CAFACH denunció penalmente al SUPA por la paralización de la actividad pesquera
El representante legal de la Flota Amarilla de Rawson acusó a la dirigencia gremial de cometer un “ecocidio” y espera que les caiga todo el peso de la ley.
El abogado Diego Martínez Zapata confirmó que la Cámara de la Flota Amarilla de Rawson (CAFACH) y la Flota de Embarcaciones Artesanales presentaron una denuncia penal contra la comisión directiva del SUPA por la paralización de la actividad pesquera ocurrida entre el 28 y 29 de diciembre del año pasado.
La presentación se hizo ayer en el Ministerio Público Fiscal de Rawson por los delitos de entorpecimiento y daño ambiental agravado y apunta contra las autoridades del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos y delegados del puerto de Rawson.
En diálogo con Cadena Tiempo, Martínez Zapata señaló que la tipicidad del delito se agrava porque la estiba es una actividad declarada como esencial y remarcó que “actuando con total mala fe, el sindicato incumplió con la paz social que las partes habían firmado en noviembre pasado”.
El letrado puntualizó que “en caso de haber ejercido la retención, la estiba debería haber impedido que los buques zarpen a la zona de pesca a cumplir con el día de zafra y no esperar a que vuelvan con los buques cargados de materia prima para tomar esta medida salvaje”.
El representante legal de la CAFACH mencionó que “dejamos planteado el delito de daño agravado por las 700 toneladas de langostino podrido que se perdieron” y opinó que “la Fiscalía debería remitir las actuaciones a la Justicia Federal por el gravísimo daño ambiental ocasionado”.
Luego de señalar que “la maniobra del SUPA es un ecocidio para la provincia”, Martínez Zapata agregó que “la falta de preservación de la biodiversidad del langostino impactó en la cadena de alimentación y en el rédito económico de los empresarios, pero también de la Provincia que se vio privada de percibir los impuestos correspondientes por la comercialización de las capturas. En la misma dirección planteó que la medida también perjudicó a los capitanes, patrones, marineros y maquinistas que no pudieron salir a trabajar.
El abogado indicó que los presuntos delitos cometidos contemplan penas de prisión efectiva y valoró que el gobierno provincial y la Fiscalía de Estado lleven adelante las presentaciones civiles y penales para que se investigue hasta las últimas consecuencias el daño ambiental que se ha cometido.
El abogado Diego Martínez Zapata confirmó que la Cámara de la Flota Amarilla de Rawson (CAFACH) y la Flota de Embarcaciones Artesanales presentaron una denuncia penal contra la comisión directiva del SUPA por la paralización de la actividad pesquera ocurrida entre el 28 y 29 de diciembre del año pasado.
La presentación se hizo ayer en el Ministerio Público Fiscal de Rawson por los delitos de entorpecimiento y daño ambiental agravado y apunta contra las autoridades del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos y delegados del puerto de Rawson.
En diálogo con Cadena Tiempo, Martínez Zapata señaló que la tipicidad del delito se agrava porque la estiba es una actividad declarada como esencial y remarcó que “actuando con total mala fe, el sindicato incumplió con la paz social que las partes habían firmado en noviembre pasado”.
El letrado puntualizó que “en caso de haber ejercido la retención, la estiba debería haber impedido que los buques zarpen a la zona de pesca a cumplir con el día de zafra y no esperar a que vuelvan con los buques cargados de materia prima para tomar esta medida salvaje”.
El representante legal de la CAFACH mencionó que “dejamos planteado el delito de daño agravado por las 700 toneladas de langostino podrido que se perdieron” y opinó que “la Fiscalía debería remitir las actuaciones a la Justicia Federal por el gravísimo daño ambiental ocasionado”.
Luego de señalar que “la maniobra del SUPA es un ecocidio para la provincia”, Martínez Zapata agregó que “la falta de preservación de la biodiversidad del langostino impactó en la cadena de alimentación y en el rédito económico de los empresarios, pero también de la Provincia que se vio privada de percibir los impuestos correspondientes por la comercialización de las capturas. En la misma dirección planteó que la medida también perjudicó a los capitanes, patrones, marineros y maquinistas que no pudieron salir a trabajar.
El abogado indicó que los presuntos delitos cometidos contemplan penas de prisión efectiva y valoró que el gobierno provincial y la Fiscalía de Estado lleven adelante las presentaciones civiles y penales para que se investigue hasta las últimas consecuencias el daño ambiental que se ha cometido.