De Boca en Boca y #DesdeElTwitter

Disconformes con la actual gestión, nace una nueva asociación de magistrados y funcionarios. El caso del Juzgado de Ejecución N° 1 de Comodoro Rivadavia, en donde los amparos de jueces salen como pan caliente. Otro Tribunal para “Cacho” Espinosa.

11 OCT 2015 - 22:29 | Actualizado

Esta semana comenzará a terminarse la “exclusividad” que la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Chubut tenía de agrupar a estos empleados jerárquicos del Poder Judicial.

Al parecer, no todos jueces, fiscales, defensores y profesionales de la Justicia están conformes con la labor de la Asociación, que ahora lidera el fiscal Alejandro Franco, y ya vienen trabajando en silencio para inscribir formalmente a otra asociación que por ahora no tiene un nombre definido pero que aglutinará a por lo menos dos tercios de los magistrados y funcionarios de la Justicia chubutense.

Aunque son varios los funcionarios judiciales que están trabajando en silencio en este tema, el impulsor y la “cara visible” es Gustavo Wengier, actual integrante de la Agencia de Comunicación Institucional del Superior Tribunal de Justicia y ex funcionario durante la gestión del radical José Luis Lizurume.

Wengier tiene buena relación con todas las líneas de la Justicia y muchos contactos políticos, y se le reconoce una gran habilidad comunicacional. De hecho, su trabajo en las bases ya está dando resultado: muchos de los potenciales afiliados ya tienen decidido desafiliarse de la Asociación de Magistrados y Funcionarios para sumarse a esta nueva organización.

El problema que deberá enfrentar Franco y sus aliados en la Asociación es cómo llevar adelante las elecciones internas del 27 de noviembre. Sobre todo, si hay una desafiliación masiva antes de esa fecha.

Para pocos

A Franco, como a sus compañeros de ruta en la Asociación de Magistrados, el juez Leonardo Pitcovsky y el defensor Omar López, les endilgan haber puesto a la Asociación a disposición de los intereses de los magistrados pero no del resto de los funcionarios judiciales.

Además, en todas las líneas del Poder Judicial empiezan a ver las constantes demandas y reclamos salariales de los magistrados hacia el Poder Ejecutivo como una herramienta de beneficio económico y nada más.

De hecho, la semana pasada Franco salió en un medio del Valle a anunciar que demandarían a la Provincia por incumplir pagos de diferencias salariales. Franco habló de impulsar nuevos juicios contra el Estado, que se agregarían a los millonarios reclamos que mantienen los jueces por el incumplimiento del convenio firmado en 2012, que generó embargos millonarios que le han ya le han costado una fortuna a las cuentas públicas.

En la Justicia todos hablan de un caso testigo “que alguien debería investigar”, sugieren en tono misterioso: el Juzgado de Ejecución N° 1 de Comodoro Rivadavia, que lidera el juez Gustavo Luis Horacio Toquier. De ese lugar han surgido buena parte de los millonarios embargos y pagos de honorarios que el Estado provincial tuvo que pagar por reclamos de jueces.

Incluido el del propio Toquier, que luego de excusarse y dejar el expediente en manos del conjuez Héctor Eduardo Freile, un abogado de la matrícula que también es conocido irónicamente como “Lapicera veloz”, fue beneficiado con la rápida salida de su amparo.

Un amigo

Para estos reclamos públicos, la Asociación de Magistrados ha venido contando con un operador de lujo: el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi, quien durante una entrevista con Jornada junto al administrador general del organismo, Héctor Capraro, le reclamó al Ministerio de Economía que cumpla con los pagos acordados de estos retroactivos.

Panizzi habló de un “incumplimiento inoperante e inexplicable, porque el dinero no es que no sale: en lugar de salir de la cuenta de gastos del Ejecutivo sale de Obligaciones del Tesoro, pero sale e incrementado con intereses, honorarios de conjueces, abogados, etcétera. Se generó un gasto ocioso que pudo haberse evitado”, disparó.

