PROVINCIA

Editorial / La “grieta” con Río Negro y un nuevo capítulo del desencuentro con la Justicia


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28/05/2017 02:00

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El incipiente conflicto regional con Río Negro y la nueva tensión con el Gobierno nacional por la central nuclear que quieren construir en suelo rionegrino, sumaron la semana pasada un nuevo frente para el Gobierno provincial.

Este mismo lunes, con la realización de una “cumbre ambientalista” impulsada por el gobernador Mario Das Neves, se profundizará ese escenario de confrontación con la vecina provincia y con la Casa Rosada.

Más allá de las expresiones de distintos sectores sociales y políticos sobre la conveniencia o no de la instalación de una nueva planta nuclear, la tensión política con el gobernador rionegrino Alberto Weretilneck y con el enemigo público preferido de Chubut, el ministro de Energía Juan José Aranguren, pone otra vez a la Provincia en la vereda de enfrente del presidente Mauricio Macri, el gran impulsor de este acuerdo con inversores chinos.

No es la primera vez que Fontana 50 y Balcarce 50 se cruzan en los últimos tiempos. Pero la firme posición pública de Das Neves sobre el tema nuclear en Río Negro les dio de comer a los que no ven con buenos ojos la tolerancia del presidente Macri con el líder chubutense, que además ya comenzaron a operar puertas adentro de la Casa Rosada para ponerle límites.

De hecho, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, el funcionario más cercano a Das Neves y el nexo con el Presidente, se las está viendo de figurillas para frenar los embates de Aranguren y otros hombres cercanos a Macri, que cuestionan al gobernador chubutense por su “neoambientalismo”. Critican que una provincia que explota petróleo desde hace cien años y que hace cuarenta tiene un importante desarrollo de la industria del aluminio, pueda posicionarse como un nuevo “faro ambientalista”.

Sea como fuere, el Gobierno nacional se sigue saliendo con la suya al seguir profundizando las divisiones en el bloque patagónico. Primero lo hizo con Neuquén, al que claramente benefició con la profundización de medidas que benefician al yacimiento de Vaca Muerta en detrimento de la Cuenca del Golfo San Jorge. Y ahora lo hace impulsando una inversión de 8 mil millones de dólares en Río Negro en energía nuclear, mientras le aumenta más del 700% el valor de la energía a las cooperativas que la distribuyen en Chubut. Además, disciplinó con ayuda financiera a la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone. Y la sigue asfixiando con el mismo objetivo a la santacruceña Alicia Kirchner.

Es cierto que Chubut no tiene las urgencias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, pero la caída de regalías, las sucesivas emisiones de Letras del Tesoro para asumir gastos corrientes y la delicada situación laboral en casi todos los sectores, tampoco la excluyen del negativo panorama general. Esto el Gobierno nacional lo sabe. Y no sería extraño que lo termine usando en su favor.

Terreno escabroso

En la misma semana una dura crítica del ministro de Gobierno, Pablo Durán, hacia una determinación de la jueza Ivana González se volvió como un boomerang para el funcionario, cuando la magistrada salió a contestarle primero y el Superior Tribunal, después, avaló su actuación en los estrados.

El ministro montó en cólera cuando se enteró que un delincuente, con frondoso prontuario y filmado en el momento de cometer un delito, había sido beneficiado con prisión domiciliaria. Sin medias tintas, y acaso sin tener acceso a los pormenores del caso, pidió públicamente un Jury para la jueza trelewense, a quien criticó duramente.

El caso que provocó la furia de Durán lo protagonizó Ezequiel Castro, un sujeto que fue filmado durante un asalto en un comercio. “Fue un fallo vergonzoso y repugnante”, se quejó el ministro al anticipar la presentación en la Magistratura para que la jueza sea sometida a un Jury, lo cual puede derivar con su sustitución.

González, que a diferencia de muchos de sus pares tiene siempre predisposición para explayarse sobre sus fallos, explicó con claridad meridiana los porqué de la determinación, en la que también está involucrado el Ministerio Público Fiscal (la pata de la Justicia con más prensa propia) y dejó en claro que, entre otras cosas, resultaba vital la situación de salud del imputado que le impedía ser alojado en una cárcel, algo que subrayó la defensa primero y que constató el médico forense después.

El caso es que Castro tenía una cirugía reciente y tres heridas con suturas, que requerían curaciones diarias, con lo cual González le dio intervención al médico forense, Juan Juárez, quien dictaminó que el sujeto no se encontraba “en condiciones momentáneamente de cumplir arresto en un lugar de encierro preventivo estatal: o sea, la cárcel” porque, explicó, se ponía “en riesgo la herida”, esencialmente por la higiene.

Como si esto fuera poco, el propio presidente del Superior Tribunal de Justicia, Marcelo Guinle, avaló después lo ocurrido.

“Luego de verificar lo que sucedió en la audiencia y con las actuaciones en mano, queda en evidencia que la labor de la jueza y la medida que se tomó se ajustaron a los procedimientos procesales”, explicó Guinle. “La prisión domiciliaria fue un pedido del Ministerio Público Fiscal, con acuerdo de todas las partes”, dijo.

Las declaraciones de Guinle, debe señalarse, cayeron muy bien en el ámbito judicial. No porque haya tomado espíritu de cuerpo para hacerlas, sino porque privilegió la cuestión jurídica por sobre otro tipo de situaciones, como la relación con el oficialismo pues no puede soslayarse que llegó al máximo tribunal provincial propuesto por el propio Das Neves.#


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