Libres de culpa y cargo: Buzzi, Eliceche y Dufour fueron sobreseídos
La jueza Mirtha Moreno lo dispuso en relación al crédito de 10 millones de pesos concedido por el Gobierno provincial a la empresa pesquera en 2013.
En una audiencia preliminar en la Oficina Judicial de Rawson, luego de que el Superior Tribunal de Justicia revocara el sobreseimiento dictado por el juez Fabio Monti, el fiscal jefe de Puerto Madryn, Daniel Báez, no presentó ninguna acusación contra los imputados por el crédito de 10 millones de pesos para Alpesca, tanto exfuncionarios como empresarios. La jueza Mirta Moreno resolvió el sobreseimiento definitivo de todos.
La causa iniciada en 2013 tenía como acusados al exgobernador Martín Buzzi, la exministro Gabriela Dufour, el exministro Carlos Eliceche, el extitular de Corfo, Pedro Zudaire, entre otros funcionarios de esa dependencia, además de los empresarios Omar y Juan Paulo Segundo, y Carlos Molina. Habían sido acusados por diputados de Chubut Somos Todos de administración fraudulenta.
Como los diputados querellantes no se presentaron en la audiencia, se dio por extinguida su participación. Los defensores plantearon que los impulsores de la denuncia paguen las costas por los cinco años que duró el proceso.
El fiscal Báez retiró la acusación ya que tras reanalizar los hechos y reflexionar el fin de semana, no encontró elementos para sostener la acusación durante un juicio oral y público. Consideró que los funcionarios “actuaron de manera apresurada y su conducta fue tratar de evitar un caos social que ya se producía y que hacía estragos en Madryn y la provincia”.
En un principio entendió que “los funcionarios dirigidos por el gobernador y los ministros habían actuado de manera irregular y apresurada con el crédito exprés, porque se dio de un viernes para el sábado, por la urgencia ya que ese dinero era para pagar salarios de los trabajadores, cuestión acreditada y no debatida por ninguna parte”.
Báez aseguró que “más allá de que Segundo no haya devuelto la plata y que Corfo haya iniciado acciones legales que tienen su curso hoy en día, y que están recuperando esos ocho millones y medio de pesos que no pagaron, más los intereses, lo concreto y real es que el dinero que destinaron los funcionarios fue para los trabajadores de Alpesca”.
“En el curso de este crédito exprés hubo irregularidades y apresuramientos. Encontré explicaciones y me tenía que convencer de que ese dinero había ido a los trabajadores. No tengo los elementos necesarios para demostrar en un posible juicio y por eso retiro la acusación. El dinero no fue a las manos de Segundo, fue a las cuentas sueldo”. Báez pidió el sobreseimiento y que las costas “deben correr por su orden porque hubo elementos irregulares que ameritaron esta investigación”.
Tras la audiencia, el exgobernador Buzzi reiteró que la acusación era “netamente política” y que detrás estaba el fallecido gobernador Mario Das Neves. Dijo que se buscó usar a la Justicia para disciplinar a la política. Tomó el sobreseimiento con naturalidad. “Desde el principio dijimos que esto tenía una clara connotación política y que el dinero había servido para pagar sueldos adeudados a los trabajadores. Hicimos todo un camino, avanzamos con la expropiación, fuimos a buscar a un operador y hoy la gente está trabajando en Red Chamber”.
“A la luz de todo lo que se vivió, quedó en claro que tenía un impulso político, tenía un soporte que, desaparecido el exgobernador, desapareció el impulso que tenía esta causa”, aseguró Buzzi. “Cuando se busca hacer acciones usando a la Justicia para disciplinar a la política, es algo necesariamente malo. Es muy grave porque además después había que venir acá a defenderlo, fijar posición, cuando todo marcaba con claridad que habíamos hecho el sostenimiento de puestos de trabajo desde el primer momento”. Buzzi lamentó que “haya habido trabajadores de Corfo, gente de carrera, que todos estos años estuvieron metidos en la picota”.
El exmandatario remarcó que su accionar fue para sostener los empleos y calificó a Alpesca como “un caso emblemático” porque pudieron pagarle a los trabajadores. “Ojalá en tantos casos de empresas que cerraron en Chubut se lleven adelante acciones de similar tenor. La pérdida de trabajo que tenemos es una cosa tremenda”.