El ministro Pablo Scocca lo cruzó al día siguiente, negó que haya atrasos en la asignación de fondos y dio a entender que había poca recepción de la cúpula del Poder Judicial para lograr acuerdos.

Panizzi, se sabe, no es amigo de casi nadie en este Gobierno y todos sus contactos políticos –que los mantiene- vienen de la gestión anterior, cuando en los despachos de la Casa de Gobierno se lo nombraba cariñosamente como “Pani”.

Hay que pedir permiso

Al parecer hay sectores del Estado provincial que se manejaron por su cuenta y por simples resoluciones al otorgar adicionales, sin tener en cuenta que desembocarían en incrementos salariales no previstos para el Ministerio de Economía, y distorsionarían la pirámide de haberes en la administración pública.

Así lo trasluce el decreto Nº 1.331, mediante el cual el gobernador Martín Buzzi ordenó que “todo acto administrativo efectuado por acuerdo paritario de carácter colectivo o plurindividual o petición colectiva o plurindividual del personal de los Entes Autárquicos y Descentralizados que representen un incremento salarial o afecte de alguna manera el salario, deberá contar previamente con la autorización expresa por parte del señor gobernador”.

Según se recuerda, los incrementos salariales proyectados por el Poder Ejecutivo “se hacen por medio de proyectos de ley que siguen la tramitación ordinaria”. Sin embargo se verificaron casos en los que se concedieron adicionales o “diversas interpretaciones de disposiciones legislativas de carácter salarial que dieron lugar a incrementos no previstos”.

En la práctica administrativa los entes autárquicos y descentralizados fijan los incrementos salariales, incorporación de adicionales o interpretan su extensión respecto de su personal mediante resolución interna del organismo.

Pero pese a esta facultad, “a a efectos de mantener un trato igualitario y ecuánime respecto de políticas salariales, evitando incurrir en asimetrías entre el personal de la administración pública en sus entes centralizados y descentralizados, resulta conveniente que toda decisión colectiva que propicie un incremento salarial, deba contar con la autorización y aprobación por parte del gobernador”.

Siempre “Cacho”

El caso del crimen del empresario pesquero Raúl “Cacho” Espinosa parece de nunca acabar. Ahora, el Superior Tribunal de Justicia decidió que el tribunal que resuelva las apelaciones lo integrarán los camaristas de Trelew Aldo Luis De Cunto, Marcelo Jorge López Mesa y Natalia Isabel Spoturno.

Cabe recordar que por ese asesinato, ocurrido en enero de 2003 en Puerto Madryn, este año fueron absueltos Ademar Araujo, José Domingo Segundo y José Remigio Guevara. Fue el segundo juicio luego de que el Superior Tribunal de Justicia anulara el primer proceso, que también terminó en impunidad.

Además de definir la integración del tribunal, se aceptó la inhibición de los ministros Alejandro Panizzi, Jorge Pfleger y Daniel Rebagliati Russell, y de los camaristas Carlos Alberto Velázquez, Raúl Adrián Vergara y Sergio Rubén Lucero. Es que todos ellos ya tomaron parte en algún tramo de la larguísima causa, por lo que se considera que ya no serían imparciales para volver a tomar decisiones ante recursos de las partes.

Inconstitucional

La Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio una mala noticia a Chubut esta semana: declaró la inconstitucionalidad de una disposición que no consideraba como base para el cálculo de regalías hidrocarburíferas el valor de comercialización del crudo.

Lo que la Corte hizo, en ealidad, es voltear por inconstitucional una disposición de la Subsecretaría de Combustibles del año 2008 y otra resolución del año 2010 de la Secretaría de Energía de la Nación.

La primera, ratificada por la segunda, es una medida por la cual la Subsecretaría de Combustibles de la Nación dispuso que el valor de corte para aceites crudos de petróleo o mineral bituminoso equivalente a US$ 42 el barril debe ser considerado como el precio piso efectivo sobre el cual se debe aplicar el ajuste de calidad positivo a los fines del cálculo y la liquidación de las regalías hidrocarburíferas desde el 9 de enero de 2008.

