PROVINCIA

Facturas truchas, efectivo en bolsas y marcador fluorescente para poder marcar los retornos


El miércoles 27 a las 9.30 será la audiencia de apertura de investigación en la causa por el presunto fraude al Estado durante la emergencia climática en Comodoro Rivadavia. Será en la sala del Superior Tribunal de Justicia en Rawson ante el juez Sergio Piñeda.
23/06/2018 02:00

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Los fiscales Omar Rodríguez y Alex Williams imputarán a la exministro de Familia, Leticia Huichaqueo; al exministro coordinador, Alberto Gilardino; el exsubsecretario de Desarrollo Social, Marcelo Suárez, además de Diego Correa y Diego Lüters. Estos últimos ya están con prisión preventiva por presunta corrupción. Al grupo se le imputará administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Según la Unidad Anticorrupción, el 29 de marzo de 2017 Chubut sufrió un fuerte temporal con precipitaciones record, que duró varios días. Comodoro sufrió enormes pérdidas materiales. Obligó a evacuar a gran número de vecinos por anegación y destrucción de sus viviendas.
Para paliar la dramática situación, el entonces gobernador Mario Das Neves suscribió el 30 de marzo el decreto 353/17, que declaró el estado de emergencia climática en los departamentos de Escalante, Biedma, Florentino Ameghino, Rawson, Telsen, Gastre, Paso de Indios y Los Mártires. Sería por 120 días corridos.
Se generó un crédito especial en el Ministerio de Coordinación de Gabinete, denominado Fondo de Emergencia Climática, por diez millones de pesos. El decreto autorizó a Gilardino, a tramitar, aprobar y contratar sin orden, contrato ni garantías en los anticipos a cuenta del precio, y de solicitud de precios en la contratación directa. Se lo exceptuó de las prescripciones reglamentarias para ejecutar las obras necesarias para la emergencia.
El 5 de abril de 2017 por decreto 387/17, se extendió a toda la provincia el estado de emergencia; y por decreto 409/17, del 7 de abril, se amplía el Fondo por otros diez millones de pesos. Según el parte de prensa de Fiscalía, Correa, Diego Lüters, Gilardino, Suárez y Huichaqueo “pergeñaron un plan para defraudar al Estado provincial”.
Los fiscales explicaron que había que dar apariencia de legalidad a los expedientes apócrifos que se generaban para las contrataciones directas. En todos los expedientes aparece la firma de Suárez al pie de los memorandum. Eran dirigidos a Correa: de Desarrollo Social a la Subsecretaría Unidad Gobernador, solicitando se autorice el pago de materiales para la emergencia. Por ejemplo, rollos de nylon. Se consignaba el proveedor, la factura y el monto. Suárez decía que dicha compra era para asistir a las familias afectadas en Comodoro: “A tal efecto solicito se encuadre la presente compra bajo lo estipulado en el Decreto N° 353/17”. El propio Suárez conformaba las facturas emitidas por lo proveedores para luego elevar la documentación a Coordinación.
Cuando esa documentación llegaba a destino, la directora general de Despacho y Privada le daba ingreso formal, asignándole número de expediente. Luego pasaba por Correa y Gilardino quienes autorizaban lo solicitado por Suárez, para luego seguir el trámite administrativo para ser pagado. “Hasta aquí, lo formal, lo aparente, que no se correspondía con la realidad de los hechos”, dice la acusación.
La compras se canalizaron a través de la Unidad Gobernador, que seleccionaba a quién contratar. El proveedor entregaba la factura a Lüters y un empleado de la Unidad las remitía a Desarrollo Social para el armado del memorandum.
“Suárez, conociendo que no era la Subsecretaría de la que él era responsable la que compraba o adquiría los productos necesarios para la Emergencia, firmaba como si así hubiese ocurrido. Es decir, firmaba sabedor que el contenido del memorándum era absolutamente falso”.
Luego de algunas contrataciones normales y existiendo en algunos casos saldos a cobrar por parte del proveedor, Lüters, como secretario privado de Correa, abusando de su cargo, le exigió a Nicolás Amici de manera arbitraria y violenta, al decirle textualmente: “Ustedes tienen la mierda hasta acá”, la entrega de una dádiva: una factura de $ 432.000 sin mercadería, para que una vez pagada esa plata volviera al funcionario.
La exigencia era “condición necesaria” para que el proveedor pudiera cobrar sus acreencias legítimas con el Estado provincial. “Si el proveedor tenía pretensiones de cobrar lo que le adeudaba Provincia, lo cual resultaba más que obvio, debía allanarse al pedido arbitrario del funcionario”. Amici cobró, Lüters fue a su comercio y se llevó el efectivo.
La maniobra se repitió y Lüters recibió cuatro entregas de $ 135.000, $ 98.000, $ 61.000 y $ 98.000. La plata la entregó un empleado del comercio en mano a Lüters, en distintos puntos de Trelew. El funcionario cuando recibía el efectivo trasladado en el interior de una bolsa, extraía un listado y subrayaba con un marcador fluorescente la entrega.
Para completar la maniobra, que pareciera legal y que no haya duda de que la mercadería había ingresado al depósito del Ministerio de la Familia, era necesaria la firma del remito que documentara el ingreso.
“Aparece como eslabón fundamental el rol de Huichaqueo. La ministro ordenaba hacer comparecer en sus oficinas a Vanina Barale, encargada del depósito donde se dejaba la mercadería. Le hacían firmar los remitos respectivos sin haber ella controlado la mercadería depositada”.
Esos remitos firmados se agregaban al expediente bajo la apariencia de que Barale había controlado el ingreso de la mercadería, “redondeando la maniobra defraudatoria”.#


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