Comodoro: apareció la factura por $ 23,6 millones que compromete al viceintendente Luque
Es de la empresa Forever Pipe. El funcionario operó para que la pagara el Gobierno nacional, aunque los trabajos no se realizaron. Hizo estallar el escándalo del presunto fraude en la emergencia de 2017, que esta semana podría tener varios imputados y hasta a un empresario “arrepentido”.
Una factura de la empresa Reconstrucción Caños S.A. emitida el 22 de abril de 2017 a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia por un monto total de $ 23.663.620,35, es la punta de lanza de un escándalo de presunta corrupción que salpica a la actual gestión municipal de Carlos Linares, pero especialmente a su viceintendente, Juan Pablo Luque, que aspira a sucederlo en la Intendencia a partir de diciembre, porque un funcionario nacional lo acusó de hacer “gestiones” ante Nación para que se pague esa factura.
El caso, además, levantará presión en los próximos días porque el fiscal de la causa, Héctor Iturrioz, tiene todo listo para hacer las imputaciones y hasta podría haber un pedido de extradición para un exfuncionario que ya no vive en la Argentina (Ver “Si no se presenta…”).
La factura, además de millonaria, fue la bomba que hizo estallar el escándalo y, hasta ahora, nunca había sido mostrada. Si bien se sabía de su existencia y hasta dio pie al inicio de una investigación judicial, nunca antes fue publicada y algunos personajes de la historia, como el propio Luque, dijeron desconocer su existencia.
Es más, el fiscal Iturrioz ha dicho más de una vez que no es la única factura de esta empresa que está bajo sospecha: hay otra por unos $ 37 millones por trabajos similares durante la emergencia de Comodoro Rivadavia en el temporal de 2017, que en la Justicia sospechan que nunca se realizaron.
El caso explotó en los medios en abril de este año, cuando el funcionario nacional Fernando Álvarez de Celis, secretario de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública, dijo en una entrevista que el viceintendente de la ciudad petrolera, Luque, había hecho “lobby” para cobrar dos facturas de Forever Pipe –el nombre comercial de Reconstrucción Caños S.A.- y que el Gobierno nacional no las había pagado porque sospechaba que los trabajos no se habían realizado.
Más curioso aún es que estas facturas nunca pasaron por el Tribunal de Cuentas municipal, las autoridades del municipio aseguran no haberlas pagado y la empresa jamás reclamó su acreencia.
Un caso federal
La factura a la que accedió Jornada incluye un detalle de los trabajos presuntamente realizados para el municipio: un bombeo de agua en superficie por valor de $ 954.270; un rastreo de colectores pluviales para mantener en servicio cañerías y sumideros parcialmente obstruidos por $ 21.363.744,15; y una inspección televisiva de cañerías con equipos CCTV por $ 1.345.606,20. Lo que hace el total de más de $ 23,6 millones.
Según fuentes de la Fiscalía, estas facturas podrían derivar en una causa penal federal, ya que el presunto intento de fraude que habría cometido Luque –siempre según la denuncia mediática de Álvarez de Célis, que luego sostuvo sin fisuras en sede judicial-, al querer que el Estado nacional las pague, lo convierte en un caso federal.
Historia de un escándalo
Jornada ha venido contando en diferentes investigaciones el entramado del presunto fraude durante la emergencia en la ciudad petrolera. Por ejemplo, que el temporal de lluvia que asoló Comodoro Rivadavia el 29 de marzo de 2017 se inició según el Servicio Meteorológico Nacional a las 17.50.
Sin embargo, un grupo de empresas contratistas del Estado municipal comenzaron a facturar sus servicios el mismo día pero las 8. Es decir, antes de que cayera una gota.
Las facturas de Forever Pipe no son un tema menor pero hicieron estallar el escándalo mucho mayor porque se detectaron todo tipo de irregularidades con las tareas durante la emergencia: trabajos facturados pero no realizados; equipamiento declarado que las empresas nunca habían tenido; subcontrataciones poco claras con supervisiones irregulares; partes diarios corregidos de manera “artesanal” y hasta choferes y máquinas localizados el mismo día y hora pero en lugares diferentes.
