Según consigna el portal Infojus Noticias, las medidas se realizaron a pedido de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y se secuestró documentación referida a los años 1974 y 1983.
"Con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, en agosto, las empresas sólo tienen la obligación de conservar la documentación contable y laboral de los últimos diez años. Es decir que la empresa podía destruir toda la información referida a la dictadura, por eso actuamos con mucha premura", señaló el fiscal federal de San Martín Miguel García Ordaz.
"Nosotros primero pedimos la custodia de esa información, que fue avalada por el juez Canicoba Corral, y después se ordenó el secuestro. La empresa podía destruir todo su archivo de la dictadura, por eso la urgencia en el pedido de la Procuraduría", explicó a Infojus Noticias el fiscal federal de San Martín, Miguel García Ordaz.
La Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC) participó del allanamiento en las instalaciones de Tenaris en Campana y en las oficinas que la firma posee en la Capital Federal.
También participaron de la medida los juzgados federales de Campana y San Martín, a cargo de Adrián Gonzalez Charvay y Alicia Vence, respectivamente.
La OFINEC analizará la documentación secuestrada, compuesta por archivos del personal y actas contables, y tendría resultados en las próximas semanas.
Lo que quieren determinar los funcionarios judiciales es si entre 1974 y 1983, los ejecutivos de esta firma de Techint colaboraron con el terrorismo de Estado.
"Tenaris accedió a darnos la información, que estaba completa. Todavía no hay ningún procesamiento porque estamos en plena etapa de investigación", precisó el fiscal.
"Creemos que en la zona de Zárate y Campana hay más de 230 víctimas, de los cuales muchos de ellos eran trabajadores de Tenaris", apuntó el abogado Pablo Llonto, representante de una de las querellas en la megacausa de Campo de Mayo.
Uno de los casos investigados es el de Enrique Roberto Ingegnieros, de 28 años, militante de Montoneros y dibujante técnico en la fábrica Dálmine-Siderca de Campana.
El 5 de mayo de 1977, este trabajador resultó secuestrado en el interior de la planta por uniformados del Ejército, y su compañera, Irma Pompa, fue detenida ese mismo día.
En septiembre de 1976, habían sido secuestrados cuatro obreros de la misma fábrica siderúrgica en el lapso de dos horas, lo que se dio en llamar "La noche de los tubos", en el marco de operativos ordenados por los jefes de Campo de Mayo, al mando del ex general Santiago Omar Riveros.
Según consigna el portal Infojus Noticias, las medidas se realizaron a pedido de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y se secuestró documentación referida a los años 1974 y 1983.
"Con la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, en agosto, las empresas sólo tienen la obligación de conservar la documentación contable y laboral de los últimos diez años. Es decir que la empresa podía destruir toda la información referida a la dictadura, por eso actuamos con mucha premura", señaló el fiscal federal de San Martín Miguel García Ordaz.
"Nosotros primero pedimos la custodia de esa información, que fue avalada por el juez Canicoba Corral, y después se ordenó el secuestro. La empresa podía destruir todo su archivo de la dictadura, por eso la urgencia en el pedido de la Procuraduría", explicó a Infojus Noticias el fiscal federal de San Martín, Miguel García Ordaz.
La Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC) participó del allanamiento en las instalaciones de Tenaris en Campana y en las oficinas que la firma posee en la Capital Federal.
También participaron de la medida los juzgados federales de Campana y San Martín, a cargo de Adrián Gonzalez Charvay y Alicia Vence, respectivamente.
La OFINEC analizará la documentación secuestrada, compuesta por archivos del personal y actas contables, y tendría resultados en las próximas semanas.
Lo que quieren determinar los funcionarios judiciales es si entre 1974 y 1983, los ejecutivos de esta firma de Techint colaboraron con el terrorismo de Estado.
"Tenaris accedió a darnos la información, que estaba completa. Todavía no hay ningún procesamiento porque estamos en plena etapa de investigación", precisó el fiscal.
"Creemos que en la zona de Zárate y Campana hay más de 230 víctimas, de los cuales muchos de ellos eran trabajadores de Tenaris", apuntó el abogado Pablo Llonto, representante de una de las querellas en la megacausa de Campo de Mayo.
Uno de los casos investigados es el de Enrique Roberto Ingegnieros, de 28 años, militante de Montoneros y dibujante técnico en la fábrica Dálmine-Siderca de Campana.
El 5 de mayo de 1977, este trabajador resultó secuestrado en el interior de la planta por uniformados del Ejército, y su compañera, Irma Pompa, fue detenida ese mismo día.
En septiembre de 1976, habían sido secuestrados cuatro obreros de la misma fábrica siderúrgica en el lapso de dos horas, lo que se dio en llamar "La noche de los tubos", en el marco de operativos ordenados por los jefes de Campo de Mayo, al mando del ex general Santiago Omar Riveros.