De boca en boca
Los gobernadores patagónicos quieren poder de decisión para la energía. Argentina, con la pesca de Namibia. El intendente Merino detallará la herencia que recibió en Trelew. Los asesores de Othar. Y más.
El documento final de la reunión de gobernadores patagónicos de la semana pasada, realizada en la coqueta residencia El Messidor en Neuquén, incluyó varios puntos detallados de reclamos al Gobierno nacional sobre federalismo, impuestos e hidrocarburos, entre otros temas, además de un anuncio: la próxima reunión de los seis gobernadores se realizará en Puerto Madryn, en fecha a confirmar.
Pero también hubo un apartado en particular sobre las concesiones hidroeléctricas, que a Chubut le importan y mucho debido a que en 2025 se termina el contrato de concesión que el Estado nacional tiene con la empresa Hidroeléctrica Futaleufú, que es controlada por el Grupo Aluar y en la cual la Provincia del Chubut tiene algo más de 30% del paquete accionario.
Los gobernadores dejaron plasmado en el documento final su posición respecto al vencimiento de las concesiones de las represas hidroeléctricas, sobre la base de las discusiones legales y de definiciones que pueden plantearse en relación a los conceptos jurídicos de dominio y jurisdicción sobre los recursos naturales, que están regulados por la Constitución Nacional de 1994 y la Ley de Energía Eléctrica del año 1960.
Las provincias patagónicas pretenden acordar con el Estado Nacional el participar en los procesos de toma de decisiones sobre dichas concesiones, “ya sea que se prorroguen las mismas por un determinado plazo; o se disponga una nueva licitación pública para elegir a un nuevo concesionario (a quien se le deberán transferir las acciones sobre dichas sociedades); o se resuelva la estatización y gestión pública de esas centrales, aunque pareciera menos probable en este nuevo contexto político nacional”, escribieron los gobernadores patagónicos.
Además, piden participar en los directorios de las empresas que llevan a cabo la generación hidroeléctrica, “mediante la designación de directores que respondan a los intereses de las provincias”, además del cobro de un canon por uso del recurso hídrico y de regalías por la venta de la energía generada “valorizada de manera que respondan a su real valor”, aclararon.
La idea de reestatizar estas centrales (entre ellas Futaleufú) no parece que pueda avanzar con el actual Gobierno nacional, pero en Chubut hay sectores trabajando para mejorar la posición del Estado provincial que hace tres décadas es accionista de las hidroeléctricas concesionadas pero no participa en ninguna de las decisiones importantes.
En Chubut pretenderían que si el actual concesionario (Aluar) logra prorrogar la concesión o uno nuevo se hace cargo de la operación, se pueda negociar un precio de la energía más adecuado que el hoy debe pagar en el mercado mayorista. La discusión será larga.
“Conejo” preocupado
Raúl “Conejo” Silva, el líder del gremio de la construcción en la zona sur de Chubut se sumó a las críticas y a la preocupación por la crisis que generó en el sector el fin de la obra pública, como anunció el Gobierno nacional. Según dijo, por la falta de fondos de Nación para terminar las obras en marcha, sólo en Comodoro Rivadavia se perdieron 300 puestos laborales.
El secretario general de la UOCRA, en cambio, se esperanzó al decir que desde Provincia podría haber “algún tipo de oxígeno”, pero no sería lo mismo con la Municipalidad, dado que las empresas no quieren participar en las licitaciones.
En una entrevista con FM La Petrolera aseguró que “el problema que nosotros tenemos en nuestra jurisdicción es que el presidente Javier Milei paró todas las obras públicas. Todo lo que depende de Nación, por eso está estancado”, dijo el referente de la construcción.
Y puntualizó: “Mantuve una charla telefónica con el gobernador -Ignacio- Torres y me dijo que van a hacer algún tipo de viviendas, creo que a través del Procrear. Entonces, con Provincia tendríamos algún tipo de oxígeno”.
Sin embargo, fue más cauto con el tema de las obras municipales: “Estamos medios complicados. Las empresas aducen que hoy no pueden participar de las licitaciones de la Municipalidad porque quedan medio desiertas. Pongo un ejemplo, la Cámara de Construcción local nos dice que cotizan una obra con precio de hoy, arrancan seis meses pero con la inflación que tenemos, el pago de la terminación lo realizan recién en tres meses más, o sea que ya son nueve meses donde las empresas estarían financiando obras municipales. Entonces, eso genera un problema. Los empresarios no quieren participar de la licitación”, explicó Silva ante la consulta periodística.
Argentina y Namibia
Las modificaciones al sector pesquero que pretendía hacer el Gobierno nacional a través de la Ley Ómnibus es tan insólita que el régimen que pretendían instaurar sólo es comparable con un país ignoto como Namibia, ubicado en el sudoeste de África.
