Acusan de asociación ilícita a exfuncionarios del IPV en Comodoro
La última audiencia fue suspendida hasta resolver un recurso de la defensa por rechazo de suspensión de juicio a prueba. Así lo decidió la jueza comodorense Mariel Suárez.
La jueza penal de Comodoro Rivadavia Mariel Suárez resolvió rechazar la suspensión de juicio a prueba para Raquel Antimilla, Vanesa Cónsoli Medina y Claudia Leonori; y hacer lugar a la probation para Fabiana Onieva, Alejo Recalde y Amilda Caro por el término de dos años, en el caso que se encuentran como coimputados por la entrega y recepción de viviendas del IPVyDU de la provincia en esa urbe petrolera.
Sin embargo, el rechazo fue impugnado por la defensa ante la Cámara Penal, y por ello la magistrada resolvió suspender la audiencia para que se trate dicho recurso, es decir si la Cámara confirma o rechaza su resolución.
Todo ello, se abordó en una audiencia preliminar de la causa conocida como IPV local.
A juicio oral y público
La fiscal comodorense Camila Banfi solicitó que se eleve la causa a juicio oral y público contra Abel Reyna, Darío Acosta, Amilda Caro, Claudia Leonori, Fabiana Oñieva, Raquel Antimilla, Vanesa Cónsoli Medina y Alejo Recalde.
Por su parte, el defensor de Antimilla, Medina Consoli, Caro, Oñieva y Recalde solicitó la aplicación de la suspensión de juicio a prueba para ellos; el defensor de Reyna y Leonori, requirió se reprograme la audiencia respecto al primero y la suspensión de juicio a prueba para la segunda. Por último el defensor de Acosta no se opuso a la plataforma fáctica y la calificación legal escogida por la fiscal en su acusación.
Respecto del ofrecimiento de suspensión de juicio a prueba propuesto por uno de los defensores, la fiscal argumentó que Oñieva, Recalde y Caro estaban en condiciones de acceder al beneficio ya que no revisten calidad de funcionarios públicos y no se han apropiado indebidamente de vivienda alguna. Distinta es la situación de Medina Consoli y Antimilla que continúan usufructuando viviendas mal habidas.
La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó, en la oportunidad, que el plazo de suspensión sea por dos años.
Respecto del imputado Reyna refirió que se está viendo la posibilidad de realizar un juicio abreviado.
Adjudicaciones irregulares
El hecho a investigar se produce cuando los imputados: Abel Reyna, Darío Acosta, Amilda Caro, Claudia Leonori, Fabiana Oñieva, Raquel Antimilla, Vanesa Medina Consoli y Alejo Recalde, entre diciembre de 2011 y octubre de 2014, tomaron parte en montar una estructura para adjudicar de manera ilegal a personas que no reunían los requisitos y allegados, viviendas del IPVyDU, según el parte de prensa de Fiscalía.
Asimismo obtenían de los adjudicados beneficios patrimoniales, específicamente nombró la asignación de las 81 viviendas del barrio Ciudadela de esa urbe petrolera.
También realizaban a discreción una selección irregular de ciudadanos para consumar ilícitos. Reyna formaba parte de la banda en calidad de jefe y omitió cumplir con sus deberes de funcionario público y demás leyes que regulan la adjudicación o preadjudicación de viviendas en el Instituto Provincial de la Vivienda local.
Asimismo Acosta colaboró como organizador y coordinó con Reyna tareas con otros integrantes del IPVyDU local destinadas a adjudicar viviendas a personas que no reunían los requisitos para ello, indicó una gacetilla de la Fiscalía.
El acto fue presidido por la jueza penal Mariel Suárez. Por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente la fiscal general Camila Banfi y la Defensa de Reyna y Leonori estuvo ejercida por Guillermo Iglesias; la de Acosta por Francisco Miguel Romero y la del resto de los imputados por Esteban Mantecón y Lilian Borquez.#
La jueza penal de Comodoro Rivadavia Mariel Suárez resolvió rechazar la suspensión de juicio a prueba para Raquel Antimilla, Vanesa Cónsoli Medina y Claudia Leonori; y hacer lugar a la probation para Fabiana Onieva, Alejo Recalde y Amilda Caro por el término de dos años, en el caso que se encuentran como coimputados por la entrega y recepción de viviendas del IPVyDU de la provincia en esa urbe petrolera.
Sin embargo, el rechazo fue impugnado por la defensa ante la Cámara Penal, y por ello la magistrada resolvió suspender la audiencia para que se trate dicho recurso, es decir si la Cámara confirma o rechaza su resolución.
Todo ello, se abordó en una audiencia preliminar de la causa conocida como IPV local.
A juicio oral y público
La fiscal comodorense Camila Banfi solicitó que se eleve la causa a juicio oral y público contra Abel Reyna, Darío Acosta, Amilda Caro, Claudia Leonori, Fabiana Oñieva, Raquel Antimilla, Vanesa Cónsoli Medina y Alejo Recalde.
Por su parte, el defensor de Antimilla, Medina Consoli, Caro, Oñieva y Recalde solicitó la aplicación de la suspensión de juicio a prueba para ellos; el defensor de Reyna y Leonori, requirió se reprograme la audiencia respecto al primero y la suspensión de juicio a prueba para la segunda. Por último el defensor de Acosta no se opuso a la plataforma fáctica y la calificación legal escogida por la fiscal en su acusación.
Respecto del ofrecimiento de suspensión de juicio a prueba propuesto por uno de los defensores, la fiscal argumentó que Oñieva, Recalde y Caro estaban en condiciones de acceder al beneficio ya que no revisten calidad de funcionarios públicos y no se han apropiado indebidamente de vivienda alguna. Distinta es la situación de Medina Consoli y Antimilla que continúan usufructuando viviendas mal habidas.
La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó, en la oportunidad, que el plazo de suspensión sea por dos años.
Respecto del imputado Reyna refirió que se está viendo la posibilidad de realizar un juicio abreviado.
Adjudicaciones irregulares
El hecho a investigar se produce cuando los imputados: Abel Reyna, Darío Acosta, Amilda Caro, Claudia Leonori, Fabiana Oñieva, Raquel Antimilla, Vanesa Medina Consoli y Alejo Recalde, entre diciembre de 2011 y octubre de 2014, tomaron parte en montar una estructura para adjudicar de manera ilegal a personas que no reunían los requisitos y allegados, viviendas del IPVyDU, según el parte de prensa de Fiscalía.
Asimismo obtenían de los adjudicados beneficios patrimoniales, específicamente nombró la asignación de las 81 viviendas del barrio Ciudadela de esa urbe petrolera.
También realizaban a discreción una selección irregular de ciudadanos para consumar ilícitos. Reyna formaba parte de la banda en calidad de jefe y omitió cumplir con sus deberes de funcionario público y demás leyes que regulan la adjudicación o preadjudicación de viviendas en el Instituto Provincial de la Vivienda local.
Asimismo Acosta colaboró como organizador y coordinó con Reyna tareas con otros integrantes del IPVyDU local destinadas a adjudicar viviendas a personas que no reunían los requisitos para ello, indicó una gacetilla de la Fiscalía.
El acto fue presidido por la jueza penal Mariel Suárez. Por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente la fiscal general Camila Banfi y la Defensa de Reyna y Leonori estuvo ejercida por Guillermo Iglesias; la de Acosta por Francisco Miguel Romero y la del resto de los imputados por Esteban Mantecón y Lilian Borquez.#