Corrupción
El fiscal Iturrioz explicó hace poco que “hay una complejidad ligada a la gente que interactúa en estas causas de corrupción. Siempre lidiamos con funcionarios públicos y con funcionarios en ejercicio de su poder político. Eso trae complicaciones pero ninguna que no se pueda sortear con paciencia, imaginación y aprovechando al máximo los recursos”.
“Esta causa es compleja por la cantidad de actores secundarios que hay. Sólo en la remoción de barro hay 300 personas físicas y jurídicas para investigar. La mayoría son personas que actuaron conforme a derecho pero hay un grupo importante de ´vivos´ que se llevaron la mayoría de los recursos económicos”.
Iturrioz reconoció su “sorpresa” por el grado de desatención para documentar las presuntas actividades fraguadas. “Lucen tan palmarias y son tan fáciles de ver con un cotejo no muy minucioso. Tenemos un lápiz, una birome y un cuaderno. Con eso miramos los expedientes y los analizamos. Las contradicciones surgieron inmediatamente”.
El fraude podría cuantificarse provisoriamente en unos 120 millones de pesos, equivalente al 40% de los 300 millones que se erogó para la remoción de lodo y barro. Pero podrían ser más, dicen los investigadores.#
¿Un “arrepentido”?
En los próximos días se confirmará que uno de los empresarios comodorenses involucrados en la investigación se convertirá en lo que popularmente se conoce como “arrepentido”, aunque en términos legales se define como “imputado colaborador”.
En este caso, la persona imputada en un hecho delictivo acuerda con el Ministerio Público Fiscal un beneficio a cambio de información fehaciente, valiosa, cierta y comprobable.
De esa manera, la persona obtiene una reducción en la escala penal del delito consumado que se le atribuye por el de la escala penal de la tentativa de ese delito, lo cual le reduce la escala penal sensiblemente.
El “imputado colaborador” tiene que entregar datos corroborables. En el lapso de un año los fiscales pueden contrastar y verificar si lo que dice esta persona es verificable. A partir de ahí, si la información brindada es engañosa el declarante asume las consecuencias y será gravemente penado por eso.
El acuerdo es entre una persona que se presenta y se firma un acuerdo con el Ministerio Público. El juez homologa y después se lleva adelante el desarrollo de los beneficios en cuanto se pueda con respecto a la información que otorgó.
Si no se presenta, será extraditado desde Miami
Fuentes de la Fiscalía de Comodoro Rivadavia confirmaron a Jornada que un exfuncionario municipal será imputado en los próximos días y deberá presentarse en sede judicial para ser notificado. Pero como es de público conocimiento que se radicó en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, podría ser extraditado en caso de que se niegue a regresar a Comodoro para ponerse a derecho.
Se trata de Rubén Palomeque, quien fue secretario de Servicios a la Comunidad de Comodoro hasta mayo de 2018, tras presentar su renuncia por razones “familiares”.
Palomeque era un hombre de estrecha confianza de Carlos Linares, quien el día que le agradeció públicamente por su labor en el municipio tuvo palabras muy elogiosas por su trabajo de coordinación durante el temporal que azotó a la ciudad, por el que ahora probablemente sea juzgado.
Otro que será imputado en los próximos días será Abel Boyero, quien se desempeñaba como secretario de Infraestructura.
Operativos
Hace pocos días, a pedido del fiscal Iturrioz, la jueza Mariel Suárez ordenó una serie de allanamientos. Fueron trece en total, entre oficinas de empresas y oficinas públicas, incluida la propia Municipalidad de Comodoro.
En esas diligencias se secuestró gran cantidad de documentación relacionada a la contingencia climática: desde facturas oficiales de venta y compra, hasta recibos, contratos de locación de vehículos, contratos de comodato, planillas de horarios de trabajo, planillas de órdenes de servicio, registros de compra de insumos, libros de banco, conciliaciones bancarias y contratos, entre otros. Además, se incautaron celulares y computadoras.
En uno de los domicilios allanados se secuestraron dos armas de fuego sin registrar, por lo que se iniciaron actuaciones paralelas por esta infracción.