“Es tanto el desconocimiento de quienes quieren aplicar las normas que hay que buscar en el mundo y sólo en Namibia tienen esta modalidad de industria pesquero, claro que ello lo hicieron porque no tenían sector pesquero y necesitaban incentivar las inversiones. Pero Argentina es otra cosa”, señaló Agustín de la Fuente, el presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras de la Patagonia (CAPIP), en una entrevista con Cadena Tiempo.
De la Fuente se sumó al coro de protesta de toda la industria, que incluyó a gobernadores de provincias pesqueras, que por ahora han conseguido un compromiso de parte del ministro del Interior, Guillermo Francos, de que van a corregir lo que haga falta.
Cuestionó las modificaciones que impulsa el Gobierno Nacional sobre el régimen federal pesquero. “El artículo por el cual se hace una licitación de las cuotas de pesca con la posibilidad de que cualquier grupo global pueda acceder es algo que no se puede admitir. Eso provocaría un daño sobre la seguridad jurídica de empresas que tienen inversiones en el país hace más de 50 años”, señaló el directivo de CAPIP.
Para De la Fuente, “el actual sistema pesquero funciona bien, para acceder a los cupos se precisa una serie de requisitos vinculados a las inversiones, trabajadores en tierra, entre otros. Por eso en caso de prosperar esto que quiere hacer el Gobierno nacional podría generar además problemas estructurales con la sustentabilidad del recurso”.
De la Fuente también cuestionó la suba de retenciones para el sector, que quieren ser elevadas al 15%, sin brindar a cambio ningún tipo de incentivo por el agregado de valor.
Informe de gestión
El intendente de Trelew Gerardo Merino aseguró que el próximo 1º de marzo cuando brinde su discurso en el Concejo Deliberante para dar inicio al período de sesiones ordinarias, brindará un informe de los primeros meses de gestión.
Detallará qué quedó de la gestión pasada, mostrará a la sociedad como recibieron la Municipalidad, el estado de los edificios públicos, los vehículos que están destruidos, ejemplificando que “hay una camioneta que se le rompió la bomba inyectora y resulta que está dada de baja porque se la robaron toda, es una Ranger 2010 de la que sólo está la carrocería, hay que ver qué pasó, quién se robó eso”.
Merino relató que en la reestructuración que realizaron del personal, “encontramos gente que no iba a trabajar, horas extras que no existían, dimos de baja becas que ni siquiera aparecieron a reclamar ni censarse, contratos que nadie sabe qué hacían”.Habrá que aguardar.
Negociar salarios
En este comienzo de semana los representantes de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras –CAPIP- se juntarán con los representantes del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación para avanzar en la reanudación de las negociaciones paritarias ante el proceso devaluatorio que el país afrontó y los índices inflacionarios que se conocieron la última semana.
La paritaria firmada estableció un aumento del 110 por ciento pero la situación económica licuó los incrementos. Desde allí que se pidió un encuentro para comenzar a negociar. Desde la entidad gremial se dejó en claro que se buscará una actualización de los valores debido a toda la realidad económica que se afronta aunque no se analizaron porcentajes debido a que existen varios puntos del acuerdo firmado que podrían llegar a adelantarse para mitigar el impacto de la inflación.
El reclamo obedece a que el porcentaje de incremento acordado fue superado por la inflación. Desde allí que se pedirá a la Cámara una actualización para que los trabajadores no pierdan el poder adquisitivo. En las últimas semanas hubo encuentros informales con vistas al reclamo salarial que buscará cerrarse pronto.
Polémica por asesores
El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, se refirió a la polémica que generó la designación mediante resolución oficial de más de cincuenta asesores y coordinadores en distintas áreas de la Municipalidad. El personal entre los que figuran ex secretarios de la gestión Luque; militantes recientemente desvinculados de la gestión Arcioni y ex dirigentes vecinalistas; percibirá entre el 30 y el 50 por ciento del sueldo del intendente.
“Hemos bajado más de veinte cargos políticos y eso representa un ajuste de asesores, coordinadores y contratos políticos. Había más de cincuenta y esto es solamente lo que hemos dejado”, aclaró Macharashvili.
“Vamos a seguir trabajando en la optimización de todos los recursos que no significa dar bajas al oído de la gente sino que realmente debe quedar la gente que se necesita para poder funcionar” remarcó respecto a la funcionalidad del personal designado.
“La gente nos votó y nos dio su voto de confianza en función de cómo veníamos articulando para conducir esta ciudad y creo que lo venimos haciendo bien y creo que estaremos a la altura aunque estemos en situaciones adversas”.
