Cooperativas del interior: Luz y Fuerza denunció a Paz, Chicala y Garzonio
El Sindicato Regional de Luz y Fuerza de la Patagonia presentó una denuncia penal contra el ministro coordinador, Marcial Paz, el de Infraestructura, Raúl Chicala; y el de Economía, Alejandro Garzonio, por los delitos de administración fraudulenta, malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes de funcionarios públicos y omisión de pago con fondos expeditos.
Tras un plenario de secretarios de seccionales y gremiales del Sindicato realizado en Trelew, se emitió un comunicado que señala que “realizadas innumerables gestiones por todos los medios posibles para entablar un diálogo razonable y sincero con las autoridades provinciales en virtud de la situación de crisis general que padecen los servicios públicos de Chubut y, en particular, por los graves inconvenientes que vienen sufriendo las cooperativas del interior.”
“El incumplimiento flagrante y descarado de la normativa vigente llevó a una situación de colapso mayor a los servicios públicos de las zonas más alejadas de los centros urbanos y de poder, y también puso en una situación insostenible a los compañeros trabajadores que no cobran en forma regular sus haberes mensuales, en muchos casos, desde hace ya diez meses.”
El secretario general del gremio, Héctor González, dijo que “lo venimos diciendo hace mucho tiempo, todos los actores estaban en conocimiento, nadie se puede hacer el distraído. Dijimos que iba a suceder y sucedió. Tenemos que ver cómo salimos de este atolladero”.
González agregó que “queremos colaborar y ayudar, pero parece que no quieren dejarse ayudar. El Gobierno es el que debe convocar al diálogo. Hablé con el ministro Federico Massoni y me dijo que iba a hablar con el gobernador, que en este momento se encuentra en Buenos Aires y que va a ver cómo hace para comunicarme con él”.
El secretario coordinador del gremio, Rogelio González, fue contundente al referirse al recorte del Gobierno nacional a Chubut y cómo esto va a repercutir no solo en la prestación de los servicios sino en toda la sociedad: “Se viene un panorama muy complejo, muy complicado en este marco de crisis que vivimos. El Gobierno nacional no tiene en cuenta a la Patagonia con este ajuste brutal”.
Voluntad insuficiente
Según el comunicado de Luz y Fuerza, “el Gobierno ha expuesto una voluntad mediática de diálogo y consenso pero hasta hoy no ha dado respuesta real a los problemas ni ha generado canales de diálogo capaces de trabajar en una solución real y creíble a los conflictos.”
El gremio no dejó de reconocer que funcionarios que ocupan cargos importantes vinculados al sector “han demostrado intenciones de acercamiento, pero ello no se ha traducido en más que algunas reuniones con buenos modos, que no son suficientes para empezar a dar una solución a los problemas.”
La denuncia a Paz, Chicala y Garzonio se suma a una realizada en febrero, en similares términos, contra los funcionarios que se encontraban a cargo del sistema en aquel tiempo.
“Hemos puesto en conocimiento del Ministerio Público Fiscal que los fondos cuyo destino legal específico es la compensación tarifaria de las cooperativas cuyos costos harían privativa la prestación de servicios esenciales, han sido utilizados para fines completamente distintos, incluso, con el propósito de dañar al sistema cooperativo de servicios públicos y a este Sindicato”.
Tras un plenario de secretarios de seccionales y gremiales del Sindicato realizado en Trelew, se emitió un comunicado que señala que “realizadas innumerables gestiones por todos los medios posibles para entablar un diálogo razonable y sincero con las autoridades provinciales en virtud de la situación de crisis general que padecen los servicios públicos de Chubut y, en particular, por los graves inconvenientes que vienen sufriendo las cooperativas del interior.”
“El incumplimiento flagrante y descarado de la normativa vigente llevó a una situación de colapso mayor a los servicios públicos de las zonas más alejadas de los centros urbanos y de poder, y también puso en una situación insostenible a los compañeros trabajadores que no cobran en forma regular sus haberes mensuales, en muchos casos, desde hace ya diez meses.”
El secretario general del gremio, Héctor González, dijo que “lo venimos diciendo hace mucho tiempo, todos los actores estaban en conocimiento, nadie se puede hacer el distraído. Dijimos que iba a suceder y sucedió. Tenemos que ver cómo salimos de este atolladero”.
González agregó que “queremos colaborar y ayudar, pero parece que no quieren dejarse ayudar. El Gobierno es el que debe convocar al diálogo. Hablé con el ministro Federico Massoni y me dijo que iba a hablar con el gobernador, que en este momento se encuentra en Buenos Aires y que va a ver cómo hace para comunicarme con él”.
El secretario coordinador del gremio, Rogelio González, fue contundente al referirse al recorte del Gobierno nacional a Chubut y cómo esto va a repercutir no solo en la prestación de los servicios sino en toda la sociedad: “Se viene un panorama muy complejo, muy complicado en este marco de crisis que vivimos. El Gobierno nacional no tiene en cuenta a la Patagonia con este ajuste brutal”.
Voluntad insuficiente
Según el comunicado de Luz y Fuerza, “el Gobierno ha expuesto una voluntad mediática de diálogo y consenso pero hasta hoy no ha dado respuesta real a los problemas ni ha generado canales de diálogo capaces de trabajar en una solución real y creíble a los conflictos.”
El gremio no dejó de reconocer que funcionarios que ocupan cargos importantes vinculados al sector “han demostrado intenciones de acercamiento, pero ello no se ha traducido en más que algunas reuniones con buenos modos, que no son suficientes para empezar a dar una solución a los problemas.”
La denuncia a Paz, Chicala y Garzonio se suma a una realizada en febrero, en similares términos, contra los funcionarios que se encontraban a cargo del sistema en aquel tiempo.
“Hemos puesto en conocimiento del Ministerio Público Fiscal que los fondos cuyo destino legal específico es la compensación tarifaria de las cooperativas cuyos costos harían privativa la prestación de servicios esenciales, han sido utilizados para fines completamente distintos, incluso, con el propósito de dañar al sistema cooperativo de servicios públicos y a este Sindicato”.