Lesiones
Y por si fuera poco, el presidente de la firma Golfo San Jorge, Roberto Adel Monasterolo, intentó evitar el allanamiento intentando escapar del lugar, lastimando a un cabo de la Policía del Chubut, a quién le aprisionó un brazo con la puerta de su camioneta y lo arrastró por varios metros.#
Una factura de la empresa Reconstrucción Caños S.A. emitida el 22 de abril de 2017 a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia por un monto total de $ 23.663.620,35, es la punta de lanza de un escándalo de presunta corrupción que salpica a la actual gestión municipal de Carlos Linares, pero especialmente a su viceintendente, Juan Pablo Luque, que aspira a sucederlo en la Intendencia a partir de diciembre, porque un funcionario nacional lo acusó de hacer “gestiones” ante Nación para que se pague esa factura.
El caso, además, levantará presión en los próximos días porque el fiscal de la causa, Héctor Iturrioz, tiene todo listo para hacer las imputaciones y hasta podría haber un pedido de extradición para un exfuncionario que ya no vive en la Argentina (Ver “Si no se presenta…”).
La factura, además de millonaria, fue la bomba que hizo estallar el escándalo y, hasta ahora, nunca había sido mostrada. Si bien se sabía de su existencia y hasta dio pie al inicio de una investigación judicial, nunca antes fue publicada y algunos personajes de la historia, como el propio Luque, dijeron desconocer su existencia.
Es más, el fiscal Iturrioz ha dicho más de una vez que no es la única factura de esta empresa que está bajo sospecha: hay otra por unos $ 37 millones por trabajos similares durante la emergencia de Comodoro Rivadavia en el temporal de 2017, que en la Justicia sospechan que nunca se realizaron.
El caso explotó en los medios en abril de este año, cuando el funcionario nacional Fernando Álvarez de Celis, secretario de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública, dijo en una entrevista que el viceintendente de la ciudad petrolera, Luque, había hecho “lobby” para cobrar dos facturas de Forever Pipe –el nombre comercial de Reconstrucción Caños S.A.- y que el Gobierno nacional no las había pagado porque sospechaba que los trabajos no se habían realizado.
Más curioso aún es que estas facturas nunca pasaron por el Tribunal de Cuentas municipal, las autoridades del municipio aseguran no haberlas pagado y la empresa jamás reclamó su acreencia.
Un caso federal
La factura a la que accedió Jornada incluye un detalle de los trabajos presuntamente realizados para el municipio: un bombeo de agua en superficie por valor de $ 954.270; un rastreo de colectores pluviales para mantener en servicio cañerías y sumideros parcialmente obstruidos por $ 21.363.744,15; y una inspección televisiva de cañerías con equipos CCTV por $ 1.345.606,20. Lo que hace el total de más de $ 23,6 millones.
Según fuentes de la Fiscalía, estas facturas podrían derivar en una causa penal federal, ya que el presunto intento de fraude que habría cometido Luque –siempre según la denuncia mediática de Álvarez de Célis, que luego sostuvo sin fisuras en sede judicial-, al querer que el Estado nacional las pague, lo convierte en un caso federal.
Historia de un escándalo
Jornada ha venido contando en diferentes investigaciones el entramado del presunto fraude durante la emergencia en la ciudad petrolera. Por ejemplo, que el temporal de lluvia que asoló Comodoro Rivadavia el 29 de marzo de 2017 se inició según el Servicio Meteorológico Nacional a las 17.50.
Sin embargo, un grupo de empresas contratistas del Estado municipal comenzaron a facturar sus servicios el mismo día pero las 8. Es decir, antes de que cayera una gota.
Las facturas de Forever Pipe no son un tema menor pero hicieron estallar el escándalo mucho mayor porque se detectaron todo tipo de irregularidades con las tareas durante la emergencia: trabajos facturados pero no realizados; equipamiento declarado que las empresas nunca habían tenido; subcontrataciones poco claras con supervisiones irregulares; partes diarios corregidos de manera “artesanal” y hasta choferes y máquinas localizados el mismo día y hora pero en lugares diferentes.
Corrupción
El fiscal Iturrioz explicó hace poco que “hay una complejidad ligada a la gente que interactúa en estas causas de corrupción. Siempre lidiamos con funcionarios públicos y con funcionarios en ejercicio de su poder político. Eso trae complicaciones pero ninguna que no se pueda sortear con paciencia, imaginación y aprovechando al máximo los recursos”.
