El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, advirtió que el Gobierno Nacional busca desplazar el servicio de practicaje que realizan empresas privadas, destinando a esa tarea lanchas de Prefectura, al tiempo que denuncian que se trata de una maniobra que dejaría cientos de tripulantes sin empleo.
El titular de la Delegación Puerto Madryn del Centro de Patrones, Ariel Sudán, explicó que el argumento que estaría esgrimiendo el Estado Nacional sería que de este modo pretenden bajar costos en el transporte de cargas. “El costo del practicaje es mínimo, no creemos que sea significativo para la actividad”, dijo.
“Había un par de prácticos que pidieron a Vías Navegables el permiso para usar embarcaciones de Prefectura o de la Armada, y el capitán de ultramar Deleersnyder lo autorizó, y a pesar de que después dieron marcha atrás, nos sorprendió que ante una circunstancia de esta magnitud haya sido ratificado en su cargo. Lo cierto es que con el transcurrir de los días nos enteramos que esta es una política de Estado y que viene un decretazo en breve tiempo”, sostuvo Sudán.
Los trabajadores advierten que se trata de una maniobra del Gobierno Nacional que pretende recortar los costos portuarios usando recursos de la Prefectura Naval Argentina. Ante esa circunstancia tomaron medidas de fuerza que lograron suspender la iniciativa: “Logramos frenarlo con el Sindicato de Marina Mercante, que son los amarradores, así pudimos frenar la situación. El Gobierno pidió levantar la medida sindical y luego nos comunicaron que provisoriamente se suspendía la medida”, indicó Sudán.
La preocupación en el sector es el impacto que esto tendría en el empleo, ya que según afirma Sudán, “si esto persiste estamos hablando de más de 1.500 tripulantes entre patrones y marineros en todo el país, sería un golpe al empleo desde el extremo norte con el Río Paraná y el Río de la Plata y hasta el extremo sur por todo el litoral marítimo hasta Ushuaia”.
Cuestión de recursos
Alejandro Boccolini, otro de los referentes del sector, sostuvo que “la medida del Gobierno no puede persistir porque por un lado las embarcaciones de Prefectura no cumplen con los requisitos de la reglamentación técnica para ofrecer el servicio, y además se trataría de una transferencia de recursos del Estado al privado, en este caso utilizando materiales y recurso humano del Estado a favor de empresas privadas, lo que no se puede hacer”, dijo. “Lo más importante es que estamos movilizados y estamos unidos en todo el país”.
Para graficar la importancia de la medida que pretende llevar adelante el Gobierno Nacional, Fernando Clusella explicó que “el punto aquí es que se puede destinar un recurso del Estado para prestar un servicio a un privado, en términos corrientes sería como usar un patrullero o una ambulancia para que te lleve a tu casa”.
“Además hay mucha gente ha estudiado muchos años para hacer lo que hacemos, han dejado a sus familias para ir lejos y prepararse, y que el Estado considere que eso no es válido, no está bien”.
Medidas de fuerza
El argumento del Gobierno para promover la medida es que “parece que el Estado cree que abaratará costos, sacando un servicio que presta un privado, para reemplazarlo por recursos que están para otra cosa, y no tiene asidero”, sostuvo Clusella.
En Argentina hay 50 empresas de practicaje, dos de ellas prestan servicios en Puerto Madryn, y se estima que alrededor de 1.500 personas se desempeñan en estas empresas, lo que provoca la preocupación en el sector por los empleos directos e indirectos. “No se descartan medidas de fuerza, si es necesario, para que el Gobierno Nacional no avance en este sentido”.#
El Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, advirtió que el Gobierno Nacional busca desplazar el servicio de practicaje que realizan empresas privadas, destinando a esa tarea lanchas de Prefectura, al tiempo que denuncian que se trata de una maniobra que dejaría cientos de tripulantes sin empleo.
El titular de la Delegación Puerto Madryn del Centro de Patrones, Ariel Sudán, explicó que el argumento que estaría esgrimiendo el Estado Nacional sería que de este modo pretenden bajar costos en el transporte de cargas. “El costo del practicaje es mínimo, no creemos que sea significativo para la actividad”, dijo.
“Había un par de prácticos que pidieron a Vías Navegables el permiso para usar embarcaciones de Prefectura o de la Armada, y el capitán de ultramar Deleersnyder lo autorizó, y a pesar de que después dieron marcha atrás, nos sorprendió que ante una circunstancia de esta magnitud haya sido ratificado en su cargo. Lo cierto es que con el transcurrir de los días nos enteramos que esta es una política de Estado y que viene un decretazo en breve tiempo”, sostuvo Sudán.
Los trabajadores advierten que se trata de una maniobra del Gobierno Nacional que pretende recortar los costos portuarios usando recursos de la Prefectura Naval Argentina. Ante esa circunstancia tomaron medidas de fuerza que lograron suspender la iniciativa: “Logramos frenarlo con el Sindicato de Marina Mercante, que son los amarradores, así pudimos frenar la situación. El Gobierno pidió levantar la medida sindical y luego nos comunicaron que provisoriamente se suspendía la medida”, indicó Sudán.
La preocupación en el sector es el impacto que esto tendría en el empleo, ya que según afirma Sudán, “si esto persiste estamos hablando de más de 1.500 tripulantes entre patrones y marineros en todo el país, sería un golpe al empleo desde el extremo norte con el Río Paraná y el Río de la Plata y hasta el extremo sur por todo el litoral marítimo hasta Ushuaia”.
Cuestión de recursos
Alejandro Boccolini, otro de los referentes del sector, sostuvo que “la medida del Gobierno no puede persistir porque por un lado las embarcaciones de Prefectura no cumplen con los requisitos de la reglamentación técnica para ofrecer el servicio, y además se trataría de una transferencia de recursos del Estado al privado, en este caso utilizando materiales y recurso humano del Estado a favor de empresas privadas, lo que no se puede hacer”, dijo. “Lo más importante es que estamos movilizados y estamos unidos en todo el país”.
Para graficar la importancia de la medida que pretende llevar adelante el Gobierno Nacional, Fernando Clusella explicó que “el punto aquí es que se puede destinar un recurso del Estado para prestar un servicio a un privado, en términos corrientes sería como usar un patrullero o una ambulancia para que te lleve a tu casa”.
“Además hay mucha gente ha estudiado muchos años para hacer lo que hacemos, han dejado a sus familias para ir lejos y prepararse, y que el Estado considere que eso no es válido, no está bien”.
Medidas de fuerza
El argumento del Gobierno para promover la medida es que “parece que el Estado cree que abaratará costos, sacando un servicio que presta un privado, para reemplazarlo por recursos que están para otra cosa, y no tiene asidero”, sostuvo Clusella.
En Argentina hay 50 empresas de practicaje, dos de ellas prestan servicios en Puerto Madryn, y se estima que alrededor de 1.500 personas se desempeñan en estas empresas, lo que provoca la preocupación en el sector por los empleos directos e indirectos. “No se descartan medidas de fuerza, si es necesario, para que el Gobierno Nacional no avance en este sentido”.#