PROVINCIA

Emergencia climática en Comodoro: pidieron la imputación de Gilardino, Huichaqueo y Suárez


Los fiscales Rodríguez y Williams presentaron el pedido de apertura de investigación por presunto fraude al Estado. La lista incluye a Correa y Lüters. La conexión de las facturas truchas con Córdoba. “Directamente se quedaban con la plata que era para paliar lo que estaba sufriendo Comodoro”, dijeron.
20/06/2018 02:00

7.279

Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams presentaron en la Oficina Judicial de Rawson el pedido de audiencia para investigación por la presunta defraudación al Estado durante la emergencia climática en Comodoro Rivadavia.  Es la causa madre de los sobreprecios que nació a raíz del sobre con documentación dejado en Legislatura por la secretaria del entonces ministro coordinador, Alberto Gilardino.
La Unidad Anticorrupción pidió imputar por las contrataciones que realizó el Estado durante la emergencia a la exministro de Familia, Leticia Huichaqueo; el exsubsecretario de Desarrollo Social, Marcelo Suárez; el exministro Gilardino y los exsecretarios Diego Correa y Diego Lüters, ya detenidos por otra causa.

“Factura pelada”

En diez días a más tardar sería la audiencia. El fiscal Rodríguez explicó que la imputación es defraudación, no sobreprecios. Surgieron casos donde la mercadería no ingresaba pero sí la factura.
“Primero ingresaba una factura pelada, sin mercadería, de allí se armaba un expediente, se autorizaba, se abonaba a un proveedor y este retornaba ese dinero a manos de los funcionarios”.
El caso se abre “por 800.000 pesos que es el perjuicio probado en esta instancia, pero no quiere decir que ese monto sea toda la defraudación, tenemos sospechas que es más grande”, dijo el fiscal.

Firma clave

Sobre Huichaqueo, actual secretaria del Interior, Rodríguez explicó que son muy pocas las firmas de la funcionaria que aparecen en los expedientes. Pero hay uno puntual por una contratación del Estado provincial de compra de carne. “Tenemos determinado que esa carne no ingresó y en los galpones donde debía depositarse todo el material enviado a Comodoro tampoco tienen heladeras ni equipos de frío”.
Realizaron entrevistas en la ciudad petrolera y la responsable de la Delegación de Familia, Alicia Dubrevil, declaró que “no recibió ni nunca vio ningún tipo de carne en el lugar. Tenemos en base a los testimonios que tomamos que, a instancias de Huichaqueo, le exigían a la responsable del depósito firmar los remitos, cuando en realidad esa mercadería nunca la había controlado. La llamaban del Ministerio y le decían ´Acá tenés estos remitos,  firmalos, ya están todos controlados´. Ella firmaba y en los expedientes aparecía como que esa mercadería había ingresado cuando nadie controló la misma”.

Responsables

Sobre la responsabilidad de comerciantes y empresarios, “manejamos varias hipótesis”, reconoció el fiscal. “En este caso el proveedor aparece como una víctima de las exigencias del funcionario infiel, quien le exigía la entrega de una factura como condición de seguir cobrando lo que se le adeudaba. O entregaba esa factura y se allanaba a la exigencia del funcionario o no cobraba lo que el Estado le adeudaba. Ese es el mecanismo al menos en esta primera instancia”, detalló Rodríguez.  
El fiscal adelantó algunas de las negociaciones que realizaron los funcionarios y que tienen probadas hasta el momento.
“Un proveedor contrató con el Estado por 10 millones de pesos. Seis millones y medio se originaron el 30 de junio del año pasado, cuando se generaron diez expedientes por pasto y leña. Cuando averiguamos dónde habían adquirido ese material, nos encontramos que las empresas donde supuestamente habían comprado no existen, y en los domicilios fiscales y legales de esas empresas hay constituidas 200 empresas más de todo el país. Sospechamos que existe un grupo de Córdoba que se dedicaba a vender facturas truchas”.

Unidad Gobernador

Rodríguez también explicó que “todas las contrataciones ingresaron a través de la Unidad Gobernador, de allí se elegían a los proveedores y se exigía, en el caso concreto tenemos probado, la entrega de facturas sin mercadería o dinero a cambio de poder seguir cobrando el proveedor los pagos. Desde la Subsecretaría de Desarrollo Social se elaboraba un memo que se elevaba a Correa y a Gilardino para ser autorizado”.
“Lo que aparecía era como que de la Subsecretaría se compraba la mercadería cuando en realidad no se compraba sino que ingresaba por Unidad del Gobernador”. Todas las facturas apócrifas eran entregadas a Lüters y las remitía a la Subsecretaría de Desarrollo Social. “Ahí armaban el memo, lo volvían a elevar a la Unidad Gobernador y al Ministerio Coordinador y le daban ingreso formal. Era una ficción que ingresaba la mercadería, cuando esa mercadería nunca entró. Directamente se quedaban con la plata que era el dinero destinado a la emergencia para paliar lo que estaba sufriendo  Comodoro y parte de ese dinero iba a manos de algún funcionario”, aseguró el fiscal.

Decretos

Sobre la responsabilidad del exministro Gilardino, el investigador aseguró que “tenemos elementos para sostener que él tenía conocimiento porque los dos decretos que había sacado el gobernador Das Neves tenía que ver con la responsabilidad que tenía Gilardino en las contrataciones y en las adquisiciones de productos en el marco de la emergencia. Él era responsable”, según Rodríguez.  

Pena condicional

Sobre la calificación y posible pena, el fiscal dijo que la defraudación que imputan no implica prisión efectiva y como la pena en expectativa es menor a tres años, puede ser cumplida en suspenso, si no se tienen antecedentes.
“En estos momentos no tenemos elementos para decir que hay peligro de entorpecimiento ni de fuga. Si los hubiese en el futuro, pediremos la detención inmediata”, dijo Rodríguez.
El integrante de la Unidad Anticorrupción aclaró que la investigación por la desaparición de la donación de alimentos para perros durante la emergencia se tramita en forma paralela y el fiscal es Héctor Iturrioz. Resta entonces aguardar que el caso de la emergencia tenga una fecha. #


Gilardino Huichaqueo imputación Suárez Unidad Anticorrupción