Buzzi comparó que en mayo de 2015, Chubut tenía 103 mil empleos en blanco liquidados por Anses. “Hoy hay 94.600, perdimos 8.400 puestos en blanco, más claro que eso no hay. Habla a las claras de un Estado que se corre del camino y deja de gestionar sostenimiento de trabajo y termina en esto”. En la cuenca del Golfo San Jorge en el primer semestre de 2015 “se perforaron 301 pozos; en 2017 fueron 107 pozos perforados, un 30% de la perforación y año 2018 con una mejora estamos en 156 pozos”.
Durante la audiencia, la defensora de Buzzi, Valeria Corbacho, criticó la conducta del exfiscal de Estado, Diego Martínez Zapata, y pidió que se informe al Colegio de Abogados sobre su actuar. Explicó que el 14 de agosto de 2018, ingresó una nota firmada por Martínez Zapata, renunciando al mandato especial en relación al poder que le fuera concedido para intervenir en el juicio como querellante autónomo de parte de un grupo de diputados del bloque Chubut Somos Todos.
Corbacho dijo que en su momento hicieron el planteo porque entendían que había incompatibilidad: actuaba como Fiscal de Estado y como querellante autónomo por los diputados. Se superó con la participación de los abogados Oroquieta y Aguilera, socios en el estudio de Martínez Zapata, como representantes de los diputados. “Ahora nos venimos a enterar que Zapata mantuvo vigente el poder de los diputados. Es una situación incompatible por su desempeño como fiscal y como querellante autónomo. No puede sostener ambas calidades”.
La abogada cuestionó la buena fe de la Fiscalía de Estado en esta causa. “Zapata nos engañó porque supuestamente no podía actuar como fiscal y a la vez mantener vigente su poder”. Corbacho solicitó que se investigue y además mandar una compulsa al Colegio.
Buzzi confirmó que “vamos a avanzar contra Zapata porque cambiarse de lugar, en un momento ser fiscal, luego pasar a ser abogado de la querella, luego fiscal de nuevo, no es algo que tiene solo connotación política sino una enorme connotación para el Colegio de la zona. Alguien que todo el tiempo cambia de posición pero siempre tiene como accionar el encono político, no le hace favor a nada”.#
En una audiencia preliminar en la Oficina Judicial de Rawson, luego de que el Superior Tribunal de Justicia revocara el sobreseimiento dictado por el juez Fabio Monti, el fiscal jefe de Puerto Madryn, Daniel Báez, no presentó ninguna acusación contra los imputados por el crédito de 10 millones de pesos para Alpesca, tanto exfuncionarios como empresarios. La jueza Mirta Moreno resolvió el sobreseimiento definitivo de todos.
La causa iniciada en 2013 tenía como acusados al exgobernador Martín Buzzi, la exministro Gabriela Dufour, el exministro Carlos Eliceche, el extitular de Corfo, Pedro Zudaire, entre otros funcionarios de esa dependencia, además de los empresarios Omar y Juan Paulo Segundo, y Carlos Molina. Habían sido acusados por diputados de Chubut Somos Todos de administración fraudulenta.
Como los diputados querellantes no se presentaron en la audiencia, se dio por extinguida su participación. Los defensores plantearon que los impulsores de la denuncia paguen las costas por los cinco años que duró el proceso.
El fiscal Báez retiró la acusación ya que tras reanalizar los hechos y reflexionar el fin de semana, no encontró elementos para sostener la acusación durante un juicio oral y público. Consideró que los funcionarios “actuaron de manera apresurada y su conducta fue tratar de evitar un caos social que ya se producía y que hacía estragos en Madryn y la provincia”.
En un principio entendió que “los funcionarios dirigidos por el gobernador y los ministros habían actuado de manera irregular y apresurada con el crédito exprés, porque se dio de un viernes para el sábado, por la urgencia ya que ese dinero era para pagar salarios de los trabajadores, cuestión acreditada y no debatida por ninguna parte”.
Báez aseguró que “más allá de que Segundo no haya devuelto la plata y que Corfo haya iniciado acciones legales que tienen su curso hoy en día, y que están recuperando esos ocho millones y medio de pesos que no pagaron, más los intereses, lo concreto y real es que el dinero que destinaron los funcionarios fue para los trabajadores de Alpesca”.
