El 2 de diciembre los tres candidatos al Superior contestarán las preguntas de los diputados
Se trata de Daniel Báez, Ricardo Napolitani y Silvia Bustos, pliegos propuestos para cubrir tres de las cuatro vacantes. En la sesión de ayer quedó creado el “per saltum” en Chubut: el Superior Tribunal podrá decidir temas de “gravedad institucional” sin necesidad de pasar antes por una Cámara.
El 2 de diciembre habrá sesión especial de Legislatura, luego de finalizar la ordinaria de ese día, para que concurran los tres postulantes al Superior Tribunal de Justicia a responder las preguntas de los diputados. El gobernador Mariano Arcioni envió los pliegos de Daniel Báez, Ricardo Napolitani y de Silvia Bustos para cubrir tres de las cuatro vacantes en el Superior Tribunal de Justicia. Estos postulantes generaron la reacción de muchos sectores ante el no cumplimiento de la ley de Paridad de género en ese órgano del Estado. Es que de aprobarse estos pliegos quedarán cuatro hombres y una mujer.
Como ahora los diputados no vuelven a sesionar hasta el 2 de diciembre, por las elecciones del 14 de noviembre y el posterior uso del recinto para el escrutinio definitivo de votos, acordaron que ese día luego de la sesión ordinaria, se convoca a una especial donde irán los tres candidatos. Cumplido ese trámite, en la sesión posterior se analizará la aprobación de los pliegos.
En otro orden, la Legislatura aprobó la creación del recurso extraordinario conocido como “per saltum” ante el Superior Tribunal. Se podrá usar en “conflictos de notoria gravedad institucional” y sin necesidad de pasar por Cámara. “Será en aquellas causas cuya solución definitiva y expedita sea necesaria, y donde el recurso constituye el único remedio eficaz para la protección del derecho comprometido, a los fines de evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior”.
El Superior habilitará la instancia con alcances restringido. Sólo serán susceptibles de “per saltum” las sentencias definitivas de primera instancia, las resoluciones equiparables en sus efectos y las medidas cautelares. No procederá en causas penales ni de habeas corpus. Al proyecto de ley lo había presentado el diputado Juan País, presidente de Chubut al Frente.
Habrá “gravedad institucional” cuando los temas sometidos “excedan el interés de las partes en la causa, proyectándose sobre el general o público”. De este modo “por su trascendencia queden comprometidos el funcionamiento de las instituciones básicas del sistema republicano de gobierno o los principios y garantías consagrados por la Constitución Provincial”.
Habrá afectación a las instituciones básicas cuando la sentencia “afecte el normal desenvolvimiento económico financiero de la administración provincial o de las corporaciones municipales, la prestación de servicios públicos, la afectación al normal cumplimiento de sus obligaciones; como también aspectos de su vida republicana y democrática”.
También en la sesión de ayer, y a pedido del STJ, la Legislatura aprobó una nueva postergación por el plazo de 18 meses de la entrada en vigencia del Código de Convivencia Ciudadana y también de la aplicación de la Ley que declara de interés provincial la protección a todas las especies de animales domésticos o domesticados contra todo acto de maltrato o crueldad.
En diciembre del 2020 la Legislatura ya había suspendido la entrada en vigencia de ambas leyes por el plazo de 180 días a partir del 1º de enero de 2021, por lo cual ambas debían entrar en vigencia el 1º de julio. Con esta nueva postergación ahora su fecha de vigencia es el 1º de enero de 2023.
En el fundamento del pedido, el Superior explica que con la llegada de la pandemia “cambió sustancialmente el escenario en que se pretendía aplicar ambas leyes. También advierten un contexto adverso en que se tendrían que poner en marcha ambas leyes y que se deben agregar mediadas que ayudan a sobrellevar la crisis económica surgida a consecuencia de la pandemia, especialmente en grupos sociales vulnerables o vinculados a la producción en sus distintas formas, con el esfuerzo presupuestario que conlleva”.
“A ese escenario, ya de por sí complejo, debemos agregarle que se declaró el estado de emergencia económica, financiera y administrativa de nuestra provincia por 18 meses y eso impactó negativamente en el cumplimiento de las mandas contenidas en las leyes precitadas, ello es articulación y puesta en marcha de mecanismos referidos a instrumentación, capacitación y readecuación del nuevo Código de Procedimiento en materia contravencional, particularmente”.
Otro inconveniente para la puesta en marcha de estas leyes es que “el proceso de concurso, selección y designación por parte del Consejo de la Magistratura no alcanza -con suerte- a cubrir las vacantes que se suelen producir en cargos de Jueces, Fiscales o Defensores. Se debería duplicar la cantidad de fiscales y defensores sólo para poder hacer frente a la cuestión contravencional, con el impacto presupuestario que conlleva”.
Tampoco se creó el Fondo para la implementación y difusión de la Ley I NO 683 integrado por la recaudación del cobro de las sanciones impuestas por las faltas cometidas, que debe administrar el STJ.
Por último, los diputados aprobaron la incorporación del Lenguaje de Señas en los tres poderes del Estado. Esto implica que se cuente con al menos un empleado capacitado en las dependencias públicas provinciales y que los actos públicos sean transmitidos en LSA.
La iniciativa fue de Adriana Casanovas, del Frente de Todos. “El fin es transmitir la información a todos los ciudadanos de Chubut de manera inclusiva eliminando las barreras que afectan las facultades de las personas con dificultades auditivas para ejercer sus derechos libremente ante entidades públicas”. Se deberá colocar cartelería que exprese de manera clara que la dependencia cuenta con un intérprete en Lengua de Señas a disposición de quien lo requiera.
