Gremialistas de ATE Río Negro recuperaron la libertad
El secretario general de ATE-Río Negro, Rodolfo Aguiar y su adjunto Aldo Capretti recuperaron este fin de semana la libertad acusados de agredir a policías en una manifestación en contra de un proyecto provincial de endeudamiento externo anunciado por el gobernador Alberto Weretilneck, informó hoy el gremio, que ratificó la jornada nacional de lucha para esta semana.
“Nos metieron presos porque no nos pueden comprar,” afirmó Aguiar tras cinco días de reclusión en una comisaría de la ciudad de Viedma, la capital provincial.
Para el dirigente sindical, el gobierno rionegrino quiso "acallarnos cuando denunciamos el megaendeudamiento de la provincia que significa el Plan Castello”.
“Nos metieron presos porque no nos pueden comprar, no nos pueden convencer. Deben saber que mientras sigan dando aumentos en negro y explotando a los trabajadores no vamos a firmar ningún acuerdo en la mesa de negociación”, advirtió.
El denominado Plan Castello es un proyecto de infraestructura que el gobernador Weretilneck apunta a financiar con endeudamiento externo y que es cuestionado por los gremios rionegrinos en particular la Asociación de Trabajadores del Estado.
El secretario general de ATE-Santa Cruz en representación de la conducción nacional Alejandro Garzón ratificó hoy el paro y la movilización de este miércoles en Viedma y la jornada nacional de lucha,” al señalar que “ese día vamos a dar una respuesta al gobernador de Río Negro.”
A Aguiar y Capretti se los acusa por el presunto delito de coacción agravada “con la intención de obstruir el normal desarrollo de un acto del Poder Legislativo”, según refieren medios de Viedma y “haber provocado lesiones graves a una persona, así como leves contra al menos siete policías”.
Desde el gremio informaron hoy que “la Justicia aún no ha definido si los dirigentes se encuentran procesados o no, por el expediente judicial abierto en la causa que tramita bajo el Juzgado de Instrucción 4 de Viedma a cargo de Carlos Mohamed Mussi, tras la represión policial que tuvo lugar en las puertas de la Legislatura cuando se sancionó el nefasto endeudamiento provincial bajo el nombre de Plan Castello".
Por último, Capretti sostuvo hoy que "hay una causa jurídica totalmente inconsistente. Nos imputan un delito que no existió y no existe, que sólo existe en la cabeza de algún funcionario provincial."
“No queremos que en nuestra causa intervengan jueces que tengan denuncias pendientes en el Consejo de la Magistratura, que es el único que está impartiendo justicia en esta provincia”, completó.
“Nos metieron presos porque no nos pueden comprar,” afirmó Aguiar tras cinco días de reclusión en una comisaría de la ciudad de Viedma, la capital provincial.
Para el dirigente sindical, el gobierno rionegrino quiso "acallarnos cuando denunciamos el megaendeudamiento de la provincia que significa el Plan Castello”.
“Nos metieron presos porque no nos pueden comprar, no nos pueden convencer. Deben saber que mientras sigan dando aumentos en negro y explotando a los trabajadores no vamos a firmar ningún acuerdo en la mesa de negociación”, advirtió.
El denominado Plan Castello es un proyecto de infraestructura que el gobernador Weretilneck apunta a financiar con endeudamiento externo y que es cuestionado por los gremios rionegrinos en particular la Asociación de Trabajadores del Estado.
El secretario general de ATE-Santa Cruz en representación de la conducción nacional Alejandro Garzón ratificó hoy el paro y la movilización de este miércoles en Viedma y la jornada nacional de lucha,” al señalar que “ese día vamos a dar una respuesta al gobernador de Río Negro.”
A Aguiar y Capretti se los acusa por el presunto delito de coacción agravada “con la intención de obstruir el normal desarrollo de un acto del Poder Legislativo”, según refieren medios de Viedma y “haber provocado lesiones graves a una persona, así como leves contra al menos siete policías”.
Desde el gremio informaron hoy que “la Justicia aún no ha definido si los dirigentes se encuentran procesados o no, por el expediente judicial abierto en la causa que tramita bajo el Juzgado de Instrucción 4 de Viedma a cargo de Carlos Mohamed Mussi, tras la represión policial que tuvo lugar en las puertas de la Legislatura cuando se sancionó el nefasto endeudamiento provincial bajo el nombre de Plan Castello".
Por último, Capretti sostuvo hoy que "hay una causa jurídica totalmente inconsistente. Nos imputan un delito que no existió y no existe, que sólo existe en la cabeza de algún funcionario provincial."
“No queremos que en nuestra causa intervengan jueces que tengan denuncias pendientes en el Consejo de la Magistratura, que es el único que está impartiendo justicia en esta provincia”, completó.