Para las 11 estaba prevista la interpelación al secretario de Seguridad, a cargo del Ministerio, Oscar Martínez Conti. Llegó puntual a Legislatura junto con el jefe de la Policía, Rubén Cifuentes. Sin embargo, algunos diputados pidieron hacer la interpelación a puertas cerradas porque algunas de las 17 preguntas podían desnudar políticas de prevención delictual que, al ser públicas, darían a conocer maniobras de trabajo internas. Esto generó un debate con el presidente de la Cámara, Gustavo Mac Karthy, que demoró el encuentro. Los funcionarios provinciales se retiraron esperando ser citados cuando se resolviese.
“El secretario respondió todas las consultas del cuestionario por escrito y las autoridades evaluarán si es oportuno darlas a conocer porque hacen al funcionamiento operativo de la fuerza”, dijo Cifuentes al irse.
Afuera del edificio hubo gran parte del día un grupo de pro mineros con parlantes y bombos manifestando su intención que se trate la zonificación minera.
Retención de servicios
Mientras se aguardaba la interpelación, el secretario general de la Asociación Provincial de Empleados Legislativo, Ángel Sierra, anunció la retención de servicios de la casa de las leyes.
Explicó que estuvieron trabajando con los diputados de la Comisión Negociadora (Cisneros, Lizurume, Llanes, Mariñanco, Jara e Ingram) en las modificaciones que se pidieron hasta las 22.30 del miércoles a fin de que sea abordado en la sesión de ayer.
“Estuvimos ultimando los detalles que se nos requirieron y que eran cuestionados en el CCT. Se hicieron los cambios y se firmó el convenio. Hoy –por ayer- la Comisión Negociadora pidió n que tenga el tratamiento en la sesión pero el resto de los legisladores pidió más tiempo para analizarlo”, explicó.
“Es realmente una falta de respeto hacia los mismos diputados de la Comisión porque se les dieron las facultades para negociar y redactar este convenio por medio de una resolución de Cámara. Esto fue aprobado en 2011 –especificó el sindicalista-. Los diputados pusieron todo de sí para que salga lo mejor posible, hacia el sindicato que trabajó mucho pero sobre todo hacia los empleados de la Legislatura porque les brinda una tranquilidad enorme a su carrera administrativa y un ordenamiento en la estructura”.
La medida continuará hasta que se trate el tema. La retención afecta a todos los sectores de la Cámara. “No funciona prácticamente nada. No hay servicios de mozos ni de cafetería. Hay dictámenes que faltan sellar por los secretarios y los taquígrafos tampoco trabajan”, aseguró.
Sierra detalló los cambios en el Convenio Colectivo de Trabajo para que pueda ser aprobado. Los 27 empleados judicializados percibirán los beneficios. “Son modificaciones que si no hubiesen estado era lo mismo”, expresó. Destacó el cambio del artículo de los judicializados que expresaba que se rijan conforme a lo que dictamine la Justicia. “Ningún Convenio Colectivo puede dejar afuera a ningún empleado, esté judicializado o no. Esto es para todos, inclusive estos trabajadores que actualmente cobran sus sueldos y tienen sus vacaciones como el resto. Como se objetó el artículo, se lo eliminó”, relató. Además se cambió la palabra “empresa” y se hicieron cambios en la jubilación del personal. “Todo el mundo tiene copia, no pueden decir que quieren más tiempo para estudiarlo”, concluyó.
Una treintena de empleados empezó a tocar los bombos en la puerta del recinto por más de tres horas. Mientras, el gremio se reunía en Presidencia con Mac Karthy y diputados de distintos bloques pidiendo el urgente tratamiento.
El proyecto, al ingresar por Resolución de Presidencia, necesita mayoría simple. Pero para su tratamiento sobre tablas requiere dos tercios de los votos, esto es 18 votos. Ante la posibilidad de que Chubut Somos Todos no lo apoye, el gremio esperaba que ingrese por Resolución.
