La intendente de Rawson, Rossana Artero, dio a conocer un detallado informe de los varios juicios que se tramitan en contra de la Municipalidad de Rawson, algunos por cifras millonarias y entre ellos, el insólito e interminable “Pentamar”.
La jefa comunal explicó que “los distintos juicios llevados adelante contra nuestra Municipalidad merecen un apartado especial. Aunque no hay de momento acciones iniciadas contra esta gestión, sí debimos hacer frente a varios juicios, algunos de ellos en los que Rawson ha resultado perdidoso por cifras millonarias”.
Según el comunicado oficial de la comuna, Artero puso énfasis en el juicio del abogado Antonio González, derivado del caso Pentamar. “De todos estos juicios, el contencioso más insólito y realmente indignante es el que lleva adelante González”. Repasó que Pentamar demandó al municipio por obras relacionadas con el dragado del puerto de Rawson. “Se decir que la Empresa Pentamar y González pasaron por la puerta del municipio y encontraron un botín, ya que la Municipalidad no contestó la demanda y a partir de allí fueron todas rosas para ellos, sólo fue necesario esperar y el Estado bobamente pagaría a los felices acreedores unos 14 millones de pesos”.
La Municipalidad en 2003 logró sentencia favorable ya que se hizo lugar a su pedido de consolidar la deuda de acuerdo a la Ley de Consolidación, lo que permitía una actualización de intereses “ampliamente favorable a Rawson ya que se aplicarían las tasas pasivas del Banco Nación”. Tras esta operatoria el monto de la demanda no hubiese superado los 4 millones de pesos, honorarios incluidos.
Detalló Artero que “el municipio tenía plazo hasta fin de 2003 para presentarse a la consolidación pero ¿qué fue lo que sucedió? La letrada municipal, María Andrea Aguilera, se presentó fuera de término al plazo fijado por su señoría y en lugar de presentarse el primer día hábil posterior a la feria, esto es 1º de febrero, lo hizo el 4 de marzo de 2004”.
Por esta contestación fuera de término, según Artero, “otra vez pasaron por la puerta del municipio la empresa y el abogado patrocinante y se encontraron con el mismo botín aguardando porque la deuda se retrotrajo a los valores por ellos solicitados. O sea a los 14 millones de pesos”. Tras idas y vueltas el entonces gobernador Mario Das Neves decidió que la Provincia pagara de la deuda “ya impagable para el municipio; como solución se estableció un plan de pago aceptado por la empresa”.
La historia no terminó. “El abogado Antonio González, que hubiese cobrado poco más de 700.000 pesos de haber llegado dentro de los plazos legales Aguilera a presentar el pedido, terminó cobrando en cuotas 4.531.203 pesos con 49 centavos, que le fueron abonados por el municipio con transferencias de fondos provinciales”.
“Era lógico pensar que con esa millonada encontrada por indefensión municipal, un verdadero Quini 6, había dejado satisfecho al letrado. Se equivocan: González reclamó el pago de la liquidación de los intereses, habida cuenta que al no cancelarse la deuda en un pago se generaron saldos que naturalmente reclamó. Reclama aproximadamente un millón de pesos más y en estos días se embargarán las cuentas municipales por 400 mil pesos como parte del reclamo del letrado”.
Ante la imposibilidad de defensa, detalló Artero, “la Municipalidad verificó que González nunca había facturado los importantes montos percibidos por este juicio. A requerimiento de la Secretaría de Hacienda el letrado aportó facturas que al ser revisadas tienen algo muy llamativo. La factura 001 del talonario 001 es de fecha 21 de noviembre del año 2013, es decir que imprimió los talonarios y facturó hace tres meses. Esta documentación la aportaremos a la AFIP para su conocimiento y efectos. No obstante González, que fija domicilio en Playa Unión, se niega a pagar los 18 mil pesos que debiera tributar en concepto de Ingresos Brutos”.
