Hernán Lorenzino recordó que ayer los abogados que representan a la Argentina ante la Justicia del estado de Nueva York solicitaron "el tratamiento urgente para que se suspendan los efectos” de la disposición dictada por Griesa el miércoles último, y que incluye una fórmula para implementar la cláusula de pari passu que prevé pagarles a los fondos buitre el total de su reclamo y en una sola cuota el 15 de diciembre.
El ministro consideró que el fallo del magistrado “es tan irrazonable” en su pretensión de aplicar la cláusula del pari passu que “no hay nada más rayano con la arbitrariedad y la inequidad”, y se mostró confiado en una resolución favorable por parte de la Corte de Apelaciones neoyorquina.
El titular del Palacio de Hacienda subrayó en declaraciones a radio Continental que “el planteo que hicimos es contundente”, y recordó que “mientras la cuestión de fondo se está discutiendo no puede tener el principio de ejecución ninguna otra”.
Lorenzino señaló la necesidad de que la medida dictada por Griesa “esté suspendida” para que la Argentina “pueda cumplir con el pago del 15 de diciembre próximo a los bonistas que entraron en el canje como ha venido haciendo” desde la reestructuración de la deuda.
El funcionario indicó que la presentación argentina incluye una moción de celeridad, por lo que “esperamos que en los próximos dos o tres días tengamos una respuesta de la Cámara y podamos atender los pagos sin ningún problema”.
Al referirse a la eventual reapertura de la denominada Ley Cerrojo, dictada por el Congreso tras habilitar el canje de 2010, señaló que la presentación argentina “al atacar la irrazonabilidad de la pseudo propuesta de la aplicación de la cláusula de pari passu, dice algo claramente distinto”.
Si la disposición de Griesa “hubiera estado en línea” con la norma dictada por el Congreso en 2010, que contempló condiciones menos ventajosas que las acordadas con los bonistas que entraron al canje en 2005, “de alguna manera tendría en términos del derecho interno de Argentina los visos de razonabilidad necesarios que hicieran que el Congreso pudiera debatir alguna propuesta en ese sentido”, concluyó.
Hernán Lorenzino recordó que ayer los abogados que representan a la Argentina ante la Justicia del estado de Nueva York solicitaron "el tratamiento urgente para que se suspendan los efectos” de la disposición dictada por Griesa el miércoles último, y que incluye una fórmula para implementar la cláusula de pari passu que prevé pagarles a los fondos buitre el total de su reclamo y en una sola cuota el 15 de diciembre.
El ministro consideró que el fallo del magistrado “es tan irrazonable” en su pretensión de aplicar la cláusula del pari passu que “no hay nada más rayano con la arbitrariedad y la inequidad”, y se mostró confiado en una resolución favorable por parte de la Corte de Apelaciones neoyorquina.
El titular del Palacio de Hacienda subrayó en declaraciones a radio Continental que “el planteo que hicimos es contundente”, y recordó que “mientras la cuestión de fondo se está discutiendo no puede tener el principio de ejecución ninguna otra”.
Lorenzino señaló la necesidad de que la medida dictada por Griesa “esté suspendida” para que la Argentina “pueda cumplir con el pago del 15 de diciembre próximo a los bonistas que entraron en el canje como ha venido haciendo” desde la reestructuración de la deuda.
El funcionario indicó que la presentación argentina incluye una moción de celeridad, por lo que “esperamos que en los próximos dos o tres días tengamos una respuesta de la Cámara y podamos atender los pagos sin ningún problema”.
Al referirse a la eventual reapertura de la denominada Ley Cerrojo, dictada por el Congreso tras habilitar el canje de 2010, señaló que la presentación argentina “al atacar la irrazonabilidad de la pseudo propuesta de la aplicación de la cláusula de pari passu, dice algo claramente distinto”.
Si la disposición de Griesa “hubiera estado en línea” con la norma dictada por el Congreso en 2010, que contempló condiciones menos ventajosas que las acordadas con los bonistas que entraron al canje en 2005, “de alguna manera tendría en términos del derecho interno de Argentina los visos de razonabilidad necesarios que hicieran que el Congreso pudiera debatir alguna propuesta en ese sentido”, concluyó.