El presidente de la Cámara, que siempre tuvo la intención de sesionar, volvió a pedir más tiempo para su tratamiento pero el gremio se negó al argumentar que las modificaciones que habían pedido se concretaron y que sólo era una manera de dilatar el tema. La decisión recayó sobre Mac Karthy porque el proyecto no ingresó por mesa de entrada sino por resolución de Presidencia. Con este panorama, la APEL definió continuar con la medida de fuerza hasta que se trate el convenio. Finalmente, ante la imposibilidad de sesionar por el paro del personal y los bombos, se dio por levantada la sesión.
La opinión de los diputados
El presidente de Chubut Somos Todos, Jerónimo García, opinó que en un Convenio “participa la autoridad de aplicación, ya sea provincial o nacional, y se homologa. Si este trámite no está, los diputados mínimo necesitan poder leerlo”. Y recalcó la importancia de tener más tiempo para analizarlo. “Sería un grave inconveniente” que los empleados no dejen sesionar.
El diputado del Frente para la Victoria, perteneciente al Interbloque, Eduardo Daniel, declaró que su postura fue “apoyar a los diputados que delegamos la responsabilidad de trabajar con el gremio”. Pretendían que sea elevado al presidente de la Cámara para su tratamiento. “Hay una dificultad con el gremio porque Mac Karthy plantea hacer las consultas del caso para luego elevarlo a la Cámara. La APEL indica que ese no es el paso que corresponde y decidieron mantener la medida de fuerza”, señaló.
“Nos vamos a responsabilizar con nuestro voto. Ahora tendrán que ver cómo se acuerda la forma de entrega y una vez que pase el convenio a la Cámara lo someteremos a votación”, expuso.
Finalmente el legislador del Polo Social, Oscar Petersen, expresó que el inconveniente de tratarlo estuvo vinculado a los distintos proyectos en danza. “Analicé un proyecto pero cuando llegué a Presidencia había otro con modificaciones. Estábamos prácticamente en cero nuevamente. Lo más grave fue que avanzando la labor parlamentaria, apareció una nueva copia con más modificaciones que alcanzó el secretario del gremio. Lo que se le pidió en ese momento fue mínimamente leerlo”, comentó. “Hay que actuar con madurez pero no nos pueden impedir que leamos el convenio”.
Para las 11 estaba prevista la interpelación al secretario de Seguridad, a cargo del Ministerio, Oscar Martínez Conti. Llegó puntual a Legislatura junto con el jefe de la Policía, Rubén Cifuentes. Sin embargo, algunos diputados pidieron hacer la interpelación a puertas cerradas porque algunas de las 17 preguntas podían desnudar políticas de prevención delictual que, al ser públicas, darían a conocer maniobras de trabajo internas. Esto generó un debate con el presidente de la Cámara, Gustavo Mac Karthy, que demoró el encuentro. Los funcionarios provinciales se retiraron esperando ser citados cuando se resolviese.
“El secretario respondió todas las consultas del cuestionario por escrito y las autoridades evaluarán si es oportuno darlas a conocer porque hacen al funcionamiento operativo de la fuerza”, dijo Cifuentes al irse.
Afuera del edificio hubo gran parte del día un grupo de pro mineros con parlantes y bombos manifestando su intención que se trate la zonificación minera.
Retención de servicios
Mientras se aguardaba la interpelación, el secretario general de la Asociación Provincial de Empleados Legislativo, Ángel Sierra, anunció la retención de servicios de la casa de las leyes.
Explicó que estuvieron trabajando con los diputados de la Comisión Negociadora (Cisneros, Lizurume, Llanes, Mariñanco, Jara e Ingram) en las modificaciones que se pidieron hasta las 22.30 del miércoles a fin de que sea abordado en la sesión de ayer.
“Estuvimos ultimando los detalles que se nos requirieron y que eran cuestionados en el CCT. Se hicieron los cambios y se firmó el convenio. Hoy –por ayer- la Comisión Negociadora pidió n que tenga el tratamiento en la sesión pero el resto de los legisladores pidió más tiempo para analizarlo”, explicó.
“Es realmente una falta de respeto hacia los mismos diputados de la Comisión porque se les dieron las facultades para negociar y redactar este convenio por medio de una resolución de Cámara. Esto fue aprobado en 2011 –especificó el sindicalista-. Los diputados pusieron todo de sí para que salga lo mejor posible, hacia el sindicato que trabajó mucho pero sobre todo hacia los empleados de la Legislatura porque les brinda una tranquilidad enorme a su carrera administrativa y un ordenamiento en la estructura”.
