Trump, más complicado en el "Ucrania-gate"
El embajador de los Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland, cambió su testimonio y admitió haber condicionado la ayuda militar a Ucrania a que Kiev investigara a Joe Biden, unos de los rivales demócratas del presidente Donald Trump.
Ese testimonio es una de las pruebas más fuertes contra Trump hasta la fecha.
Así, el diplomático invalidó una versión previa en la que había negado todos los hechos.
Y admitió que propuso el quid pro quo (del latín, "algo a cambio de algo") supuestamente ilegal y negado por Trump repetidamente, en una conversación, el 1 de septiembre, con Andrey Yermak, un alto consejero del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.
Sondland es una figura clave en el esfuerzo de los demócratas estadounidenses para realizar un juicio político contra el presidente de los Estados Unidos.
Sería uno de los tres amigos que dirigieron la política de Ucrania para Trump.
Junto con su testimonio, los congresistas del Partido Demócrata difundieron las palabras de Kurt Volker, ex representante especial de los Estados Unidos para ese país europeo.
El tercer hombre en cuestión es el secretario de Energía norteamericano, Rick Perry.
A principios de octubre, Trump recordó que Gordon Sondland declaró que el presidente había sido "muy claro: no hay quid pro quo de ningún tipo".
Sin embargo, el 4 de noviembre ese diplomático ofreció nuevos detalles que no coinciden con el testimonio de hace unas semanas: para principios de septiembre.
"En ausencia de una explicación creíble", concluyó que la ayuda retenida estaba vinculada a la demanda del presidente de EE.UU. de que Ucrania reconociera públicamente una investigación y al principio no se dio cuenta de que estaba destinada a Joe Biden y su hijo, según un cable de la la agencia Reuters publicado por medios locales e internacionales.
Entonces, Sondland dijo a un asesor presidencial ucraniano que la reanudación de la ayuda estadounidense "probablemente" no tendría lugar hasta que Ucrania proporcionara "la declaración pública anticorrupción que se había discutido durante muchas semanas".
El 24 de septiembre, la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., la demócrata Nancy Pelosi, anunció el inicio de una investigación de juicio político cuyo fin es destituir a Donald Trump bajo la sospecha de que habría presionado en una conversación telefónica a su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, para que investigara a Joe Biden, con quien podría enfrentarse en las presidenciales de 2020.
Reportes indicaron que Trump habría retenido ayuda financiera a Ucrania por valor de 400 millones de dólares con el fin de presionar a Kiev para que reabriera una investigación de corrupción que involucra a Hunter Biden, quien formó parte de la junta directiva de una compañía de gas ucraniana.
Esa empresa, llamada Burisma, fue objeto de investigaciones de corrupción por parte de varios fiscales, que iniciaron y detuvieron los casos, mientras Hunter Biden estaba en su consejo de administración, en el que sería uno de varios ejemplos de que poderosos oligarcas habrían comprado el silencio del Gobierno ucraniano.
Varios testigos de la investigación en la Cámara Baja habían asegurado que se enteraron por Sondland de que la Casa Blanca quería condicionar la ayuda a Ucrania, lo que probablemente aumentó la presión sobre el embajador y le llevó a cambiar su relato.
Sondland admitió además ante los legisladores que llevan adelante la investigación previa a un eventual juicio político contra el presidente que entendía que el vínculo entre la investigación y la ayuda militar era "impropio".
Preguntado sobre si esto era ilegal, el embajador respondió: "No soy abogado, pero presumo que sí".
Ese testimonio es una de las pruebas más fuertes contra Trump hasta la fecha.
Así, el diplomático invalidó una versión previa en la que había negado todos los hechos.
Y admitió que propuso el quid pro quo (del latín, "algo a cambio de algo") supuestamente ilegal y negado por Trump repetidamente, en una conversación, el 1 de septiembre, con Andrey Yermak, un alto consejero del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.
Sondland es una figura clave en el esfuerzo de los demócratas estadounidenses para realizar un juicio político contra el presidente de los Estados Unidos.
Sería uno de los tres amigos que dirigieron la política de Ucrania para Trump.
Junto con su testimonio, los congresistas del Partido Demócrata difundieron las palabras de Kurt Volker, ex representante especial de los Estados Unidos para ese país europeo.
El tercer hombre en cuestión es el secretario de Energía norteamericano, Rick Perry.
A principios de octubre, Trump recordó que Gordon Sondland declaró que el presidente había sido "muy claro: no hay quid pro quo de ningún tipo".
Sin embargo, el 4 de noviembre ese diplomático ofreció nuevos detalles que no coinciden con el testimonio de hace unas semanas: para principios de septiembre.
"En ausencia de una explicación creíble", concluyó que la ayuda retenida estaba vinculada a la demanda del presidente de EE.UU. de que Ucrania reconociera públicamente una investigación y al principio no se dio cuenta de que estaba destinada a Joe Biden y su hijo, según un cable de la la agencia Reuters publicado por medios locales e internacionales.
Entonces, Sondland dijo a un asesor presidencial ucraniano que la reanudación de la ayuda estadounidense "probablemente" no tendría lugar hasta que Ucrania proporcionara "la declaración pública anticorrupción que se había discutido durante muchas semanas".
El 24 de septiembre, la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., la demócrata Nancy Pelosi, anunció el inicio de una investigación de juicio político cuyo fin es destituir a Donald Trump bajo la sospecha de que habría presionado en una conversación telefónica a su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, para que investigara a Joe Biden, con quien podría enfrentarse en las presidenciales de 2020.
Reportes indicaron que Trump habría retenido ayuda financiera a Ucrania por valor de 400 millones de dólares con el fin de presionar a Kiev para que reabriera una investigación de corrupción que involucra a Hunter Biden, quien formó parte de la junta directiva de una compañía de gas ucraniana.
Esa empresa, llamada Burisma, fue objeto de investigaciones de corrupción por parte de varios fiscales, que iniciaron y detuvieron los casos, mientras Hunter Biden estaba en su consejo de administración, en el que sería uno de varios ejemplos de que poderosos oligarcas habrían comprado el silencio del Gobierno ucraniano.
Varios testigos de la investigación en la Cámara Baja habían asegurado que se enteraron por Sondland de que la Casa Blanca quería condicionar la ayuda a Ucrania, lo que probablemente aumentó la presión sobre el embajador y le llevó a cambiar su relato.
Sondland admitió además ante los legisladores que llevan adelante la investigación previa a un eventual juicio político contra el presidente que entendía que el vínculo entre la investigación y la ayuda militar era "impropio".
Preguntado sobre si esto era ilegal, el embajador respondió: "No soy abogado, pero presumo que sí".