido común y de supervisión para grandes bancos regionales como el SVB y Signature Bank, cuyos recientes colapsos llevaron al contagio”.
En ese marco, la Casa Blanca pidió a las entidades reguladoras y al Departamento del Tesoro “revertir” estas modificaciones para "fortalecer el sistema bancario”, entre las cuales, se señala el volver a reforzar las regulaciones a los bancos con activos de entre US$ 100.000 millones y US$ 250.000 millones en activos.
Entre ellas, se encuentran as normativas de liquidez para que puedan sostenerse en el caso de corridas y el sometimiento a pruebas anuales de estrés para evaluar el capital en situaciones de riesgo, requisito que pasó a ser de anual a bienial durante el Gobierno de Trump.
La Casa Blanca ejemplificó con el caso de SVB, que a fines de 2022 tenia una liquidez menor al piso que hubiera tenido que tener sin las modificaciones realizadas por Trump, lo cual –indicaron- “contribuyó a su colapso".
Además, señalaron que la entidad no tuvo una prueba “comprensiva” de estrés, “incluso cuando tenia más de US$ 200.000 en activos”.
“En el momento de caer, Signature Bank y SVB tenían grandes perdidas potenciales en sus valores que excedían el capital disponible para absorber esas pérdidas”, puntualizó el comunicado.
Asimismo, cuestionó que detrás de los cambios realizados en 2018 esté la idea de que el eventual derrumbe los bancos de este tamaño no implicara una amenaza al sistema financiero, algo que la crisis de este mes dejó entredicho.
Otro punto que la Casa Blanca busca revertir es el periodo de transición que tienen los bancos al pasar de una a otra categoría: si bien el SVB había superado los US$ 100.000 millones en activos –que implica recibir mayores pruebas de estrés de capital- no tuvo ninguno de dichos “test” en tres años por encontrarse aún en dicho periodo de transición.
Asimismo, pidió incorporar como factor en las evaluaciones a las subas de tasas de interés. Gran parte de las pérdidas que registró el SVB fue por la veloz suba de tasas de la Reserva Federal, que provocó una caída en el valor de los bonos del Tesoro que tenía como activos y, al mismo tiempo, implicó un fuerte retiro de depósitos de sus clientes –principalmente startups tecnológicas- necesitados de liquidez por la caída del crédito.
Tras las últimas tensiones, la FED informó hoy que las instituciones bancarias estadounidenses le solicitaron en concepto de préstamos US$ 152.600 millones en la semana que finalizó el 29 de marzo, comparados con los US$ 163.900 millones de los siete días anteriores, lo cual indicaría que las presiones en la liquidez estarían comenzando a mermar.
Si bien la crisis financiera de 2008 llevó a que Estados Unidos a revisar su legislación, la administración de Joe Biden puso la mira sobre las revisiones que se realizaron durante el mandato de su antecesor, Donald Trump, que retrotrajeron algunos de los avances que se habían logrado al respecto en los años previos.
En 2010 se aprobó la Ley Dodd-Frank considerada como la mayor reforma desde las realizadas en los años posteriores a la Gran Depresión de 1929.
En 2018 el Gobierno de Trump revirtió parte de las estipulaciones fijadas para docenas de bancos, elevando de US$ 100.000 millones a US$ 250.000 millones en activos el requisito para calificar como banco "sistemáticamente importante", categoría que comprende regulaciones más estrictas.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, afirmó ayer en un discurso que la desregulación “pudo ir demasiado lejos” y pidió “reexaminar si los regímenes de regulación y supervisión actuales son adecuados para los riesgos que los bancos enfrentan hoy”.
A través de un comunicado, la Casa Blanca destacó que durante las últimas turbulencias, el Gobierno “contó con las herramientas para actúa rápidamente para prevenir el contagio” y está comprometido a “continuar tomando acciones si es necesarios”.
No obstante, lamentó que “los reguladores de la administración Trump debilitaron muchos requerimientos de sentido común y de supervisión para grandes bancos regionales como el SVB y Signature Bank, cuyos recientes colapsos llevaron al contagio”.
En ese marco, la Casa Blanca pidió a las entidades reguladoras y al Departamento del Tesoro “revertir” estas modificaciones para "fortalecer el sistema bancario”, entre las cuales, se señala el volver a reforzar las regulaciones a los bancos con activos de entre US$ 100.000 millones y US$ 250.000 millones en activos.
Entre ellas, se encuentran as normativas de liquidez para que puedan sostenerse en el caso de corridas y el sometimiento a pruebas anuales de estrés para evaluar el capital en situaciones de riesgo, requisito que pasó a ser de anual a bienial durante el Gobierno de Trump.
La Casa Blanca ejemplificó con el caso de SVB, que a fines de 2022 tenia una liquidez menor al piso que hubiera tenido que tener sin las modificaciones realizadas por Trump, lo cual –indicaron- “contribuyó a su colapso".
Además, señalaron que la entidad no tuvo una prueba “comprensiva” de estrés, “incluso cuando tenia más de US$ 200.000 en activos”.
“En el momento de caer, Signature Bank y SVB tenían grandes perdidas potenciales en sus valores que excedían el capital disponible para absorber esas pérdidas”, puntualizó el comunicado.
Asimismo, cuestionó que detrás de los cambios realizados en 2018 esté la idea de que el eventual derrumbe los bancos de este tamaño no implicara una amenaza al sistema financiero, algo que la crisis de este mes dejó entredicho.
Otro punto que la Casa Blanca busca revertir es el periodo de transición que tienen los bancos al pasar de una a otra categoría: si bien el SVB había superado los US$ 100.000 millones en activos –que implica recibir mayores pruebas de estrés de capital- no tuvo ninguno de dichos “test” en tres años por encontrarse aún en dicho periodo de transición.
Asimismo, pidió incorporar como factor en las evaluaciones a las subas de tasas de interés. Gran parte de las pérdidas que registró el SVB fue por la veloz suba de tasas de la Reserva Federal, que provocó una caída en el valor de los bonos del Tesoro que tenía como activos y, al mismo tiempo, implicó un fuerte retiro de depósitos de sus clientes –principalmente startups tecnológicas- necesitados de liquidez por la caída del crédito.
Tras las últimas tensiones, la FED informó hoy que las instituciones bancarias estadounidenses le solicitaron en concepto de préstamos US$ 152.600 millones en la semana que finalizó el 29 de marzo, comparados con los US$ 163.900 millones de los siete días anteriores, lo cual indicaría que las presiones en la liquidez estarían comenzando a mermar.