La intendente destacó que “son montos importantes que afectan directamente a las arcas municipales y en muchos casos, independientemente de los accidentes e imponderables inevitables, fueron generados por irresponsabilidad de funcionarios municipales de gestiones anteriores”.
Según explicó, “creemos necesario comenzar las negociaciones razonables para ir cerrando todos los juicios pendientes para evitar así cargas posteriores a las que tendrán que hacer frente futuras gestiones, con montos posiblemente imposibles de abonar”.
Recordó procesos “cómo tuvimos que afrontar el juicio llevado adelante por la señora Natividad Aseff, a quien en la gestión del arquitecto Planas se le demolió la vivienda bajo el argumento que sobre la misma pasaba un cable de alta tensión”. Tiempo después se demostró que dicho cable no transportaba energía y el municipio fue condenado a reparar el daño ocasionado a la vecina, “quien además debió soportar la muerte de su esposo de un infarto como consecuencia del daño ocasionado”.
Mencionó luego el caso de Pamela Andrea Tenorio. “Logró la autorización para que se le conceda el beneficio de litigar sin gastos, para iniciar demanda a la Municipalidad por los daños ocasionados a un menor por un artefacto de pirotecnia. Este hecho sucedió en los últimos tiempos de la gestión del intendente Adrián López. Estiman los abogados municipales que el reclamo más costas de este caso rondará el millón de pesos”.
En cuanto al recordado accidente de la voladura de una sombrilla en Playa Unión. “Los padres de Germán Nicolás Benitez junto con su letrado Ricardo Lens, iniciaron juicio a la Municipalidad. Esta demanda tiene fallo adverso en primera instancia, confirmado por la Cámara de Apelaciones. Los letrados municipales presentaron un recurso de casación y continúa el proceso. Este juicio se estima que rondará al 1.600.000 mil pesos”.
La intendente mencionó la demanda de Pinilla Marcia Verónica, por un accidente en el que perdió un ojo una alumna de la EMAL. Se estima que se deberán pagar más de un millón de pesos.
La intendente de Rawson, Rossana Artero, dio a conocer un detallado informe de los varios juicios que se tramitan en contra de la Municipalidad de Rawson, algunos por cifras millonarias y entre ellos, el insólito e interminable “Pentamar”.
La jefa comunal explicó que “los distintos juicios llevados adelante contra nuestra Municipalidad merecen un apartado especial. Aunque no hay de momento acciones iniciadas contra esta gestión, sí debimos hacer frente a varios juicios, algunos de ellos en los que Rawson ha resultado perdidoso por cifras millonarias”.
Según el comunicado oficial de la comuna, Artero puso énfasis en el juicio del abogado Antonio González, derivado del caso Pentamar. “De todos estos juicios, el contencioso más insólito y realmente indignante es el que lleva adelante González”. Repasó que Pentamar demandó al municipio por obras relacionadas con el dragado del puerto de Rawson. “Se decir que la Empresa Pentamar y González pasaron por la puerta del municipio y encontraron un botín, ya que la Municipalidad no contestó la demanda y a partir de allí fueron todas rosas para ellos, sólo fue necesario esperar y el Estado bobamente pagaría a los felices acreedores unos 14 millones de pesos”.
La Municipalidad en 2003 logró sentencia favorable ya que se hizo lugar a su pedido de consolidar la deuda de acuerdo a la Ley de Consolidación, lo que permitía una actualización de intereses “ampliamente favorable a Rawson ya que se aplicarían las tasas pasivas del Banco Nación”. Tras esta operatoria el monto de la demanda no hubiese superado los 4 millones de pesos, honorarios incluidos.
Detalló Artero que “el municipio tenía plazo hasta fin de 2003 para presentarse a la consolidación pero ¿qué fue lo que sucedió? La letrada municipal, María Andrea Aguilera, se presentó fuera de término al plazo fijado por su señoría y en lugar de presentarse el primer día hábil posterior a la feria, esto es 1º de febrero, lo hizo el 4 de marzo de 2004”.