Y en particular el Poder Judicial procurará “que las personas con discapacidad auditiva tengan acceso a la Justicia en igualdad de condiciones con ajustes de procedimiento, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos”.
El 2 de diciembre habrá sesión especial de Legislatura, luego de finalizar la ordinaria de ese día, para que concurran los tres postulantes al Superior Tribunal de Justicia a responder las preguntas de los diputados. El gobernador Mariano Arcioni envió los pliegos de Daniel Báez, Ricardo Napolitani y de Silvia Bustos para cubrir tres de las cuatro vacantes en el Superior Tribunal de Justicia. Estos postulantes generaron la reacción de muchos sectores ante el no cumplimiento de la ley de Paridad de género en ese órgano del Estado. Es que de aprobarse estos pliegos quedarán cuatro hombres y una mujer.
Como ahora los diputados no vuelven a sesionar hasta el 2 de diciembre, por las elecciones del 14 de noviembre y el posterior uso del recinto para el escrutinio definitivo de votos, acordaron que ese día luego de la sesión ordinaria, se convoca a una especial donde irán los tres candidatos. Cumplido ese trámite, en la sesión posterior se analizará la aprobación de los pliegos.
En otro orden, la Legislatura aprobó la creación del recurso extraordinario conocido como “per saltum” ante el Superior Tribunal. Se podrá usar en “conflictos de notoria gravedad institucional” y sin necesidad de pasar por Cámara. “Será en aquellas causas cuya solución definitiva y expedita sea necesaria, y donde el recurso constituye el único remedio eficaz para la protección del derecho comprometido, a los fines de evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior”.
El Superior habilitará la instancia con alcances restringido. Sólo serán susceptibles de “per saltum” las sentencias definitivas de primera instancia, las resoluciones equiparables en sus efectos y las medidas cautelares. No procederá en causas penales ni de habeas corpus. Al proyecto de ley lo había presentado el diputado Juan País, presidente de Chubut al Frente.
Habrá “gravedad institucional” cuando los temas sometidos “excedan el interés de las partes en la causa, proyectándose sobre el general o público”. De este modo “por su trascendencia queden comprometidos el funcionamiento de las instituciones básicas del sistema republicano de gobierno o los principios y garantías consagrados por la Constitución Provincial”.
Habrá afectación a las instituciones básicas cuando la sentencia “afecte el normal desenvolvimiento económico financiero de la administración provincial o de las corporaciones municipales, la prestación de servicios públicos, la afectación al normal cumplimiento de sus obligaciones; como también aspectos de su vida republicana y democrática”.
También en la sesión de ayer, y a pedido del STJ, la Legislatura aprobó una nueva postergación por el plazo de 18 meses de la entrada en vigencia del Código de Convivencia Ciudadana y también de la aplicación de la Ley que declara de interés provincial la protección a todas las especies de animales domésticos o domesticados contra todo acto de maltrato o crueldad.
En diciembre del 2020 la Legislatura ya había suspendido la entrada en vigencia de ambas leyes por el plazo de 180 días a partir del 1º de enero de 2021, por lo cual ambas debían entrar en vigencia el 1º de julio. Con esta nueva postergación ahora su fecha de vigencia es el 1º de enero de 2023.
En el fundamento del pedido, el Superior explica que con la llegada de la pandemia “cambió sustancialmente el escenario en que se pretendía aplicar ambas leyes. También advierten un contexto adverso en que se tendrían que poner en marcha ambas leyes y que se deben agregar mediadas que ayudan a sobrellevar la crisis económica surgida a consecuencia de la pandemia, especialmente en grupos sociales vulnerables o vinculados a la producción en sus distintas formas, con el esfuerzo presupuestario que conlleva”.
“A ese escenario, ya de por sí complejo, debemos agregarle que se declaró el estado de emergencia económica, financiera y administrativa de nuestra provincia por 18 meses y eso impactó negativamente en el cumplimiento de las mandas contenidas en las leyes precitadas, ello es articulación y puesta en marcha de mecanismos referidos a instrumentación, capacitación y readecuación del nuevo Código de Procedimiento en materia contravencional, particularmente”.
Otro inconveniente para la puesta en marcha de estas leyes es que “el proceso de concurso, selección y designación por parte del Consejo de la Magistratura no alcanza -con suerte- a cubrir las vacantes que se suelen producir en cargos de Jueces, Fiscales o Defensores. Se debería duplicar la cantidad de fiscales y defensores sólo para poder hacer frente a la cuestión contravencional, con el impacto presupuestario que conlleva”.
Tampoco se creó el Fondo para la implementación y difusión de la Ley I NO 683 integrado por la recaudación del cobro de las sanciones impuestas por las faltas cometidas, que debe administrar el STJ.
Por último, los diputados aprobaron la incorporación del Lenguaje de Señas en los tres poderes del Estado. Esto implica que se cuente con al menos un empleado capacitado en las dependencias públicas provinciales y que los actos públicos sean transmitidos en LSA.
La iniciativa fue de Adriana Casanovas, del Frente de Todos. “El fin es transmitir la información a todos los ciudadanos de Chubut de manera inclusiva eliminando las barreras que afectan las facultades de las personas con dificultades auditivas para ejercer sus derechos libremente ante entidades públicas”. Se deberá colocar cartelería que exprese de manera clara que la dependencia cuenta con un intérprete en Lengua de Señas a disposición de quien lo requiera.
Y en particular el Poder Judicial procurará “que las personas con discapacidad auditiva tengan acceso a la Justicia en igualdad de condiciones con ajustes de procedimiento, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos”.