“Cómo se comunican todas estas acciones es importantísimo para que la ciudadanía sepa cómo se hace y cómo estamos cuidando cada peso del municipio”, resaltó Othar en sus definiciones.#
El documento final de la reunión de gobernadores patagónicos de la semana pasada, realizada en la coqueta residencia El Messidor en Neuquén, incluyó varios puntos detallados de reclamos al Gobierno nacional sobre federalismo, impuestos e hidrocarburos, entre otros temas, además de un anuncio: la próxima reunión de los seis gobernadores se realizará en Puerto Madryn, en fecha a confirmar.
Pero también hubo un apartado en particular sobre las concesiones hidroeléctricas, que a Chubut le importan y mucho debido a que en 2025 se termina el contrato de concesión que el Estado nacional tiene con la empresa Hidroeléctrica Futaleufú, que es controlada por el Grupo Aluar y en la cual la Provincia del Chubut tiene algo más de 30% del paquete accionario.
Los gobernadores dejaron plasmado en el documento final su posición respecto al vencimiento de las concesiones de las represas hidroeléctricas, sobre la base de las discusiones legales y de definiciones que pueden plantearse en relación a los conceptos jurídicos de dominio y jurisdicción sobre los recursos naturales, que están regulados por la Constitución Nacional de 1994 y la Ley de Energía Eléctrica del año 1960.
Las provincias patagónicas pretenden acordar con el Estado Nacional el participar en los procesos de toma de decisiones sobre dichas concesiones, “ya sea que se prorroguen las mismas por un determinado plazo; o se disponga una nueva licitación pública para elegir a un nuevo concesionario (a quien se le deberán transferir las acciones sobre dichas sociedades); o se resuelva la estatización y gestión pública de esas centrales, aunque pareciera menos probable en este nuevo contexto político nacional”, escribieron los gobernadores patagónicos.
Además, piden participar en los directorios de las empresas que llevan a cabo la generación hidroeléctrica, “mediante la designación de directores que respondan a los intereses de las provincias”, además del cobro de un canon por uso del recurso hídrico y de regalías por la venta de la energía generada “valorizada de manera que respondan a su real valor”, aclararon.
La idea de reestatizar estas centrales (entre ellas Futaleufú) no parece que pueda avanzar con el actual Gobierno nacional, pero en Chubut hay sectores trabajando para mejorar la posición del Estado provincial que hace tres décadas es accionista de las hidroeléctricas concesionadas pero no participa en ninguna de las decisiones importantes.
En Chubut pretenderían que si el actual concesionario (Aluar) logra prorrogar la concesión o uno nuevo se hace cargo de la operación, se pueda negociar un precio de la energía más adecuado que el hoy debe pagar en el mercado mayorista. La discusión será larga.
“Conejo” preocupado
Raúl “Conejo” Silva, el líder del gremio de la construcción en la zona sur de Chubut se sumó a las críticas y a la preocupación por la crisis que generó en el sector el fin de la obra pública, como anunció el Gobierno nacional. Según dijo, por la falta de fondos de Nación para terminar las obras en marcha, sólo en Comodoro Rivadavia se perdieron 300 puestos laborales.
El secretario general de la UOCRA, en cambio, se esperanzó al decir que desde Provincia podría haber “algún tipo de oxígeno”, pero no sería lo mismo con la Municipalidad, dado que las empresas no quieren participar en las licitaciones.
En una entrevista con FM La Petrolera aseguró que “el problema que nosotros tenemos en nuestra jurisdicción es que el presidente Javier Milei paró todas las obras públicas. Todo lo que depende de Nación, por eso está estancado”, dijo el referente de la construcción.
Y puntualizó: “Mantuve una charla telefónica con el gobernador -Ignacio- Torres y me dijo que van a hacer algún tipo de viviendas, creo que a través del Procrear. Entonces, con Provincia tendríamos algún tipo de oxígeno”.
Sin embargo, fue más cauto con el tema de las obras municipales: “Estamos medios complicados. Las empresas aducen que hoy no pueden participar de las licitaciones de la Municipalidad porque quedan medio desiertas. Pongo un ejemplo, la Cámara de Construcción local nos dice que cotizan una obra con precio de hoy, arrancan seis meses pero con la inflación que tenemos, el pago de la terminación lo realizan recién en tres meses más, o sea que ya son nueve meses donde las empresas estarían financiando obras municipales. Entonces, eso genera un problema. Los empresarios no quieren participar de la licitación”, explicó Silva ante la consulta periodística.
Argentina y Namibia
Las modificaciones al sector pesquero que pretendía hacer el Gobierno nacional a través de la Ley Ómnibus es tan insólita que el régimen que pretendían instaurar sólo es comparable con un país ignoto como Namibia, ubicado en el sudoeste de África.