“En el curso de este crédito exprés hubo irregularidades y apresuramientos. Encontré explicaciones y me tenía que convencer de que ese dinero había ido a los trabajadores. No tengo los elementos necesarios para demostrar en un posible juicio y por eso retiro la acusación. El dinero no fue a las manos de Segundo, fue a las cuentas sueldo”. Báez pidió el sobreseimiento y que las costas “deben correr por su orden porque hubo elementos irregulares que ameritaron esta investigación”.
Tras la audiencia, el exgobernador Buzzi reiteró que la acusación era “netamente política” y que detrás estaba el fallecido gobernador Mario Das Neves. Dijo que se buscó usar a la Justicia para disciplinar a la política. Tomó el sobreseimiento con naturalidad. “Desde el principio dijimos que esto tenía una clara connotación política y que el dinero había servido para pagar sueldos adeudados a los trabajadores. Hicimos todo un camino, avanzamos con la expropiación, fuimos a buscar a un operador y hoy la gente está trabajando en Red Chamber”.
“A la luz de todo lo que se vivió, quedó en claro que tenía un impulso político, tenía un soporte que, desaparecido el exgobernador, desapareció el impulso que tenía esta causa”, aseguró Buzzi. “Cuando se busca hacer acciones usando a la Justicia para disciplinar a la política, es algo necesariamente malo. Es muy grave porque además después había que venir acá a defenderlo, fijar posición, cuando todo marcaba con claridad que habíamos hecho el sostenimiento de puestos de trabajo desde el primer momento”. Buzzi lamentó que “haya habido trabajadores de Corfo, gente de carrera, que todos estos años estuvieron metidos en la picota”.
El exmandatario remarcó que su accionar fue para sostener los empleos y calificó a Alpesca como “un caso emblemático” porque pudieron pagarle a los trabajadores. “Ojalá en tantos casos de empresas que cerraron en Chubut se lleven adelante acciones de similar tenor. La pérdida de trabajo que tenemos es una cosa tremenda”.
Buzzi comparó que en mayo de 2015, Chubut tenía 103 mil empleos en blanco liquidados por Anses. “Hoy hay 94.600, perdimos 8.400 puestos en blanco, más claro que eso no hay. Habla a las claras de un Estado que se corre del camino y deja de gestionar sostenimiento de trabajo y termina en esto”. En la cuenca del Golfo San Jorge en el primer semestre de 2015 “se perforaron 301 pozos; en 2017 fueron 107 pozos perforados, un 30% de la perforación y año 2018 con una mejora estamos en 156 pozos”.
Durante la audiencia, la defensora de Buzzi, Valeria Corbacho, criticó la conducta del exfiscal de Estado, Diego Martínez Zapata, y pidió que se informe al Colegio de Abogados sobre su actuar. Explicó que el 14 de agosto de 2018, ingresó una nota firmada por Martínez Zapata, renunciando al mandato especial en relación al poder que le fuera concedido para intervenir en el juicio como querellante autónomo de parte de un grupo de diputados del bloque Chubut Somos Todos.
Corbacho dijo que en su momento hicieron el planteo porque entendían que había incompatibilidad: actuaba como Fiscal de Estado y como querellante autónomo por los diputados. Se superó con la participación de los abogados Oroquieta y Aguilera, socios en el estudio de Martínez Zapata, como representantes de los diputados. “Ahora nos venimos a enterar que Zapata mantuvo vigente el poder de los diputados. Es una situación incompatible por su desempeño como fiscal y como querellante autónomo. No puede sostener ambas calidades”.
La abogada cuestionó la buena fe de la Fiscalía de Estado en esta causa. “Zapata nos engañó porque supuestamente no podía actuar como fiscal y a la vez mantener vigente su poder”. Corbacho solicitó que se investigue y además mandar una compulsa al Colegio.
Buzzi confirmó que “vamos a avanzar contra Zapata porque cambiarse de lugar, en un momento ser fiscal, luego pasar a ser abogado de la querella, luego fiscal de nuevo, no es algo que tiene solo connotación política sino una enorme connotación para el Colegio de la zona. Alguien que todo el tiempo cambia de posición pero siempre tiene como accionar el encono político, no le hace favor a nada”.#