La sala II del tribunal de apelaciones hizo lugar a un planteo de la defensa del abogado Víctor Stinfale y ordenó remover al fiscal a pesar de que el juez de la causa, Sebastian Casanello, había rechazado la recusación contra Delgado, hecho que no era apelable.
Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun decidieron hacer lugar al recurso de queja y dispusieron apartar al fiscal del caso tras poner en duda su objetividad y su capacidad para ajustarse al trámite del expediente.
El fiscal Delgado fue cuestionado por las querellas por haber pedido la elevación a juicio de algunos de los acusados antes de que el juez del caso, que no delegó la investigación, diera por concluida la pesquisa.
"La actuación del fiscal en el expediente, considerada no de forma fragmentaria sino en su conjunto, lleva a esta altura a dudar seriamente de que su objetividad en el caso esté conservada", sostuvieron los camaristas.
Aunque los camaristas recordaron que al fiscal no se le exige "imparcialidad", sostuvieron los representantes del Ministerio Público "están sujetos a determinados principios específicos entre los cuales se encuentra el deber de actuar con objetividad".
En un fallo de 10 páginas, escrito en muy duros término, Farah e Irurzun remarcaron que cualquier fiscal debe procurar "la verdad y ajustarse en sus requerimientos y conclusiones a las pruebas legítimas, sean éstas contrarias o favorables al imputado".
Para decidir el apartamiento del Delgado, los camaristas le achacaron, entre otras cosas, el "desinterés por el descubrimiento de la verdad objetiva que, a esta altura, su inflexible posición evidencia".
Los camaristas también lo acusaron de ser indiferente "frente a la postura de las otras partes del proceso -sean defensas o querellas-" y lo reprendieron por haber denunciado públicamente que las defensas recurrieron a maniobras dilatorias.
En la causa conocida como Time Warp fueron procesados empresarios vinculados con la realización de la fiesta electrónica pero también funcionarios porteños y agentes de Seguridad que debieron velar por su buen desenvolvimiento.
La sala II del tribunal de apelaciones hizo lugar a un planteo de la defensa del abogado Víctor Stinfale y ordenó remover al fiscal a pesar de que el juez de la causa, Sebastian Casanello, había rechazado la recusación contra Delgado, hecho que no era apelable.
Los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun decidieron hacer lugar al recurso de queja y dispusieron apartar al fiscal del caso tras poner en duda su objetividad y su capacidad para ajustarse al trámite del expediente.
El fiscal Delgado fue cuestionado por las querellas por haber pedido la elevación a juicio de algunos de los acusados antes de que el juez del caso, que no delegó la investigación, diera por concluida la pesquisa.
"La actuación del fiscal en el expediente, considerada no de forma fragmentaria sino en su conjunto, lleva a esta altura a dudar seriamente de que su objetividad en el caso esté conservada", sostuvieron los camaristas.
Aunque los camaristas recordaron que al fiscal no se le exige "imparcialidad", sostuvieron los representantes del Ministerio Público "están sujetos a determinados principios específicos entre los cuales se encuentra el deber de actuar con objetividad".
En un fallo de 10 páginas, escrito en muy duros término, Farah e Irurzun remarcaron que cualquier fiscal debe procurar "la verdad y ajustarse en sus requerimientos y conclusiones a las pruebas legítimas, sean éstas contrarias o favorables al imputado".
Para decidir el apartamiento del Delgado, los camaristas le achacaron, entre otras cosas, el "desinterés por el descubrimiento de la verdad objetiva que, a esta altura, su inflexible posición evidencia".
Los camaristas también lo acusaron de ser indiferente "frente a la postura de las otras partes del proceso -sean defensas o querellas-" y lo reprendieron por haber denunciado públicamente que las defensas recurrieron a maniobras dilatorias.
En la causa conocida como Time Warp fueron procesados empresarios vinculados con la realización de la fiesta electrónica pero también funcionarios porteños y agentes de Seguridad que debieron velar por su buen desenvolvimiento.