Ahora Carrió denunció a Bossio y a Kicillof
La diputada presentó una denuncia penal contra Diego Bossio, y los ministros Axel Kicillof y Hernán Lorenzino, por el manejo del Fondo de Sustentabilidad de Garantías de la Anses.
De acuerdo con la estimación realizadas por Carrió, quien dio a conocer la denuncia a través de un comunicado, la conducción del organismo-que manejaba los títulos y acciones en empresas privadas a cargo del Estado desde la estatización del sistema jubilatorio-, se habrían perdido en cinco años unos mil millones de pesos.
Carrio, junto a su par de bancada Fernando Sánchez y la ex legisladora Fernanda Reyes, pidió que se investigue una eventual "administración fraudulenta" del Comité Ejecutivo de ese fondo en el período 2010-2015, cuando fue creado para administrar las acciones que quedaron en poder del Estado al estatizar las AFJP.
La denuncia penal que se encuentra a cargo de juez federal Sebastián Ramos y la fiscal Paloma Ochoa, está presentada contra Bossio, Kicillof, Lorenzino y los ex funcionarios Santiago López Alfaro; Adrián Consentino; Emmanuel Antonio Álvarez Agis; Pablo Julio López; Juan Carlos Pessoa; y Roberto Feletti.
Los argumentos de la denuncia de la diputada es que durante esos años "existieron depósitos a la vista en diversos bancos, principalmente en entidades públicas, que no generaron ningún rendimiento para el FGS, en el segundo cuatrimestre de 2015 se descubre un inédito crecimiento en los depósitos en cuentas a la vista en Banco Macro".
"Esta preferencia arbitraria hacia esta entidad adquiere un evidente carácter delictivo que llega a su punto máximo en noviembre de ese año cuando en la asignación de los depósitos a la vista del FGS, el Banco Macro superó incluso al Banco Nación con una participación del 34% en el total de las disponibilidades del FGS en cuenta corriente” señala la denuncia, de acuerdo al comunicado difundido hoy.
En su presentación, Carrió afirma que “esta arbitrariedad ya había sido observada en el manejo de los plazos fijos respecto a años anteriores, algo cuestionable en términos políticos y administrativos”.
En escrito señaló que “esta maniobra implica que se ha generado un costo de oportunidad al FGS, en el segundo semestre del 2015, de aproximadamente 280 millones de pesos, si se toma en cuenta la tasa de referencia de instrumentos de corto plazo en los cuales estas disponibilidades podrían haber sido invertidas".
En ese sentido, los dirigentes de la Coalición "estiman que se perdieron alrededor de 1.000 millones de dólares entre 2010-2015 tomando en cuenta todas las disponibilidades en diversas cuentas a la vista ”.
Agrega que la cuenta corriente del Banco Macro "mantuvo entre enero de 2012 hasta el primer semestre del 2015 un saldo promedio de 780 millones de pesos sin grandes alteraciones (lo cual insistimos que ya era en sí una decisión muy cuestionable). A partir del segundo semestre se triplicó este promedio con un pico máximo en noviembre del 2015 casi cinco veces superior al de años anteriores (3.764 millones de pesos)”.
Subrayó que “esta maniobra tuvo como consecuencia que el Banco Macro se vio favorecido en su operación habitual por el mismo monto en que se vio perjudicado el FGS y en consecuencias los jubilados, por lo que es importante que se investigue la connivencia entre las autoridades del Banco y los funcionarios públicos”.
Finalmente, los dirigentes de la Coalición Cívica señalan que "si algo acaso faltase para confirmar la maniobra delictiva que aquí venimos a denunciar es que con el cambio de gestión los niveles de disponibilidad se redujeron sin perder liquidez desde el año 2016”.
De acuerdo con la estimación realizadas por Carrió, quien dio a conocer la denuncia a través de un comunicado, la conducción del organismo-que manejaba los títulos y acciones en empresas privadas a cargo del Estado desde la estatización del sistema jubilatorio-, se habrían perdido en cinco años unos mil millones de pesos.
Carrio, junto a su par de bancada Fernando Sánchez y la ex legisladora Fernanda Reyes, pidió que se investigue una eventual "administración fraudulenta" del Comité Ejecutivo de ese fondo en el período 2010-2015, cuando fue creado para administrar las acciones que quedaron en poder del Estado al estatizar las AFJP.
La denuncia penal que se encuentra a cargo de juez federal Sebastián Ramos y la fiscal Paloma Ochoa, está presentada contra Bossio, Kicillof, Lorenzino y los ex funcionarios Santiago López Alfaro; Adrián Consentino; Emmanuel Antonio Álvarez Agis; Pablo Julio López; Juan Carlos Pessoa; y Roberto Feletti.
Los argumentos de la denuncia de la diputada es que durante esos años "existieron depósitos a la vista en diversos bancos, principalmente en entidades públicas, que no generaron ningún rendimiento para el FGS, en el segundo cuatrimestre de 2015 se descubre un inédito crecimiento en los depósitos en cuentas a la vista en Banco Macro".
"Esta preferencia arbitraria hacia esta entidad adquiere un evidente carácter delictivo que llega a su punto máximo en noviembre de ese año cuando en la asignación de los depósitos a la vista del FGS, el Banco Macro superó incluso al Banco Nación con una participación del 34% en el total de las disponibilidades del FGS en cuenta corriente” señala la denuncia, de acuerdo al comunicado difundido hoy.
En su presentación, Carrió afirma que “esta arbitrariedad ya había sido observada en el manejo de los plazos fijos respecto a años anteriores, algo cuestionable en términos políticos y administrativos”.
En escrito señaló que “esta maniobra implica que se ha generado un costo de oportunidad al FGS, en el segundo semestre del 2015, de aproximadamente 280 millones de pesos, si se toma en cuenta la tasa de referencia de instrumentos de corto plazo en los cuales estas disponibilidades podrían haber sido invertidas".
En ese sentido, los dirigentes de la Coalición "estiman que se perdieron alrededor de 1.000 millones de dólares entre 2010-2015 tomando en cuenta todas las disponibilidades en diversas cuentas a la vista ”.
Agrega que la cuenta corriente del Banco Macro "mantuvo entre enero de 2012 hasta el primer semestre del 2015 un saldo promedio de 780 millones de pesos sin grandes alteraciones (lo cual insistimos que ya era en sí una decisión muy cuestionable). A partir del segundo semestre se triplicó este promedio con un pico máximo en noviembre del 2015 casi cinco veces superior al de años anteriores (3.764 millones de pesos)”.
Subrayó que “esta maniobra tuvo como consecuencia que el Banco Macro se vio favorecido en su operación habitual por el mismo monto en que se vio perjudicado el FGS y en consecuencias los jubilados, por lo que es importante que se investigue la connivencia entre las autoridades del Banco y los funcionarios públicos”.
Finalmente, los dirigentes de la Coalición Cívica señalan que "si algo acaso faltase para confirmar la maniobra delictiva que aquí venimos a denunciar es que con el cambio de gestión los niveles de disponibilidad se redujeron sin perder liquidez desde el año 2016”.