“Esta causa es compleja por la cantidad de actores secundarios que hay. Sólo en la remoción de barro hay 300 personas físicas y jurídicas para investigar. La mayoría son personas que actuaron conforme a derecho pero hay un grupo importante de ´vivos´ que se llevaron la mayoría de los recursos económicos”.
Iturrioz reconoció su “sorpresa” por el grado de desatención para documentar las presuntas actividades fraguadas. “Lucen tan palmarias y son tan fáciles de ver con un cotejo no muy minucioso. Tenemos un lápiz, una birome y un cuaderno. Con eso miramos los expedientes y los analizamos. Las contradicciones surgieron inmediatamente”.
El fraude podría cuantificarse provisoriamente en unos 120 millones de pesos, equivalente al 40% de los 300 millones que se erogó para la remoción de lodo y barro. Pero podrían ser más, dicen los investigadores.#
¿Un “arrepentido”?
En los próximos días se confirmará que uno de los empresarios comodorenses involucrados en la investigación se convertirá en lo que popularmente se conoce como “arrepentido”, aunque en términos legales se define como “imputado colaborador”.
En este caso, la persona imputada en un hecho delictivo acuerda con el Ministerio Público Fiscal un beneficio a cambio de información fehaciente, valiosa, cierta y comprobable.
De esa manera, la persona obtiene una reducción en la escala penal del delito consumado que se le atribuye por el de la escala penal de la tentativa de ese delito, lo cual le reduce la escala penal sensiblemente.
El “imputado colaborador” tiene que entregar datos corroborables. En el lapso de un año los fiscales pueden contrastar y verificar si lo que dice esta persona es verificable. A partir de ahí, si la información brindada es engañosa el declarante asume las consecuencias y será gravemente penado por eso.
El acuerdo es entre una persona que se presenta y se firma un acuerdo con el Ministerio Público. El juez homologa y después se lleva adelante el desarrollo de los beneficios en cuanto se pueda con respecto a la información que otorgó.
Si no se presenta, será extraditado desde Miami
Fuentes de la Fiscalía de Comodoro Rivadavia confirmaron a Jornada que un exfuncionario municipal será imputado en los próximos días y deberá presentarse en sede judicial para ser notificado. Pero como es de público conocimiento que se radicó en la ciudad de Miami, en Estados Unidos, podría ser extraditado en caso de que se niegue a regresar a Comodoro para ponerse a derecho.
Se trata de Rubén Palomeque, quien fue secretario de Servicios a la Comunidad de Comodoro hasta mayo de 2018, tras presentar su renuncia por razones “familiares”.
Palomeque era un hombre de estrecha confianza de Carlos Linares, quien el día que le agradeció públicamente por su labor en el municipio tuvo palabras muy elogiosas por su trabajo de coordinación durante el temporal que azotó a la ciudad, por el que ahora probablemente sea juzgado.
Otro que será imputado en los próximos días será Abel Boyero, quien se desempeñaba como secretario de Infraestructura.
Operativos
Hace pocos días, a pedido del fiscal Iturrioz, la jueza Mariel Suárez ordenó una serie de allanamientos. Fueron trece en total, entre oficinas de empresas y oficinas públicas, incluida la propia Municipalidad de Comodoro.
En esas diligencias se secuestró gran cantidad de documentación relacionada a la contingencia climática: desde facturas oficiales de venta y compra, hasta recibos, contratos de locación de vehículos, contratos de comodato, planillas de horarios de trabajo, planillas de órdenes de servicio, registros de compra de insumos, libros de banco, conciliaciones bancarias y contratos, entre otros. Además, se incautaron celulares y computadoras.
En uno de los domicilios allanados se secuestraron dos armas de fuego sin registrar, por lo que se iniciaron actuaciones paralelas por esta infracción.
Lesiones
Y por si fuera poco, el presidente de la firma Golfo San Jorge, Roberto Adel Monasterolo, intentó evitar el allanamiento intentando escapar del lugar, lastimando a un cabo de la Policía del Chubut, a quién le aprisionó un brazo con la puerta de su camioneta y lo arrastró por varios metros.#