El Tribunal sostuvo que el establecimiento de ese precio-piso de U$S 42, en cuanto reemplaza al “real” o “efectivamente” obtenido por el concesionario -si este último es inferior a aquél-, vulnera el régimen federal de hidrocarburos, y la “regla de oro en materia de pago de regalías”, en virtud de la cual -siguiendo el criterio de la propia Secretaría de Energía de la Nación- “el valor boca de pozo se liquidará en función del valor del producto obtenido por el concesionario en sus operaciones de comercialización”.

El fallo de la Corte involucró varios reclamos de petroleras en varias provincias. En el caso de Chubut, las presentaciones contra este sistema de cobro lo hicieron las Colhue Huapi S.A. y Enap Sipetrol Argentina S.A., la misma firma de capitales chilenos que la semana pasada se vio beneficiada con la aprobación en la Legislatura provincial de la extensión de sus contratos en Chubut.#

Desde el Twitter

Carlos Eliceche @carloseliceche

Quiero invitar a los vecinos de Madryn a trabajar por el #Madryn que queremos.#DebateMadryn

Ricardo Sastre @ric_sastre

“En qué cambia una alineación con Scioli, con la que existe hoy entre Cristina y Provincia, si las obras igual nunca llegaron” #DebateMadryn

Marivi das Neves @marividasneves

Es un debate televisivo. El unico que fue vestido como Intendente es @ric_sastre, hasta en eso se diferencia. #DebateMadryn

Alejandro Caruso @alejandrocaruso

Se olvidó de uno de sus mayores logros de gestión Sastre: no pagar los sueldos a empleados municipales durante mucho tiempo #DebateMadryn

María Inés Giménez ‏@inenum

#DebateMadryn @JornadaWebEl único concreto Leslie Roberts

86 % @cristianvive

Decime si Leslie Roberts no es iiiiiigual al Trapito Barovero ! #DebateMadryn Hasta Nombre de Arquero tiene Leslie

M@rtincho @TinchoMadryn

Laurita: es justo que vos hables de políticos que se enriquezcan y sean buenas personas, Cambiemos!

Laura Lara @LaraLara032

Sueño das vos Laurita!!! #DebateMadryn

Gachi Gómez @GachiiGomez

Escalante hablo más de él que de lo que va a hacer... #DebateMadryn

Nahuel Ferez @nahuferez

Pasó el Diego y dijo que Escalante tartamudea mucho #DebateMadryn

LU 17 @lu17com

#Ahora Podés escuchar en http://lu17.com el #DebateMadryn que organizó el@GrupoJornada

Jose González @josepmy

Felicitaciones al stream de #Canal3 que a pesar del lag se bancó bastante bien el#DebateMadryn

Axel Vaccaro @AxelVaccaro

Felicitaciones a los organizadores del #DebateMadryn @JornadaWeb Lo seguí desde BsAs x internet. Ahora sólo queda viajar a votar.

Diario Jornada @JornadaWeb

Muchas gracias a los cinco candidatos del #DebateMadryn

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11 OCT 2015 - 22:29

Esta semana comenzará a terminarse la “exclusividad” que la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Chubut tenía de agrupar a estos empleados jerárquicos del Poder Judicial.

Al parecer, no todos jueces, fiscales, defensores y profesionales de la Justicia están conformes con la labor de la Asociación, que ahora lidera el fiscal Alejandro Franco, y ya vienen trabajando en silencio para inscribir formalmente a otra asociación que por ahora no tiene un nombre definido pero que aglutinará a por lo menos dos tercios de los magistrados y funcionarios de la Justicia chubutense.

Aunque son varios los funcionarios judiciales que están trabajando en silencio en este tema, el impulsor y la “cara visible” es Gustavo Wengier, actual integrante de la Agencia de Comunicación Institucional del Superior Tribunal de Justicia y ex funcionario durante la gestión del radical José Luis Lizurume.

