Caso Correa: “Iniciativa Ciudadana” busca que se recuperen los activos robados
La ONG ya es querellante en la causa que investiga a una banda por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Quieren que los vecinos se interesen y apuntan a poder devolverle a la comunidad “el fruto del crimen económico”.
Impactados por el Caso Correa, un grupo de vecinos se organizó, buscó colaboración de una entidad de trayectoria nacional que trabaja contra la corrupción y se presentó como querellante en representación de los ciudadanos contra la banda acusada de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Así nació “Iniciativa Ciudadana por la Transparencia y contra la Corrupción en Chubut”. El acta se firmó el 23 de marzo y sus primeros siete integrantes son Alberto Binder, Claudia María Iun, María Cristina Pagasartundua, Aldo Griffiths, Alfredo Pérez Galimberti, Ángel Callupil y Eduardo Hualpa.
El abogado Hualpa explicó que la idea del movimiento es “convertir la bronca que generan estos hechos en algo que evite que vuelva a pasar. La corrupción es parte de un entramado que favorece a algunos sectores, partidos y funcionarios, que daña a la comunidad y al Estado porque entramos en un descreimiento general de las instituciones y eso nos preocupa muchísimo. Es muy peligroso porque los mejores vecinos se alejan de la política y lo que queda son los peores”.
En cuanto a su rol en la investigación de la causa “El embrujo”, Hualpa adelantó que “la idea es hacer todo lo necesario y que esté a nuestro alcance para que nuestros vecinos se comprometan en la lucha contra la corrupción. Nuestra función será movilizar a la comunidad y para eso necesitamos tener una pata en las causas judiciales. La mejor forma de tener buena información es estar presente y formar parte. Fuimos admitidos y somos querellantes pero nuestra acción no se va a limitar a esta causa ni a causas judiciales”.
“Podemos participar en las audiencias y como vayan ocurriendo las cosas, opinar en sintonía con la Fiscalía, que hasta ahora hizo un muy buen trabajo, pero también en algún caso separándonos, porque somos una parte independiente. Tenemos la posibilidad de ofrecer pruebas e incluso producir, podemos entrevistar personas, pedir informes, hacer pericias o tareas contables. Hay una posibilidad de que algunos vecinos consideren que somos un canal confiable para información, elementos, pruebas; ampliamos la oferta para que se incorporen elementos al proceso”.
Hay un vínculo con el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica. “Tienen experticia porque trabajaron en otras causas de corrupción y en la recuperación de activos, un objetivo muy importante. No sólo que se esclarezcan las maniobras y quiénes son los responsables, sino que esos dineros vuelvan al pueblo, queremos recuperar los bienes y el dinero sustraído. Que podamos sugerir medidas, orientar y fortalecer la investigación, sea en el expediente o convenciendo a nuestros vecinos que es importante que esto se investigue”. Hualpa reconoció que “hay escepticismo, uno nota que hay gente que dice que no va a pasar nada y esto va a quedar acá”.
El querellante mostró confianza en que con su participación más gente intentará colaborar con la investigación. “Una cosa es que siempre se supo y otra cosa es que se esclarezca judicialmente, que queden los nombres y apellidos de los responsables. No es sólo dejarlo en el chisme: el desafío es pasar de la bronca del WhatsApp a los tribunales y confiar que es posible modificar y sostener el interés. La bronca es razonable porque es muy indignante, pero no queremos una rendición frente a esta realidad”.
La “Iniciativa Ciudadana” no se reduce al Caso Correa. “Vamos a proponer normas para mejorar los sistemas de control, cuestionar a los organismos de control que no hagan lo que corresponde y convencer a nuestros vecinos de que no es una lucha perdida. No hay posibilidad de que haya un sistema entero de corrupción como en Chubut si no hubiera indiferencia y falta de compromiso de amplios sectores de la comunidad”.
Hualpa comparó el escenario con las condenas por espionaje en la Base Almirante Zar de Trelew. El caso comenzó con la denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales y generó cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas. “En 2006 aparecieron las denuncias sobre sospechas de inteligencia ilegal y mucha gente decía `Esto siempre pasó, no va a pasar nada´. Logramos que se esclarezca cómo funcionaba y trece condenas; pedimos ayuda al CELS porque tiene más experiencia. Le pusimos el cuerpo y no era lo mismo que se conociera o no”.
El exdefensor general, Alfredo Pérez Galimberti, es parte de la querella en representación de “Iniciativa ciudadana”, que preside el reconocido abogado, Alberto Binder. Aunque la ONG tiene varios años de vigencia, es la primera vez que se presenta en Chubut. “Que no se haya utilizado este mecanismo antes es porque requiere trabajo y las ONGs normalmente carecen de fondos”. La iniciativa “es por ahora una reunión de ciudadanos interesados en que estos casos lleguen a las instancias que debe llegar y sobre todo que se recuperen los activos, el fruto del crimen económico, para que vuelvan a la ciudadanía”.
Agregó que “nuestro rol es la orientación, no queremos que haya desvíos ni omisiones. Si las percibimos actuaremos, trataremos de tener una intervención lo más activa posible aunque tendremos una capacidad de acción limitada en cuanto a nuestros recursos”.