Por esta contestación fuera de término, según Artero, “otra vez pasaron por la puerta del municipio la empresa y el abogado patrocinante y se encontraron con el mismo botín aguardando porque la deuda se retrotrajo a los valores por ellos solicitados. O sea a los 14 millones de pesos”. Tras idas y vueltas el entonces gobernador Mario Das Neves decidió que la Provincia pagara de la deuda “ya impagable para el municipio; como solución se estableció un plan de pago aceptado por la empresa”.
La historia no terminó. “El abogado Antonio González, que hubiese cobrado poco más de 700.000 pesos de haber llegado dentro de los plazos legales Aguilera a presentar el pedido, terminó cobrando en cuotas 4.531.203 pesos con 49 centavos, que le fueron abonados por el municipio con transferencias de fondos provinciales”.
“Era lógico pensar que con esa millonada encontrada por indefensión municipal, un verdadero Quini 6, había dejado satisfecho al letrado. Se equivocan: González reclamó el pago de la liquidación de los intereses, habida cuenta que al no cancelarse la deuda en un pago se generaron saldos que naturalmente reclamó. Reclama aproximadamente un millón de pesos más y en estos días se embargarán las cuentas municipales por 400 mil pesos como parte del reclamo del letrado”.
Ante la imposibilidad de defensa, detalló Artero, “la Municipalidad verificó que González nunca había facturado los importantes montos percibidos por este juicio. A requerimiento de la Secretaría de Hacienda el letrado aportó facturas que al ser revisadas tienen algo muy llamativo. La factura 001 del talonario 001 es de fecha 21 de noviembre del año 2013, es decir que imprimió los talonarios y facturó hace tres meses. Esta documentación la aportaremos a la AFIP para su conocimiento y efectos. No obstante González, que fija domicilio en Playa Unión, se niega a pagar los 18 mil pesos que debiera tributar en concepto de Ingresos Brutos”.
La intendente destacó que “son montos importantes que afectan directamente a las arcas municipales y en muchos casos, independientemente de los accidentes e imponderables inevitables, fueron generados por irresponsabilidad de funcionarios municipales de gestiones anteriores”.
Según explicó, “creemos necesario comenzar las negociaciones razonables para ir cerrando todos los juicios pendientes para evitar así cargas posteriores a las que tendrán que hacer frente futuras gestiones, con montos posiblemente imposibles de abonar”.
Recordó procesos “cómo tuvimos que afrontar el juicio llevado adelante por la señora Natividad Aseff, a quien en la gestión del arquitecto Planas se le demolió la vivienda bajo el argumento que sobre la misma pasaba un cable de alta tensión”. Tiempo después se demostró que dicho cable no transportaba energía y el municipio fue condenado a reparar el daño ocasionado a la vecina, “quien además debió soportar la muerte de su esposo de un infarto como consecuencia del daño ocasionado”.
Mencionó luego el caso de Pamela Andrea Tenorio. “Logró la autorización para que se le conceda el beneficio de litigar sin gastos, para iniciar demanda a la Municipalidad por los daños ocasionados a un menor por un artefacto de pirotecnia. Este hecho sucedió en los últimos tiempos de la gestión del intendente Adrián López. Estiman los abogados municipales que el reclamo más costas de este caso rondará el millón de pesos”.
En cuanto al recordado accidente de la voladura de una sombrilla en Playa Unión. “Los padres de Germán Nicolás Benitez junto con su letrado Ricardo Lens, iniciaron juicio a la Municipalidad. Esta demanda tiene fallo adverso en primera instancia, confirmado por la Cámara de Apelaciones. Los letrados municipales presentaron un recurso de casación y continúa el proceso. Este juicio se estima que rondará al 1.600.000 mil pesos”.
La intendente mencionó la demanda de Pinilla Marcia Verónica, por un accidente en el que perdió un ojo una alumna de la EMAL. Se estima que se deberán pagar más de un millón de pesos.