Wengier tiene buena relación con todas las líneas de la Justicia y muchos contactos políticos, y se le reconoce una gran habilidad comunicacional. De hecho, su trabajo en las bases ya está dando resultado: muchos de los potenciales afiliados ya tienen decidido desafiliarse de la Asociación de Magistrados y Funcionarios para sumarse a esta nueva organización.

El problema que deberá enfrentar Franco y sus aliados en la Asociación es cómo llevar adelante las elecciones internas del 27 de noviembre. Sobre todo, si hay una desafiliación masiva antes de esa fecha.

Para pocos

A Franco, como a sus compañeros de ruta en la Asociación de Magistrados, el juez Leonardo Pitcovsky y el defensor Omar López, les endilgan haber puesto a la Asociación a disposición de los intereses de los magistrados pero no del resto de los funcionarios judiciales.

Además, en todas las líneas del Poder Judicial empiezan a ver las constantes demandas y reclamos salariales de los magistrados hacia el Poder Ejecutivo como una herramienta de beneficio económico y nada más.

De hecho, la semana pasada Franco salió en un medio del Valle a anunciar que demandarían a la Provincia por incumplir pagos de diferencias salariales. Franco habló de impulsar nuevos juicios contra el Estado, que se agregarían a los millonarios reclamos que mantienen los jueces por el incumplimiento del convenio firmado en 2012, que generó embargos millonarios que le han ya le han costado una fortuna a las cuentas públicas.

En la Justicia todos hablan de un caso testigo “que alguien debería investigar”, sugieren en tono misterioso: el Juzgado de Ejecución N° 1 de Comodoro Rivadavia, que lidera el juez Gustavo Luis Horacio Toquier. De ese lugar han surgido buena parte de los millonarios embargos y pagos de honorarios que el Estado provincial tuvo que pagar por reclamos de jueces.

Incluido el del propio Toquier, que luego de excusarse y dejar el expediente en manos del conjuez Héctor Eduardo Freile, un abogado de la matrícula que también es conocido irónicamente como “Lapicera veloz”, fue beneficiado con la rápida salida de su amparo.

Un amigo

Para estos reclamos públicos, la Asociación de Magistrados ha venido contando con un operador de lujo: el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Panizzi, quien durante una entrevista con Jornada junto al administrador general del organismo, Héctor Capraro, le reclamó al Ministerio de Economía que cumpla con los pagos acordados de estos retroactivos.

Panizzi habló de un “incumplimiento inoperante e inexplicable, porque el dinero no es que no sale: en lugar de salir de la cuenta de gastos del Ejecutivo sale de Obligaciones del Tesoro, pero sale e incrementado con intereses, honorarios de conjueces, abogados, etcétera. Se generó un gasto ocioso que pudo haberse evitado”, disparó.

El ministro Pablo Scocca lo cruzó al día siguiente, negó que haya atrasos en la asignación de fondos y dio a entender que había poca recepción de la cúpula del Poder Judicial para lograr acuerdos.

Panizzi, se sabe, no es amigo de casi nadie en este Gobierno y todos sus contactos políticos –que los mantiene- vienen de la gestión anterior, cuando en los despachos de la Casa de Gobierno se lo nombraba cariñosamente como “Pani”.

Hay que pedir permiso

Al parecer hay sectores del Estado provincial que se manejaron por su cuenta y por simples resoluciones al otorgar adicionales, sin tener en cuenta que desembocarían en incrementos salariales no previstos para el Ministerio de Economía, y distorsionarían la pirámide de haberes en la administración pública.

Así lo trasluce el decreto Nº 1.331, mediante el cual el gobernador Martín Buzzi ordenó que “todo acto administrativo efectuado por acuerdo paritario de carácter colectivo o plurindividual o petición colectiva o plurindividual del personal de los Entes Autárquicos y Descentralizados que representen un incremento salarial o afecte de alguna manera el salario, deberá contar previamente con la autorización expresa por parte del señor gobernador”.

Según se recuerda, los incrementos salariales proyectados por el Poder Ejecutivo “se hacen por medio de proyectos de ley que siguen la tramitación ordinaria”. Sin embargo se verificaron casos en los que se concedieron adicionales o “diversas interpretaciones de disposiciones legislativas de carácter salarial que dieron lugar a incrementos no previstos”.