Impactados por el Caso Correa, un grupo de vecinos se organizó, buscó colaboración de una entidad de trayectoria nacional que trabaja contra la corrupción y se presentó como querellante en representación de los ciudadanos contra la banda acusada de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Así nació “Iniciativa Ciudadana por la Transparencia y contra la Corrupción en Chubut”. El acta se firmó el 23 de marzo y sus primeros siete integrantes son Alberto Binder, Claudia María Iun, María Cristina Pagasartundua, Aldo Griffiths, Alfredo Pérez Galimberti, Ángel Callupil y Eduardo Hualpa.
El abogado Hualpa explicó que la idea del movimiento es “convertir la bronca que generan estos hechos en algo que evite que vuelva a pasar. La corrupción es parte de un entramado que favorece a algunos sectores, partidos y funcionarios, que daña a la comunidad y al Estado porque entramos en un descreimiento general de las instituciones y eso nos preocupa muchísimo. Es muy peligroso porque los mejores vecinos se alejan de la política y lo que queda son los peores”.
En cuanto a su rol en la investigación de la causa “El embrujo”, Hualpa adelantó que “la idea es hacer todo lo necesario y que esté a nuestro alcance para que nuestros vecinos se comprometan en la lucha contra la corrupción. Nuestra función será movilizar a la comunidad y para eso necesitamos tener una pata en las causas judiciales. La mejor forma de tener buena información es estar presente y formar parte. Fuimos admitidos y somos querellantes pero nuestra acción no se va a limitar a esta causa ni a causas judiciales”.
“Podemos participar en las audiencias y como vayan ocurriendo las cosas, opinar en sintonía con la Fiscalía, que hasta ahora hizo un muy buen trabajo, pero también en algún caso separándonos, porque somos una parte independiente. Tenemos la posibilidad de ofrecer pruebas e incluso producir, podemos entrevistar personas, pedir informes, hacer pericias o tareas contables. Hay una posibilidad de que algunos vecinos consideren que somos un canal confiable para información, elementos, pruebas; ampliamos la oferta para que se incorporen elementos al proceso”.
Hay un vínculo con el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica. “Tienen experticia porque trabajaron en otras causas de corrupción y en la recuperación de activos, un objetivo muy importante. No sólo que se esclarezcan las maniobras y quiénes son los responsables, sino que esos dineros vuelvan al pueblo, queremos recuperar los bienes y el dinero sustraído. Que podamos sugerir medidas, orientar y fortalecer la investigación, sea en el expediente o convenciendo a nuestros vecinos que es importante que esto se investigue”. Hualpa reconoció que “hay escepticismo, uno nota que hay gente que dice que no va a pasar nada y esto va a quedar acá”.
El querellante mostró confianza en que con su participación más gente intentará colaborar con la investigación. “Una cosa es que siempre se supo y otra cosa es que se esclarezca judicialmente, que queden los nombres y apellidos de los responsables. No es sólo dejarlo en el chisme: el desafío es pasar de la bronca del WhatsApp a los tribunales y confiar que es posible modificar y sostener el interés. La bronca es razonable porque es muy indignante, pero no queremos una rendición frente a esta realidad”.
La “Iniciativa Ciudadana” no se reduce al Caso Correa. “Vamos a proponer normas para mejorar los sistemas de control, cuestionar a los organismos de control que no hagan lo que corresponde y convencer a nuestros vecinos de que no es una lucha perdida. No hay posibilidad de que haya un sistema entero de corrupción como en Chubut si no hubiera indiferencia y falta de compromiso de amplios sectores de la comunidad”.
Hualpa comparó el escenario con las condenas por espionaje en la Base Almirante Zar de Trelew. El caso comenzó con la denuncia del Centro de Estudios Legales y Sociales y generó cambios en la cúpula de las Fuerzas Armadas. “En 2006 aparecieron las denuncias sobre sospechas de inteligencia ilegal y mucha gente decía `Esto siempre pasó, no va a pasar nada´. Logramos que se esclarezca cómo funcionaba y trece condenas; pedimos ayuda al CELS porque tiene más experiencia. Le pusimos el cuerpo y no era lo mismo que se conociera o no”.
El exdefensor general, Alfredo Pérez Galimberti, es parte de la querella en representación de “Iniciativa ciudadana”, que preside el reconocido abogado, Alberto Binder. Aunque la ONG tiene varios años de vigencia, es la primera vez que se presenta en Chubut. “Que no se haya utilizado este mecanismo antes es porque requiere trabajo y las ONGs normalmente carecen de fondos”. La iniciativa “es por ahora una reunión de ciudadanos interesados en que estos casos lleguen a las instancias que debe llegar y sobre todo que se recuperen los activos, el fruto del crimen económico, para que vuelvan a la ciudadanía”.
Agregó que “nuestro rol es la orientación, no queremos que haya desvíos ni omisiones. Si las percibimos actuaremos, trataremos de tener una intervención lo más activa posible aunque tendremos una capacidad de acción limitada en cuanto a nuestros recursos”.