La medida continuará hasta que se trate el tema. La retención afecta a todos los sectores de la Cámara. “No funciona prácticamente nada. No hay servicios de mozos ni de cafetería. Hay dictámenes que faltan sellar por los secretarios y los taquígrafos tampoco trabajan”, aseguró.
Sierra detalló los cambios en el Convenio Colectivo de Trabajo para que pueda ser aprobado. Los 27 empleados judicializados percibirán los beneficios. “Son modificaciones que si no hubiesen estado era lo mismo”, expresó. Destacó el cambio del artículo de los judicializados que expresaba que se rijan conforme a lo que dictamine la Justicia. “Ningún Convenio Colectivo puede dejar afuera a ningún empleado, esté judicializado o no. Esto es para todos, inclusive estos trabajadores que actualmente cobran sus sueldos y tienen sus vacaciones como el resto. Como se objetó el artículo, se lo eliminó”, relató. Además se cambió la palabra “empresa” y se hicieron cambios en la jubilación del personal. “Todo el mundo tiene copia, no pueden decir que quieren más tiempo para estudiarlo”, concluyó.
Una treintena de empleados empezó a tocar los bombos en la puerta del recinto por más de tres horas. Mientras, el gremio se reunía en Presidencia con Mac Karthy y diputados de distintos bloques pidiendo el urgente tratamiento.
El proyecto, al ingresar por Resolución de Presidencia, necesita mayoría simple. Pero para su tratamiento sobre tablas requiere dos tercios de los votos, esto es 18 votos. Ante la posibilidad de que Chubut Somos Todos no lo apoye, el gremio esperaba que ingrese por Resolución.
El presidente de la Cámara, que siempre tuvo la intención de sesionar, volvió a pedir más tiempo para su tratamiento pero el gremio se negó al argumentar que las modificaciones que habían pedido se concretaron y que sólo era una manera de dilatar el tema. La decisión recayó sobre Mac Karthy porque el proyecto no ingresó por mesa de entrada sino por resolución de Presidencia. Con este panorama, la APEL definió continuar con la medida de fuerza hasta que se trate el convenio. Finalmente, ante la imposibilidad de sesionar por el paro del personal y los bombos, se dio por levantada la sesión.
La opinión de los diputados
El presidente de Chubut Somos Todos, Jerónimo García, opinó que en un Convenio “participa la autoridad de aplicación, ya sea provincial o nacional, y se homologa. Si este trámite no está, los diputados mínimo necesitan poder leerlo”. Y recalcó la importancia de tener más tiempo para analizarlo. “Sería un grave inconveniente” que los empleados no dejen sesionar.
El diputado del Frente para la Victoria, perteneciente al Interbloque, Eduardo Daniel, declaró que su postura fue “apoyar a los diputados que delegamos la responsabilidad de trabajar con el gremio”. Pretendían que sea elevado al presidente de la Cámara para su tratamiento. “Hay una dificultad con el gremio porque Mac Karthy plantea hacer las consultas del caso para luego elevarlo a la Cámara. La APEL indica que ese no es el paso que corresponde y decidieron mantener la medida de fuerza”, señaló.
“Nos vamos a responsabilizar con nuestro voto. Ahora tendrán que ver cómo se acuerda la forma de entrega y una vez que pase el convenio a la Cámara lo someteremos a votación”, expuso.
Finalmente el legislador del Polo Social, Oscar Petersen, expresó que el inconveniente de tratarlo estuvo vinculado a los distintos proyectos en danza. “Analicé un proyecto pero cuando llegué a Presidencia había otro con modificaciones. Estábamos prácticamente en cero nuevamente. Lo más grave fue que avanzando la labor parlamentaria, apareció una nueva copia con más modificaciones que alcanzó el secretario del gremio. Lo que se le pidió en ese momento fue mínimamente leerlo”, comentó. “Hay que actuar con madurez pero no nos pueden impedir que leamos el convenio”.