Para Gils Carbó su citación judicial "estaba anunciada"

"Es algo que estaba anunciado, esta trama pensada y anunciada por importantes editorialistas: indagatoria, procesamiento, decreto (para echarla). Se produce el último día antes de la feria y en este contexto, cuando hubo tantos repudios... A pesar de la evidencia de la endeblez de la hipótesis construida por el fiscal (Eduardo) Taiano. Sin embargo, siguen con el siguiente paso", analizó la jefa de los fiscales en una entrevista en La Nación +.

Ayer el juez federal Julián Ercolini citó a Gils Carbó a declaración indagatoria para el 31 de agosto, en la causa en la que se investiga presuntas irregularidades en la compra de un edificio destinado a la Procuración General de la Nación (PGN).

El magistrado resolvió indagar a 11 personas entre el 3 y el 31 de agosto en el marco de la causa en la que se investiga la compra por casi 44 millones de pesos del edificio de Tte. Gral. Perón 667, donde tiene su actual sede la PGN e instaló su despacho Gils Carbó, titular del organismo.

Además de la máxima autoridad del Ministerio Público Fiscal, serán indagados Osvaldo Leguizamón, Jorge Daniel Domanico, Héctor Zurita, Ignacio Costa Urquiza, Bárbara Jaureguiberry, Pedro Antonio Donato Viceconte, Roberto Daniel Martino, Adrián Marcelo González Fischer, Juan Carlos Thill y Guillermo Alfredo Bellingi.

"La Justicia seguirá haciendo su trabajo y yo sigo con la responsabilidad de no dejar al Ministerio Público Fiscal en una situación de grave debilidad institucional. No puedo irme ante un pedido de un fiscal hecho con tanta liviandad, con hipótesis tan poco creíbles, diciendo que se manipuló una licitación por pedir cochera y auditorio para que gane este edificio cuando no existe ni un solo edificio del Ministerio Público de la región que no tenga cochera y auditorio. Y todo se agravaría porque el señor presidente dijo que quería mi cargo para poner a una persona de confianza", añadió.

Además la jefa de los fiscales insistió en "las presiones que se están ejerciendo a nivel nacional y regional" sobre "muchos fiscales de muchos gobiernos" y sobre "la Justicia" en su contra; y responsabilizó al "Gobierno Nacional".

"Esto empezó hace mucho. El Gobierno está utilizando todo el aparato del Estado para atacar a una persona, y lo hace para controlar una institución poniendo a alguien de su confianza. El poder del Estado, que está en manos de un poder electo, abarca no sólo a todos los funcionarios y sus dependencias, sino las bocas de propagación de todo lo que fue la SIDE, una campaña de difamación", alegó.

En particular sobre el hecho irregular -por el que la misma funcionaria desplazó a un funcionario que trabajó en la licitación- Gils Carbó explicó: "Fue contratado para coordinar circuitos de información, pero no tuvo ningún rol decisivo en el expediente, como sí lo podían tener los otros 24 funcionarios que controlaron el trámite".

Añadió que en la licitación "ganó el mejor precio y fue incluso inferior a la tasación. Además hubo dictámenes de las áreas de arquitectura, presupuesto, planificación edilicia, asuntos jurídicos. Más controles no podía haber. El pago de la comisión lo hace la inmobiliaria de la vendedora con el dinero que le da la vendedora. Yo no tenía posibilidad de conocer el negocio que hicieron".

Con la citación a declaración indagatoria el juez Ercolini admitió el pedido formulado el martes último por el fiscal Eduardo Taiano, quien investiga el supuesto pago de comisiones en la compra del nuevo edificio de la PGN y si se produjeron irregularidades en la licitación a fin de favorecer a la parte vendedora.