En la práctica administrativa los entes autárquicos y descentralizados fijan los incrementos salariales, incorporación de adicionales o interpretan su extensión respecto de su personal mediante resolución interna del organismo.

Pero pese a esta facultad, “a a efectos de mantener un trato igualitario y ecuánime respecto de políticas salariales, evitando incurrir en asimetrías entre el personal de la administración pública en sus entes centralizados y descentralizados, resulta conveniente que toda decisión colectiva que propicie un incremento salarial, deba contar con la autorización y aprobación por parte del gobernador”.

Siempre “Cacho”

El caso del crimen del empresario pesquero Raúl “Cacho” Espinosa parece de nunca acabar. Ahora, el Superior Tribunal de Justicia decidió que el tribunal que resuelva las apelaciones lo integrarán los camaristas de Trelew Aldo Luis De Cunto, Marcelo Jorge López Mesa y Natalia Isabel Spoturno.

Cabe recordar que por ese asesinato, ocurrido en enero de 2003 en Puerto Madryn, este año fueron absueltos Ademar Araujo, José Domingo Segundo y José Remigio Guevara. Fue el segundo juicio luego de que el Superior Tribunal de Justicia anulara el primer proceso, que también terminó en impunidad.

Además de definir la integración del tribunal, se aceptó la inhibición de los ministros Alejandro Panizzi, Jorge Pfleger y Daniel Rebagliati Russell, y de los camaristas Carlos Alberto Velázquez, Raúl Adrián Vergara y Sergio Rubén Lucero. Es que todos ellos ya tomaron parte en algún tramo de la larguísima causa, por lo que se considera que ya no serían imparciales para volver a tomar decisiones ante recursos de las partes.

Inconstitucional

La Corte Suprema de Justicia de la Nación le dio una mala noticia a Chubut esta semana: declaró la inconstitucionalidad de una disposición que no consideraba como base para el cálculo de regalías hidrocarburíferas el valor de comercialización del crudo.

Lo que la Corte hizo, en ealidad, es voltear por inconstitucional una disposición de la Subsecretaría de Combustibles del año 2008 y otra resolución del año 2010 de la Secretaría de Energía de la Nación.

La primera, ratificada por la segunda, es una medida por la cual la Subsecretaría de Combustibles de la Nación dispuso que el valor de corte para aceites crudos de petróleo o mineral bituminoso equivalente a US$ 42 el barril debe ser considerado como el precio piso efectivo sobre el cual se debe aplicar el ajuste de calidad positivo a los fines del cálculo y la liquidación de las regalías hidrocarburíferas desde el 9 de enero de 2008.

El Tribunal sostuvo que el establecimiento de ese precio-piso de U$S 42, en cuanto reemplaza al “real” o “efectivamente” obtenido por el concesionario -si este último es inferior a aquél-, vulnera el régimen federal de hidrocarburos, y la “regla de oro en materia de pago de regalías”, en virtud de la cual -siguiendo el criterio de la propia Secretaría de Energía de la Nación- “el valor boca de pozo se liquidará en función del valor del producto obtenido por el concesionario en sus operaciones de comercialización”.

El fallo de la Corte involucró varios reclamos de petroleras en varias provincias. En el caso de Chubut, las presentaciones contra este sistema de cobro lo hicieron las Colhue Huapi S.A. y Enap Sipetrol Argentina S.A., la misma firma de capitales chilenos que la semana pasada se vio beneficiada con la aprobación en la Legislatura provincial de la extensión de sus contratos en Chubut.#

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Carlos Eliceche @carloseliceche

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Ricardo Sastre @ric_sastre

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Alejandro Caruso @alejandrocaruso

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M@rtincho @TinchoMadryn

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Nahuel Ferez @nahuferez

Pasó el Diego y dijo que Escalante tartamudea mucho #DebateMadryn

LU 17 @lu17com

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Jose González @josepmy

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