El oficialismo redobla su embestida contra Gils Carbó

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, consideró "lógico" que la procuradora pida licencia "mientras resuelva su situación judicial" ya que, a partir de esa resolución judicial, "se crea una situación de crisis institucional en cabeza de quien debiera ser garante de la persecución penal y la Justicia en la Argentina".

Así lo expresó en diálogo, esta mañana, con radio Mitre, ocasión en la que sugirió que Gils Carbó "podría aplicar las mismas palabras que utilizó en el caso del fiscal José María Campagnoli", al recordar que, cuando fue suspendido por un jury de enjuiciamiento en instancias en que investigaba al empresario Lázaro Báez, la Procuradora "escribió (en su fallo) que la situación que atravesaba Campagnoli al menos lo afectaba en su espíritu de modo de no poder llevar adelante su tarea y que por eso debía ser suspendido"

Al objetar la gestión de Gils Carbó, quien ejerce el cargo desde agosto de 2012, Garavano recordó que el Gobierno tiene "serios cuestionamientos por su desempeño", particularmente en "la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, más allá de las consideraciones políticas que uno pueda hacer por su militancia y su cercanía con la ex presidenta (Cristina Kirchner)". 

"Es la persona más importante en la persecución penal para combatir el delito en Argentina, pero esto no ha sucedido", sostuvo el titular de Justicia al explicar que el Ministerio Público Fiscal "tuvo un incremento enorme en el presupuesto, y recursos con más de 1.500 personas nombradas, pero que no fueron asignadas", y aseguró que no se sabe "qué funciones ocupan".

"Los fiscales federales que investigan la corrupción siguen siendo los mismos del año pasado, como la fiscal de Esquel, (Silvina Ávila) que investiga el caso Maldonado y que sigue teniendo cuatro colaboradores", añadió.

Garavano insistió en que "se necesita una persona que tenga otro liderazgo", y que cuestionar a Gils Carbó "es una cuestión básicamente institucional". 

Gils Carbó fue procesada ayer por la presunta comisión del delito de "administración fraudulenta" en la compra de un edificio para la Procuración General de la Nación, en la que actuó como intermediario el medio hermano de un subdirector de ese organismo. 

La decisión fue adoptada ayer por el juez federal Julián Ercolini en la causa por la compra de un edificio, en 2013, en la calle Perón al 600, por 44 millones de pesos. En la operación en cuestión se pagaron 7,7 millones de pesos en concepto de comisión. 

Por su parte, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, afirmó -a tráves de la red social Twitter- que la situación de Gils Carbó "le hace más daño a la Justicia y al país", y consideró que "su mejor opción es renunciar". 
"Cuando fui diputada, pedí el juicio político a Gils Carbó. Fue una pieza esencial para la impunidad de los corruptos. Los hechos lo demuestran", afirmó hoy Alonso.

En este sentido, en una serie de tuits que emitió a través de la red social, Alonso agregó que "los llamados entre Gils Carbó y (José) Sbatella para "zafar" a (el luego detenido empresario santacruceño) Lázaro Báez, el empleado presidencial, existieron". 

"Su mejor opción es renunciar", postuló la titular de la Oficina Anticorrupción, quien destacó la necesidad de que "el jefe de los Fiscales le dé seguridad a los argentinos de que defienden la ley y no un relato partidario".

Para el diputado Pablo Tonelli (Cambiemos) -quien además integra el Consejo de Acusación del Consejo de la Magistratura-, la Procuradora "corre serio riesgo de ser condenada".
"Esto es un escándalo; es increíble que su decisión no sea la de apartarse ni pedir licencia", consideró Tonelli en referencia a las medidas que tendría que tomar la jefa de fiscales.