“Es tanto el desconocimiento de quienes quieren aplicar las normas que hay que buscar en el mundo y sólo en Namibia tienen esta modalidad de industria pesquero, claro que ello lo hicieron porque no tenían sector pesquero y necesitaban incentivar las inversiones. Pero Argentina es otra cosa”, señaló Agustín de la Fuente, el presidente de la Cámara de Industrias Pesqueras de la Patagonia (CAPIP), en una entrevista con Cadena Tiempo.
De la Fuente se sumó al coro de protesta de toda la industria, que incluyó a gobernadores de provincias pesqueras, que por ahora han conseguido un compromiso de parte del ministro del Interior, Guillermo Francos, de que van a corregir lo que haga falta.
Cuestionó las modificaciones que impulsa el Gobierno Nacional sobre el régimen federal pesquero. “El artículo por el cual se hace una licitación de las cuotas de pesca con la posibilidad de que cualquier grupo global pueda acceder es algo que no se puede admitir. Eso provocaría un daño sobre la seguridad jurídica de empresas que tienen inversiones en el país hace más de 50 años”, señaló el directivo de CAPIP.
Para De la Fuente, “el actual sistema pesquero funciona bien, para acceder a los cupos se precisa una serie de requisitos vinculados a las inversiones, trabajadores en tierra, entre otros. Por eso en caso de prosperar esto que quiere hacer el Gobierno nacional podría generar además problemas estructurales con la sustentabilidad del recurso”.
De la Fuente también cuestionó la suba de retenciones para el sector, que quieren ser elevadas al 15%, sin brindar a cambio ningún tipo de incentivo por el agregado de valor.
Informe de gestión
El intendente de Trelew Gerardo Merino aseguró que el próximo 1º de marzo cuando brinde su discurso en el Concejo Deliberante para dar inicio al período de sesiones ordinarias, brindará un informe de los primeros meses de gestión.
Detallará qué quedó de la gestión pasada, mostrará a la sociedad como recibieron la Municipalidad, el estado de los edificios públicos, los vehículos que están destruidos, ejemplificando que “hay una camioneta que se le rompió la bomba inyectora y resulta que está dada de baja porque se la robaron toda, es una Ranger 2010 de la que sólo está la carrocería, hay que ver qué pasó, quién se robó eso”.
Merino relató que en la reestructuración que realizaron del personal, “encontramos gente que no iba a trabajar, horas extras que no existían, dimos de baja becas que ni siquiera aparecieron a reclamar ni censarse, contratos que nadie sabe qué hacían”.Habrá que aguardar.
Negociar salarios
En este comienzo de semana los representantes de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras –CAPIP- se juntarán con los representantes del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación para avanzar en la reanudación de las negociaciones paritarias ante el proceso devaluatorio que el país afrontó y los índices inflacionarios que se conocieron la última semana.
La paritaria firmada estableció un aumento del 110 por ciento pero la situación económica licuó los incrementos. Desde allí que se pidió un encuentro para comenzar a negociar. Desde la entidad gremial se dejó en claro que se buscará una actualización de los valores debido a toda la realidad económica que se afronta aunque no se analizaron porcentajes debido a que existen varios puntos del acuerdo firmado que podrían llegar a adelantarse para mitigar el impacto de la inflación.
El reclamo obedece a que el porcentaje de incremento acordado fue superado por la inflación. Desde allí que se pedirá a la Cámara una actualización para que los trabajadores no pierdan el poder adquisitivo. En las últimas semanas hubo encuentros informales con vistas al reclamo salarial que buscará cerrarse pronto.
Polémica por asesores
El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, se refirió a la polémica que generó la designación mediante resolución oficial de más de cincuenta asesores y coordinadores en distintas áreas de la Municipalidad. El personal entre los que figuran ex secretarios de la gestión Luque; militantes recientemente desvinculados de la gestión Arcioni y ex dirigentes vecinalistas; percibirá entre el 30 y el 50 por ciento del sueldo del intendente.
“Hemos bajado más de veinte cargos políticos y eso representa un ajuste de asesores, coordinadores y contratos políticos. Había más de cincuenta y esto es solamente lo que hemos dejado”, aclaró Macharashvili.
“Vamos a seguir trabajando en la optimización de todos los recursos que no significa dar bajas al oído de la gente sino que realmente debe quedar la gente que se necesita para poder funcionar” remarcó respecto a la funcionalidad del personal designado.
“La gente nos votó y nos dio su voto de confianza en función de cómo veníamos articulando para conducir esta ciudad y creo que lo venimos haciendo bien y creo que estaremos a la altura aunque estemos en situaciones adversas”.
“Cómo se comunican todas estas acciones es importantísimo para que la ciudadanía sepa cómo se hace y cómo estamos cuidando cada peso del municipio”, resaltó Othar en sus definiciones.#